Política en el juzgado
La alcaldesa de Vilariño de Conso, investigada por presunta prevaricación, alega que levantó reparos para no paralizar servicios como la ayuda a domicilio
La Fiscalía judicializó el caso al observar indicios de delito tras una denuncia del concejal del BNG. La regidora esgrime una falta de medios y la necesidad de mantener servicios esenciales. Recientemente, ha aprobado el expediente de contratación de la atención en el hogar, en el foco de esta causa porque lleva años prestándose sin licitación previa
La alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía (PP), en una imagen de archivo. / INAKI OSORIO
La alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía (PP), declaró este miércoles ante la jueza del tribunal de instancia de Trives, en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación, por las supuestas irregularidades en contratos de servicios y pagos de facturas entre 2023 y 2025, en relación a trabajos de desbroces, la gestión de la recaudación de tributos y la prestación de la ayuda a domicilio, en un municipio de medio millar de habitantes, con 57 años de media de edad. La regidora justificó ante la jueza que levantó las notas de reparo de la secretaria-interventora por la necesidad de prevenir incendios forestales mediante los trabajos de desbroce, o para mantener una prestación básica como la atención de personas dependientes en el hogar, un servicio que reciben más de medio centenar de usuarios. Macía encaja su actuación en un afán de no paralizar el funcionamiento del Concello, y esgrime una falta de medios personales y materiales. El ayuntamiento cuenta este año con un presupuesto de 2,21 millones, 507.000 euros para servicios públicos básicos y 824.000 para actuaciones de protección y promoción social.
El servicio esencial de atención en el hogar se presta sin una licitación previa, con pagos de facturas a una empresa. Recientemente, la regidora ha dictado un decreto para aprobar el expediente de contratación con un presupuesto de 366.000 euros.
También declaró este miércoles, como testigo, la secretaria-interventora, cuyos reiterados reparos, debido a la falta de contratación previa o a la superación del límite para los contratos menores, son una prueba documental. La defensa y la acusación particular —ejerce esta acción el concejal del BNG, Domingo Domínguez, que denunció ante la Fiscalía tras haber instado antes en el pleno un cambio de proceder con los reparos, sin éxito— solicitarán más diligencias. La acusación particular propone la testifical de representantes legales de empresas y quiere aclarar si hubo irregularidades en el servicio de ayuda en el hogar detectadas presuntamente en inspecciones sociales.
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