Justicia interminable: sexta suspensión del juicio en un caso de 2014 por el robo de casi 80 móviles en una céntrica tienda de Ourense

Una de las causas judiciales más antiguas que permanecen abiertas en la provincia de Ourense, sin terminación como mínimo hasta este próximo verano después de 12 años de trámite, continúa encallada en la fase de juicio. Desde el verano de 2023 hasta este jueves se han producido seis aplazamientos en total, por distintos motivos. La primera vez, en julio de 2023, porque el principal implicado de entre un total de trece encausados inicialmente —uno de ellos falleció y otro, de origen rumano, fue expulsado de España— renunció a su abogado defensor ese día. Las siguientes suspensiones, en diciembre de 2023, abril de 2024, diciembre de ese año y junio de 2025, se debieron a huelgas como la de los abogados y procuradores del turno de oficio. El aplazamiento acordado este jueves por la magistrada de la Plaza 2 de la Sección de lo Penal 2 de Ourense, tras esa propuesta de la Fiscalía, se debe a la incomparecencia del principal acusado, el presunto autor del robo de casi 80 móviles en un comercio del centro de Ourense, en dos madrugadas de abril de 2014, tras romper el cristal de la entrada con un objeto contundente. El valor total de los teléfonos sustraídos en un establecimiento de la calle Santo Domingo ascendió a un total de 19.927,58 euros. Además, sustrajo presuntamente 300 euros de la caja registradora y causó daños en el local al entrar por la fuerza. Desde que ocurrieron los hechos, hace doce años, la tienda, de la operadora telefónica Vodafone, ya ha cambiado de sede.

Varios teléfonos fueron adquiridos, a precios baratos, en el mercado negro por el resto de implicados. Sabían, según la Fiscalía, que eran robados. Como la pena solicitada para el presunto ladrón supera los 2 años de prisión —la Fiscalía pide 5—, no es posible juzgarlo en su ausencia. La magistrada acordó su detención y estancia en prisión, como medida para asegurar su presencia en el nuevo señalamiento para celebrar, por fin, este juicio. Será el 1 de julio.

Este encausado ya ha estado en la cárcel por otros delitos. Se encontraba recluido en julio de 2023, fecha del primer señalamiento, cuando decidió un cambio de abogado en el último minuto que forzó la primera de las seis suspensiones. Su ausencia en la convocatoria de este jueves obligó a un nuevo aplazamiento del proceso.

Peticiones de condena con dilaciones a la vista

Seis encausados se presentaron y estuvieron en la sala durante la breve vista, en la que se anunció el aplazamiento. Otros cuatro sospechosos no acudieron, pero como la pena solicitada para ellos es inferior a los dos años, su ausencia no paralizaría la celebración. De hecho, a excepción del acusado principal, que se enfrenta a una petición inicial de 5 años de prisión por un delito continuado de robo, la Fiscalía solicita para los otros once sospechosos una pena de 8 meses de prisión para cada uno, porque ellos cometieron presuntamente un delito de receptación, menos castigado en el Código Penal. Está garantizado que, en caso de una condena, la duración de los castigos será rebajada de forma notable por las dilaciones de este proceso.

La Plaza 2 tuvo que reservar para este caso la sala de vistas del contencioso-administrativo, que es más grande. Once abogados y abogadas, además de la representante de la Fiscalía, llenaron el estrado, a izquierda y derecha de la magistrada. Aunque se trate de un incumplimiento ajeno, la autoridad pidió disculpas a los encausados que se presentaron a la citación, una vez más, y también a una testigo, a los que agradeció su cumplimiento con la convocatoria.

Móviles de alta gama a precio de ganga

Este es un procedimiento marcado por el tiempo de espera. Exigió una laboriosa investigación a la Policía, que culminó la operación dos años y cinco meses después de los hechos con un balance de 15 detenidos y 11 investigados. El procedimiento llegará a juicio en julio con once acusados, finalmente. La Fiscalía quiere que el presunto autor del robo indemnice con un total de 17.975,58 euros, y que cada uno de los acusados de la receptación abone el importe de los teléfonos adquiridos de forma ilícita. Los receptores los compraron a bajo precio, entre 50 y 100 euros, y algunos los cambiaron después por un tatuaje, por un pantalón o una bicicleta, o volvieron a revenderlos. No todos los terminales pudieron ser recuperados. Los que sí, fueron devueltos al comercio.

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