Una red criminal de prostitución captó a dos menores de edad fugadas de un centro de Ourense

Cuatro personas serán juzgadas en la Audiencia Provincial de Ourense, dentro de unos meses —aún no hay fecha—, por su presunta implicación en una red dedicada a la prostitución, en la que fueron víctimas dos jóvenes vulnerables, menores de edad que se encontraban fugadas de un centro de Ourense. La Fiscalía solicita para los cuatro encausados condenas de prisión que, en conjunto, superarían los 70 años. El ministerio público ha registrado hace unos días el escrito de calificación provisional, que atribuye a los cuatro sospechosos, con edades entre los 26 y 47 años, una actuación «coordinada» para la explotación sexual de mujeres «en situación de necesidad o vulnerabilidad». La red, a la que la Fiscalía acusa de delitos de pertenencia a grupo criminal, inducción y favorecimiento de la prostitución, así como corrupción de menores, llegó a captar a dos adolescentes —de 16 años, en el momento de los hechos— que se habían fugado del centro de menores de Montealegre, y a las que el grupo pretendía explotar sexualmente a cambio de un porcentaje.

Según el reparto de roles, uno de los implicados acogía en su domicilio de Ourense a las mujeres en situación de necesidad y, transcurrido un tiempo, procedía a presentarles a otra acusada, la persona de la organización que supuestamente se encargaba de proponer a las víctimas el ejercicio de la prostitución. Si accedían, la red concertaba citas con los clientes, pero antes uno de los encausados se encargaba de «probar» a las mujeres explotadas a través de un acto sexual. «Si pasaban las pruebas eran dedicadas a la prostitución, quedándose un porcentaje de las ganancias los acusados», según relata la Fiscalía en el escrito de calificación de esta causa.

Uno de los implicados se encargaba de buscar a posibles víctimas a través de anuncios publicados en páginas webs de contactos sexuales, donde este hombre concertaba citas con el objetivo de «probar» si las mujeres eran «válidas» para la prostitución, en una práctica y mentalidad de cosificación y mercantilización de estas personas. Presuntamente, gestionaba y controlaba los servicios sexuales que las perjudicadas realizaban. Se quedaba, al menos, con el 40%.

Uno de los implicados de la red llegó a conocer a las dos menores víctimas de esta causa, que tenían 16 años. El encausado las invitó a quedarse durante un tiempo en su casa de Ourense. Según la Fiscalía, este varón sabía que las dos adolescentes se encontraban fugadas del centro de menores de Montealegre, así como «en un estado de necesidad, sin domicilio, sin comida y sin dinero», dice el ministerio público en su escrito. En lugar de avisar a las autoridades, este acusado las mantuvo en su casa más de una semana.

Ocurrió lo que «era habitual» en la práctica de esta red criminal de explotación sexual, según explica la Fiscalía. Llamó a una acusada y concertó una reunión con las menores. La adulta, que iba con otra adolescente que también era víctima de explotación sexual, ofreció a las dos chicas que se dedicaran a la prostitución, «a pesar de conocer que eran menores y el estado de necesidad en que se encontraban», censura el ministerio público. En ese primer encuentro, la encausada les explicó en qué consistiría la actividad y las posibles ganancias.

Las dos jóvenes no accedieron a la propuesta en ese primer momento. Esa postura tuvo consecuencias. El 20 de enero de 2021, ambas fueron expulsadas del domicilio de uno de los encausados, después de su negativa a prostituirse. Una de ellas fue interceptada al día siguiente, en el centro comercial de Ourense, por la directora del centro del que se había fugado. La otra joven, debido al estado de vulnerabilidad en el que se encontraba, acabó por aceptar la propuesta para prostituirse. Se trasladó a Santiago, donde fue recibida por dos de los acusados del grupo, que eran pareja. Ambos dijeron a la perjudicada que habían concertado un primer servicio para la noche del 21 de enero de 2021. Sufrió todo tipo de relaciones sexuales a cambio de 50 euros, sin que la víctima supiese que el cliente era el encausado que en la red se encargaba de «probar» a las víctimas de la explotación sexual.

Cuando fue trasladada de nuevo al domicilio de la pareja acusada, la adolescente se enteró de que había sido un servicio de «prueba» y que su primer cliente había sido en realidad el encargado de la red. Según la Fiscalía, la pareja dijo a la chica lo que había hecho «bien y mal» durante ese encuentro. Al día siguiente, estos tres encausados hablaron a la menor de cómo sería su ejercicio de la prostitución y le comunicaron que tenía una nueva cita esa jornada. La trasladaron al lugar y le explicaron lo que tenía que hacer, por ejemplo dónde estaban los preservativos y dónde tenía que guardar el dinero, según relata la fiscal en su escrito. La víctima recibió 120 euros. La red le había concertado otro servicio para esa misma tarde, que la afectada no pudo llevar a cabo.

Ese día, la mujer acusada, la perjudicada y otra menor viajaron en autobús desde Santiago a Ourense, presuntamente para ir a casa de otro acusado y alquilar un apartamento para ejercer la prostitución. Fueron interceptadas por agentes de la Policía que estaban intentando localizar a la menor. Los policías decomisaron en poder de la encausada 1.410 euros. Según la Fiscalía, ese mismo día, la otra adolescente, que pretendía localizar a su amiga y víctima, habló con la acusada y ella le concertó una cita con el encausado de la organización encargado de hacer «pruebas» a las víctimas. También con esa segunda adolescente el objetivo era «comprobar si servía para el ejercicio de la prostitución», dice el ministerio público.

Las peticiones individuales de condena se sitúan entre los 17 años de prisión para tres de los encausados; 20 son los años a los que se enfrenta el principal encausado, al que se atribuye en exclusiva el delito de corrupción de menores.

El ministerio público pide para cada uno, además, penas de multa, alejamientos de las víctimas y largos periodos de inhabilitación para que no puedan ejercer con menores. Las dos adolescentes captadas por la red sufrieron daños psicológicos. La Fiscalía quiere que los cuatro sean condenados a indemnizarlas con 25.000 y 30.000 euros.

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