La justicia anula el cese de la tesorera municipal de Ourense y obliga al Concello a su readmisión

La sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Ourense ha anulado el cese de la tesorera municipal y obliga al Concello a su reincorporación inmediata en el puesto de trabajo. Así lo han trasladado desde el propio consistorio municipal mediante un comunicado en el que adelantan que no será el fin del recorrido judicial porque recurrirán la sentencia ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galiza.

El conflicto laboral se remonta al año 2023 y, en concreto, al mes de septiembre. Durante un pleno extraordinario en el que el grupo de gobierno buscaba la aprobación de cuatro modificaciones presupuestarias para hacer frente a diversos compromisos, entre ellos el pago a proveedores, la oposición criticó la gestión económica municipal afeando las demoras. Como respuesta, el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, señaló directamente a la «maquinaria» del concello porque «la culpa es del sistema funcionarial» ya que «hay tropecientos enchufados que dejan una maquinaria oxidada».

Entre esa «maquinaria oxidada» personificó directamente en la tesorera municipal, que ocupaba la plaza desde el año 2018, el último año del mandato del anterior alcalde, Jesús Vázquez. Sobre la funcionaria expuso «ralentiza todo, es muy tiquismiquis, demasiado, más que un notario». Así justificaba en la propia sesión plenaria que no podía ser despedida, pero «vamos a proceder a su relevo como tesorera». La decisión se materializó meses más tarde, en enero del 2024 cuando firmó el decreto que la apartó de su puesto y la reubicó como viceinterventora.

Dos años más tarde, la resolución estima los recursos interpuestos tanto por la propia funcionaria como por el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, dejando sin efecto la decisión adoptada por el gobierno municipal. El fallo, además, reconoce el derecho de la trabajadora a percibir todos los efectos económicos y administrativos derivados del cese, incluidas las diferencias retributivas correspondientes.

A través de su perfil de X, anterior Twitter, Pérez Jácome, defendió la actuación de la Alcaldía y criticó la resolución judicial que, considera, «una intromisión inaceptable en las facultades organizativas de la administración local». «Defendemos la soberanía de la Alcaldía en la gestión de sus equipos», subrayó en la red social. En el mismo mensaje, el regidor sostiene que existe «clara jurisprudencia» del Tribunal Supremo que avala que en los puestos de libre designación la pérdida de confianza «es un criterio subjetivo» que corresponde exclusivamente al responsable político.

En esta línea, argumenta que el papel del órgano judicial debe limitarse a comprobar la existencia de una motivación en el cese, sin entrar a valorar su contenido «porque eso sería invadir la competencia política del cargo electo». «Es un golpe que creemos que debe revertirse. Un juez no puede imponer a un alcalde quién debe ser su tesorero», señala, al tiempo que reivindica la autonomía municipal para conformar equipos «alineados con el proyecto de ciudad».

Por su parte, el Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros celebra la sentencia que «reafirma un principio esencial: la independencia técnica de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional» ya que desempeñan «funciones clave» en el control de la legalidad y la gestión económico-financera de las entidades locales, por lo que su actuación «debe desarrollarse con plena autonomía técnica y con protección frente a decisiones que no estén debidamente motivadas».

Con todo, con el adelanto por parte del consistorio de que interpondrán un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el nuevo escenario judicial queda pendiente de lo que determine el alto tribunal gallego.

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