El juez imputa por prevaricación a Jácome, el alcalde de Ourense, por no pedir la compatibilidad para compaginar su sueldo público exclusivo con sus ingresos privados

En varias causas penales abiertas en los últimos años, al alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, le había salido la suerte de cara. Pero en una resolución notificada este martes, el regidor de la tercera ciudad de Galicia en población ve más cerca la posibilidad de sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevaricación, aunque le queda la opción de recurrir y de que la Audiencia Provincial revoque el revés. De momento, el magistrado Leonardo Álvarez ve indicios contra el alcalde, por no solicitar la compatibilidad de su cargo para compaginar su salario con dedicación exclusiva (unos 70.000 euros brutos al año) con sus actividades privadas, en especial su televisión, Auria TV, el altavoz del gobierno local y de las consignas de Democracia Ourensana, el partido localista que Jácome impulsó a principios del siglo XXI. Álvarez, juez decano de Ourense, da traslado a la Fiscalía y la acusación particular para que formulen sus escritos, de acusación o sobreseimiento, el trámite previo a la apertura de juicio.

El investigado se declara «sorprendido», según ha expresado en sus redes sociales. «De todas las acusaciones gravísimas que me han achacado en el pasado, todas archivadas, ahora resulta que quieren juzgarme por no pedir permiso al pleno del Ayuntamiento para tener una tele (innecesario). De momento apelaremos para que la Audiencia revoque este auto. Sobran los motivos para sobreseer el proceso ya, sin necesidad de esperar a juicio», considera.

Jácome cuenta con ingresos públicos y empresariales desde que llegó al cargo en 2019, aupado por el PP. En unas diligencias anteriores de la Fiscalía, la Policía plasmó en un informe que declaró, entre 2019 y 2022, un montante de ingresos de su actividad económica de 197.256,75 euros.

Esta causa alcanza la vía judicial tras la denuncia de un antiguo concejal, Telmo Ucha, que formaba parte de su círculo de confianza, pero que se enemistó con él posteriormente. El alcalde defendió que la denuncia carecía de base y reproducía acciones ya archivadas por la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas. No opina lo mismo el juez, que imputa al regidor un presunto delito continuado de prevaricación, por no pedir la compatibilidad al pleno, «a pesar de tener obligación legal de hacerlo, y a sabiendas de la ilegalidad que supone y del perjuicio que conlleva para las arcas municipales, cobrando un sueldo que, en caso de no serle concedida la compatibilidad, no tendría derecho a cobrar», resume el togado.

El magistrado declara concluida la investigación y decreta que se continúe la tramitación por si los hechos fuesen constitutivos de un delito tipificado en el artículo 404 del Código Penal, penado con inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de nueve a quince años.

No se cuestiona que el alcalde carezca de compatibilidad, sino el hecho de que, estando obligado, no la haya solicitado. El magistrado subraya que el reglamento de las entidades locales es «claro y meridiano» al respecto. El titular de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense, en la plaza 1, afirma que no es ajustado a la ley que el investigado «realice una interpretación individualizada y totalmente favorable a sus intereses, afirmando que no tiene obligación de presentar la solicitud de compatibilidad».

«Solo obedece a su interés particular»

«Es evidente que las actividades que desarrolla el señor alcalde fuera del Concello de Ourense, en especial la dirección de Auria TV, le suponen ingresos de cierta entidad», destaca el magistrado. Además, recalca como «evidente» la obligación de solicitar la compatibilidad. Su decisión de no hacerlo «solo obedece a su interés particular». Al no llevar la cuestión a pleno, «está impidiendo» que el órgano consistorial «se pronuncie sobre si procede o no», redunda Álvarez.

El togado concluye que la posición del regidor de Ourense es «totalmente arbitraria y carente del más mínimo respaldo legal o jurisprudencial». Además, recuerda que Jácome llegó a presentar un escrito para pedir la compatibilidad, en agosto de 2019, una propuesta que finalmente retiró del orden del día, «lo que lleva a pensar que en ese momento el señor alcalde tenía plena conciencia de que no se le iba a reconocer».

La Fiscalía y el pleno avisaron de irregularidades

En el análisis de este caso, Leonardo Álvarez considera que Gonzalo Jácome se «desentendió por completo» del acuerdo del pleno del Concello de Ourense, de 3 de diciembre de 2021, en el que se instaba al alcalde a que renunciase a su sueldo municipal por ser «claramente incompatible», así como del contenido de un decreto de la Fiscalía de Ourense, de 13 de mayo de 2024, que advertía al regidor «de la situación irregular» en la que se encontraba.

El alcalde, continúa el auto, era «consciente de la injusticia que podría generar esa situación y del grave daño que se le causaba a las arcas municipales al cobrar una cantidad en concepto de salario a la que no tendría derecho si no se le reconoce la compatibilidad discutida». El magistrado asegura que «el único respaldo del que dispone» Jácome en su línea defensiva es un informe jurídico-económico, sin «la más mínima fundamentación», en el que se pone de manifiesto que no tiene necesidad de pedir la compatibilidad. Un documento que «carece del más mínimo rigor».

La gestión de Auria TV

El juez añade que se debe tener presente «que es perfectamente posible que durante un periodo aproximado de 7 años el señor alcalde haya venido cobrando de las arcas públicas una suma a la que no tendría derecho, en el caso de que el pleno de la corporación ourensana no le hubiese concedido la compatibilidad, cuestión sobre la que no ha podido manifestarse por el comportamiento obstruccionista del alcalde al no solicitar la compatibilidad». El magistrado considera que el alcalde llevó a cabo una «vulneración absolutamente grosera» de la ley.

Además, el instructor cree que, entre las excepciones del régimen legal de incompatibilidades, no se encuentra «la explotación de una televisión pública, aunque sea de ámbito local». El juez añade que «únicamente cabría la posibilidad de preguntarse si la dirección y explotación de un canal de televisión puede considerarse como administración del patrimonio personal o familiar».

En cualquier caso, el órgano competente para decidirlo sería el pleno, al que Jácome no dio la oportunidad de pronunciarse. «Todo apunta a que no se le concedería dada su condición de autónomo, los ingresos considerables que le genera dicha actividad y sobre todo al ser el único responsable de dicha TV», baraja el magistrado en ese escenario hipotético. La postura que adoptase la corporación podría ser recurrida al contencioso-administrativo.

Descarta practicar más pruebas, incluida una nueva declaración de Jácome

El auto del juez Álvarez admite recurso. La decisión terminará en manos de la Audiencia Provincial de Ourense, porque la defensa apelará, tal y como ha anticipado Jácome este martes. Hace unos días, el abogado de Jácome propuso más declaraciones testificales, como la del actual secretario municipal y excoordinador general del gobierno. «Son innecesarias para el esclarecimiento de los hechos», dice el instructor. Tampoco admite una prueba documental propuesta por la acusación particular: «No guarda la más mínima relación con los hechos, y en consecuencia tampoco se accede a una nueva declaración del investigado», finaliza.

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