El Ministerio de Transportes deberá reintegrar 1,4 millones de euros al Ayuntamiento de Ourense por la Plaza de Abastos

La Audiencia Nacional admite el recurso presentado por el Concello de Ourense contra la resolución dictada en julio de 2022 por el Ministerio de Transporte y Movilidad que obligaba a esta administración local ourensana a reintegrar al Tesoro Público la cantidad de 1.435.265 euros derivados de la subvención recibida en 2016 por el Ayuntamiento para la primera anualidad de las obras de rehabilitación de la Plaza de Abastos número 1 de Ourense, la de As Burgas, alegando demora en el inicio de la obra.

Ahora una sentencia Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección octava, de la Audiencia Nacional concluye que la resolución del Ministerio de Transportes en la que ordenaba el reintegro de estos fondos «no es conforme a derecho» y la deja sin efecto. En consecuencia, el ministerio deberá reintegrarle esta cuantía al Ayuntamiento de Ourense, que ya había realizado la devolución. El proceso, defendido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, impone también a la parte demandada el pago de las costas procesales. La sentencia es susceptible de recurso de casación.

La cuantía que debe devolverle ahora el Ministerio al Concello de Ourense asciende a 1.190.919 euros de la anualidad, que había sido abonada el 11 de enero de 2016, más 244.345 euros en concepto de intereses de demora.

En su sentencia, la Audiencia Nacional estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento contra la resolución del ministerio.

La demora fue del ministerio

El Ayuntamiento alegaba, entre otros argumentos, la caducidad del procedimiento para solicitar el reintegro, además de infracción del principio de confianza legítima, el cumplimiento de la subvención, la realidad de las certificaciones allegadas y la falta de competencia del órgano que acordaba la resolución impugnada.

Considera que es «evidente» que el Ministerio de Transporte «superó el plazo de 12 meses que tenía con arreglo a a los dispuesto en la Ley General de Subvenciones para resolver y notificar la resolución aparte demandante en esta litis».

Por este motivo, continúa, «deben estimarse sus pretensiones en el sentido de declarar no conforme a derecho la resolución», que acordaba el reintegro de la subvención concedida para la reforma y la rehabilitación de la plaza de abastos. Al apreciar la caducidad del expediente, la Audiencia Nacional no ve preciso entrar en el análisis del resto de motivos expuestos en la demanda.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, señalaba ayer que «es evidente que la Administración superó el plazo de 12 meses que tenía para resolver y notificar. Advierte de que, al declarar la caducidad del expediente, «la Audiencia no ha necesitado entrar a analizar el resto de los motivos expuestos en la demanda».

Celebra también «la victoria de los servicios jurídicos del Ayuntamiento» y considera que esa caducidad se produjo en un gobierno local anterior que tardó años en adjudicar la obra.

Por su parte, el portavoz del grupo municipal del BNG, Luis Seara,e señala que «nos alegramos de recuperar ese dinero, pero lo cierto es que de una primera lectura de la sentencia podemos concluir con claridad que todo el procedimiento, tanto con Jesús Vázquez como con Gonzalo Pérez Jácome al frente de la Alcaldía, fue un auténtico despropósito».

Seara añade que «gracias, en este caso, a la torpeza del Estado y a su dejadez, el Ayuntamiento va a recuperar algo más de 1,4 millones de euros».

No obstante, el portavoz nacionalista puntualiza que «no debemos olvidar que lo que no vamos a recuperar va a ser la otra parte de la subvención recibida en su día, y que asciende a la nada desdeñable cantidad de 2,3 millones de euros».

El grupo municipal del BNG, y en su nombres el portavoz Luis Seara, emplaza ahora al gobierno local ourensano, a que ese 1,4 millones de euros se dedique «a la Plaza de Abastos nº 1 y permitir el retorno de las placeras y placeros lo antes posible al tiempo que instamos al ministerio a que no recurra la sentencia y permita, por lo tanto, que el Ayuntamiento pueda gestionar ese dinero y dedicarlo al objetivo para el cual fue concedido».