Pleno municipal
La Avenida de Portugal centra el pleno del Concello de Ourense con críticas y medidas para el comercio local
La oposición exige explicaciones por la obra paralizada con una moción conjunta que acapara la sesión | Se aprueban bonificaciones para negocios afectados por las humanizaciones a propuesta del PSOE

Sesión plenaria, ayer, en el Concello de Ourense. | ROI CRUZ
La paralización de las obras de la avenida de Portugal convirtió este viernes el pleno del Concello de Ourense en un enfrentamiento abierto entre el grupo de gobierno municipal y los tres partidos de la oposición, que actuaron de forma coordinada para exigir explicaciones. PP, PSOE y BNG defendieron una moción conjunta con la que buscaban arrojar luz sobre el «estado real» de un expediente que consideran «opaco».
El portavoz nacionalista, Luis Seara, resumió el sentir de la oposición al calificar la situación de la obra como «la crónica de un esperpento» y reprochar al alcalde que «además de cobarde es usted previsible». Seara sostuvo que el gobierno municipal «negó» el acceso a los informes y denunció «un mes de silencio y mentiras» tras la paralización, recordando que la empresa ya había advertido en junio de 2025 de sus dificultades económicas.
En la misma línea, la portavoz popular, Ana Méndez, cargó con dureza contra el ejecutivo local, al que definió como «el peor de los peores» de la historia de la ciudad y ejemplo de «gestión de pacotilla». «¿Cuánto nos va a costar a los ourensanos su gestión?», cuestionó Méndez hacia el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, alertando de que la situación puede derivar en que la ciudadanía «acabe pagando dos veces por lo mismo» y cuestionando si «¿tiene usted ya el dinero disponible para pagar a la empresa que se va a encargar de la obra o también le vendió humo?
Por su parte, desde el grupo socialista, la edil María Fernández puso el foco en la necesidad de concretar «cuándo, cómo, cuánto y hasta cuándo van a durar las obras» y advirtió de que recurrir a la vía de emergencia «es lo más rápido, pero no lo más prudente», ya que podría «derivar en reparos de Intervención». «No se le puede exigir a una empresa que cumpla con sus obligaciones si el concello no cumple con ellas tampoco», añadió.
Frente a este bloque, el gobierno municipal defendió su gestión y trató de reconstruir la evolución de las actuaciones. El edil de Obras Públicas y Urbanismo, Francisco Lorenzo, detalló que los trabajos —divididos en dos tramos— alcanzaban un 45% de ejecución en el primero y un 53% en el segundo cuando se paralizaron el pasado 6 de marzo.
Explicación municipal
Según trasladó, las incidencias comenzaron meses antes. «En noviembre se paran por la presencia de amianto», señaló, añadiendo que la empresa «no fue capaz de aprobar los anexos modificados y cumplir con los requisitos de la inspección hasta febrero». A ello se sumaron «problemas con la subcontrata», retrasos en suministros e «inclemencias meteorológicas».
Lorenzo sostuvo que la adjudicataria no cumplió los requisitos legales para detener la obra, al no respetar los plazos ni los procedimientos establecidos. «No se cumplen los más de cuatro meses de demora en los pagos», afirmó, indicando además que el Concello abonó facturas por valor de 236.000 euros pocos días después de la paralización.
«Lo que hicimos fue explorar todas las acciones legales. Pasado un mes vimos que esas vías no salían adelante y decidimos rescindir el contrato y declarar la emergencia para asegurar la seguridad y bienestar de los vecinos. Esperamos retomar las obras ya la semana que viene», añadió el concejal.
Un aviso por «megáfono»
Más hincapié hizo el alcalde. Jácome aseguró que la firma abandonó los trabajos sin justificación y lanzó acusaciones directas: «pedía dinero por dejar la obra... ‘a mí me das pasta y yo cedo esta obra», explicó sobre la petición de Opain y sus problemas económicos, a causa de los cuales, según su relato, ninguna otra empresa quiso asumir el proyecto por tratarse de un «campo minado de posibles deudas».
«Opain hizo una oferta a la baja y ahora quiere quitarse la obra de encima porque no puede defenderla», aseveró Jácome, que defendió la decisión de rescindir el contrato y acudir a una solución urgente. «Tenemos que licitar lo que proceda o sacar por emergencia porque ninguna empresa quiso hacerse cargo», explicó aludiendo a los motivos dados.
El regidor insistió en que el gobierno municipal actuó con rapidez: «en un mes tuvimos la solución», aseguró, y avanzó que las obras podrían retomarse «la semana que viene». De este modo rechazó las críticas sobre la falta de información: «Se informó de todos los pasos con notas de prensa y redes sociales. Yo no tengo que ir por la calle con un megáfono», sentenció.
El momento más tenso se produjo cuando la concejala del PSOE María Fernández solicitó la intervención del secretario y del interventor municipales para que se pronunciasen «desde un punto de vista técnico». Jácome rechazó de plano esta posibilidad: «no se puede pedir su intervención en un debate político, en una moción no vinculante. Está grabado en otros plenos que os ponéis como locos cuando interviene el señor secretario y ahora lo pedís. Esto es una puta broma, os reís de la gente», censuró.
Comerciantes y obras
La polémica sobre la Avenida de Portugal se extendió también al impacto económico. En otra moción, el PSOE planteó bonificaciones fiscales para los comercios afectados por las actuaciones de humanización, una propuesta que salió adelante con su voto favorable y la abstención del resto de formaciones, pero que no estuvo exenta de la crítica del mandatario local: «La mejor indemnización es dejarles mejor la calle, no les vamos a dar propina», valoró Jácome.
Con todo, la moción salió adelante y en ella se contempla la creación de un plan extraordinario que incluya ayudas directas y bonificaciones para aquellos negocios que acrediten una caída de facturación de, por lo menos, el 20% como consecuencia directa de las obras municipales de humanización en la ciudad. Entre las medidas recogidas destacan también las bonificaciones mínimas del 50% en impuestos municipales como el IBI y el carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2026 hasta el fin de las obras.
La aprobación de la moción la celebraron desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos,UPTA-Galicia, desde donde apuntan que «esperemos que no quede en un gesto simbólico porque es fundamental que se lleve a la práctica, especialmente para aquellos autónomos que sufren las consecuencias de obras urbanísticas que se prolongan en el tiempo».
Cuenta general y concesiones
Más allá de las obras de la Avenida de Portugal, otro momento tenso fue la aprobación de la Conta Xeral de 2024, que fue aprobada únicamente con el voto de Democracia Ourensana, mientras que el BNG votó en contra y PP y PSOE se abstuvieron en un debate que concluyó con llamadas al orden para la popular Ana Méndez, la socialista Natalia González y tres de los cuatro los nacionalistas Ruth Reza, Xose Manuel Puga y Luis Seara.
El intercambio terminó con un receso antes dl turno de ruegos y preguntas porque «si pongo una llamada al orden más se levantan y se van». Precisamente al regreso, el propio gobierno municipal reconoció deudas con concesionarias. Jácome cifró en unos cuatro millones la cantidad pendiente con la empresa de transporte urbano, a la que se suman pagos de ocho y siete millones a la adjudicataria de la basura y al menos 16 millones al servicio de agua. «No se pueden pagar porque hay un departamento que dice que hay unos errores, pero el dinero está en el banco y las empresas entienden que no hay errores», así que «caminarán hacia los juzgados y cada uno hará su trabajo», puntualizó el alcalde.
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