El juez absuelve a unos padres de Ourense y descarta que coaccionaran a una profesora de Matemáticas: «Todo progenitor tiene derecho a defender los intereses de sus hijos»

Una profesora de Matemáticas, cuya forma de dar clase generó el curso pasado un movimiento de quejas y contestación social por parte de once familias del instituto ourensano de As Lagoas, llevó a juicio a un padre y a una madre de un alumno. En la vista, la docente culpó a estos progenitores de orquestar contra ella una campaña de «acoso y derribo». El magistrado Leonardo Álvarez, de la Plaza 1 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Ourense, ha absuelto a los dos padres denunciados, a quienes representa el abogado ourensano Javier González Sánchez, del despacho Atrio Abad. «No es sostenible afirmar que cuando uno o varios progenitores acuden a las vías legalmente reconocidas para intentar proteger los derechos que consideran vulnerados de su hijo, en su condición de alumno (...) se esté cometiendo un delito de coacciones, por más que ello pueda afectar a la docente», dice el juez. «El hecho de que uno o varios progenitores estén en total desacuerdo con la forma» en la que esta profesional daba su materia, tal y como las familias agrupadas en el movimiento ‘Derecho a aprender Matemáticas’ comunicaron al equipo directivo y a la inspección de educación, «no se puede considerar como un ataque directo y violento dirigido contra la libertad de la profesora», añade.

El juez considera que lo que sucedió el curso pasado en el IES de As Lagoas fue «una fuerte discrepancia entre padres de alumnos y una profesora por la forma en la que esta impartía las clases de Matemáticas; la dirección del centro no supo gestionar de forma totalmente adecuada dicha discrepancia y, a partir de ese momento, los padres acudieron a vías externas de naturaleza no educativa para intentar hacer oír su voz». Contactaron con los medios de comunicación, convocaron manifestaciones ante el instituto y difundieron pasquines-esquela en las inmediaciones, «haciendo referencia, de un modo irónico, a la problemática que se había producido», expresa el juzgador. Leonardo Álvarez cree que el objetivo de estas familias era «hacer ver lo que consideraban un problema grave, pero en ningún caso se puede considerar que dicha conducta estuviese orientada a coartar la libertad de la denunciante», aunque el juez comprende que ella se sintiese «muy violenta, incómoda y molesta».

Desde el punto de vista penal, solo podría cuestionarse la participación en las concentraciones y haber empapelado la entrada con pasquines a modo de esquela, que decían lo siguiente: «Alumnos del IES As Lagoas se despiden con pesar de su derecho a aprender matemáticas, de su confianza en la justicia y la verdad, de la imparcialidad del equipo directivo y de la esperanza de que su esfuerzo se vea recompensado y se refleje en las notas medias que condicionarán su futuro inmediato». Pero el magistrado cree que la conducta de los progenitores y de otros participantes en este tipo de actos —decisiones, además, que fueron consensuadas entre varias familias, no orquestadas por los denunciados, indica el togado—, «aunque sea ética y moralmente muy reprobable, se enmarca dentro de lo que podríamos considerar libertad de expresión». El juez entiende que «lo único que pretendían los participantes en esa manifestación es poner de manifiesto su descontento».

Leonardo Álvarez destaca que los pasquines-esquela «no tienen un contenido ofensivo, injurioso o vejatorio». Según su criterio, «no puede entenderse» que la colocación de estos papeles y las manifestaciones supongan una vulneración penal, «y mucho menos que atenten contra la libertad de una persona», añade el juzgador.

«Aunque dichas concentraciones pueden considerarse reprobables, no convierten al o los convocantes en acreedores de una sanción penal», reitera el magistrado quien, no obstante, deja esta reflexión: «Cabría preguntarse si a cualquiera de los asistentes (...) les gustaría que se convocase cualquier concentración para cuestionar o poner en tela de juicio su actividad profesional». Más allá de esa censura en el terreno ético, «ninguna prueba» hay, según el togado, de «cualquier acusación de contenido falso o cualquier actuación que buscase el desprestigio y la humillación profesional de la denunciante». Tampoco que la profesional «haya recibido personalmente amenazas, insultos o faltas de respeto».

Quejas de «una pluralidad»

Parece «incluso lógico pensar que, si un padre considera que de algún modo se están pisoteando los derechos de su hijo (...), se ponga en contacto con otros padres que pudiesen estar en una situación análoga», entiende el juez sobre el movimiento que se generó entre familias del centro. Los contactos de estos dos progenitores y de otras familias con la dirección del instituto, porque entendían que la manera de dar clase de esta docente no era la más adecuada, así como el posterior traslado de los hechos a la inspección de educación de la Xunta, porque los discrepantes consideraban que el equipo directivo no daba una solución adecuada al problema, «en ningún caso puede considerarse que sea una conducta contraria al ordenamiento jurídico penal».

Al contrario, enlaza el magistrado, «todo progenitor tiene derecho a defender los intereses de sus hijos, cuando consideran que estos derechos están siendo vulnerados a nivel académico», resalta. «El hecho de que hablen con la directora o que se pongan en contacto con el inspector de educación, en nada puede considerarse una conducta delictiva, con independencia de que esto pueda molestar o incomodar a la afectada», expresa en la sentencia.

Por otra parte, el juez considera que las críticas vertidas por las familias no pueden interpretarse como alejadas de la realidad. «Cuando una pluralidad de padres y alumnos cuestiona la forma de dar clase de una profesora es indicativo, como mínimo, de que existe un conflicto entre el profesor y todos o algunos de sus alumnos». Que ni la dirección del instituto ni la inspección hayan atendido las reclamaciones de las familias «en ningún caso implica que no sean ajustadas a derecho, y mucho menos que las mismas fuesen o tuviesen un contenido falso».

En varios escritos impulsados por las familias no se plasmó «ningún tipo de presión ilegítima o ilegal» ni sobre el IES ni sobre la denunciante, y se expresaban las quejas en «términos correctos y respetuosos», sin injurias, ofensas ni amenazas. La sentencia no es firme y cabe recurso de apelación a la Audiencia Provincial de Ourense.

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