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Fraudes con vehículos

Dos juicios en una mañana en Ourense contra una pareja por presuntas estafas que suman 405.000 euros

Los acusados buscan la absolución en ambos casos y él, que ya tiene una condena por un fraude de 100.000 euros, desvincula a la mujer de la operativa económica. Uno de los denunciantes tuvo un perjuicio de 284.000 euros: «Me costó la salud, un crédito y una casa». La otra víctima sufrió un intento suicida: «No quería creer que era una estafa y seguí aportando dinero. Tuve que vender mi casa para saldar las deudas con el banco»

Los dos acusados, en uno de los juicios, ayer, en la Audiencia Provincial. | ROI CRUZ

Los dos acusados, en uno de los juicios, ayer, en la Audiencia Provincial. | ROI CRUZ

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

Pocos días después de un revés del TSXG, que ha ratificado contra él una condena de 2 años de prisión por estafar 100.000 euros a un matrimonio de Ourense —les ofreció pisos a bajo precio en Mallorca, vehículos y un yate—, A. volvió a juicio este miércoles. Acusado de nuevo de estafa pero, esta vez, por partida doble, con dos juicios celebrados uno detrás del otro, en los que figuraban como encausados él y su pareja. La cuantía de las supuestas estafas, relacionadas en su mayoría con operaciones de compraventa de vehículos —la actividad profesional a la que él se dedicaba como autónomo—, suma unos 405.000 euros. La pareja, representada en cada causa por distintos abogados, defiende su inocencia. Entre los dos procedimientos, la Fiscalía solicita un total de 10 años de cárcel para él y 8 años para ella. La Audiencia Provincial dictará sentencia tras las dos vistas celebradas en la mañana de ayer.

El primer juicio alude al presunto engaño a un profesional de la compraventa de vehículos que realizó al acusado 53 encargos, por los que facturaba y transfería el precio por anticipado. A. entregó un total de 26 vehículos y devolvió el importe de 4, pero no cumplió con las obligaciones con otros 23, causando un perjuicio al afectado de 284.820,94 euros.

«Todo funcionó bien hasta que el suministrador me cortó el surtido». El encausado sostiene que un proveedor lo dejó sin los vehículos pese a haberle pagado, pero la fiscal y el abogado de la acusación particular incidieron en que hasta el juicio no había alegado nada de esto, cuando los hechos se remontan a 2022. «No sabemos quién es esa persona», expresó la fiscal. El perjudicado confirmó en la sala que a él nunca le comunicó eso. Además, el sospechoso no aportó las facturas de los supuestos pagos a esa tercera persona, a la que tampoco nombró. «Prefiero no responder», zanjó. «Es un dechado de mentiras, excusas y estafas», dice la acusación particular.

«No podía resistir más, me estaba volviendo chiflado»

El afectado por estos hechos se vio con un grave problema económico encima, porque esos vehículos eran para otros establecimientos que los habían reservado. «Se empezó a retrasar mucho, yo llamaba todos los días, pero me decía que no habían llegado, o no habían pasado la ITV». Hasta que, harto, el empresario le dijo a A. «hasta aquí» y decidió tomar acciones legales. «No podía resistir más, me estaba volviendo chiflado». El impacto de esos 284.000 euros «me costaron la salud, un crédito y una casa», expresó el hombre, emocionándose en ese punto de su declaración ante los jueces. El afectado solo le devolvió 10.000 euros, según el testigo. Le remitió algunos pantallazos bancarios y recibió SMS de supuestas transferencias a su favor, pero nunca le llegó el dinero. «No le devolví porque no pude pagar más, pero intenté llegar a un acuerdo», dijo A.

En el procedimiento está acusada también la pareja, F., que recibía las transferencias en una cuenta a su nombre, desde la que después constan traspasos de hasta 180.000 euros en un año, según subrayó el abogado de la acusación particular, que solicita para ambos la condena máxima, 6 años de cárcel. «Yo tenía deudas con la Seguridad Social y no podía tener cuentas a mi nombre. Le pedí si podía abrirla pero todos los movimientos los hacía yo», asegura el encausado. La mujer realizó retiradas de efectivo, hasta 47.000 euros en seis meses. Ella alega que recogía ese dinero y se lo daba a él.

«El delito no podía cometerse sin la colaboración necesaria de ella», dice. «Este no es un caso infanta», expresa la acusación particular

La mujer figuraba de alta para la actividad de coches, tuvo vehículos y permisos a su nombre, además de ser titular de la cuenta donde se ingresaron las transferencias del perjudicado. Ella mantiene que no lo sabía y, sobre la cuenta, sostuvo la misma versión exculpatoria que ofreció su pareja: «Él no podía tener nada a su nombre, me lo pidió por favor y yo le dije que vale, con la confianza de que no iba a pasar nada. Él era el que gestionaba», defiende ella. «Él usaba las cuentas y podía hacer lo que quisiera, yo no le preguntaba ni las miraba», añadió la mujer. Según su versión, no firmó los documentos que se atribuyen a su nombre, ni tampoco operó con bizum —la acusación particular citó movimientos de más de 13.000 euros por esta vía—, ni realizó traspasos entre sus cuentas.

«El delito no podía cometerse sin la colaboración necesaria de ella, que también es autora», objeta la fiscal al respecto. «Es una coautora de manual, porque el instrumento del delito con el que se perpetra la estafa es su cuenta», enlazó en su informe el abogado de la acusación particular. «Ella sabía que él tenía una situación delicada y le permitió operar libremente. Este no es un caso infanta», expresó el letrado.

En cambio, la abogada de la mujer sostiene que «una titularidad bancaria no equivale a una disposición consciente y dolosa de los fondos». La letrada incidió en que «no se puede fundar una condena en que sea la pareja del sospechoso».

«Es una estafa de las de universidad, de las que se enseñan a los alumnos»

Frente a los argumentos de la defensa, que niegan la existencia de un engaño, «simulación o maniobra engañosa» —la de A. considera que se trató simplemente de un incumplimiento contractual, y que su cliente entregó al perjudicado los vehículos acordados «hasta que pudo»—, la Fiscalía sostiene que los dos sospechosos generaron «una apariencia de confianza y de negocio lícito, para ir recibiendo el dinero y no devolver esos 23 vehículos, para obtener un beneficio ilícito». El acusador particular considera «flagrante, sangrante y clarísimo» el caso de presunto fraude. «Es un vaciado de las cuentas y una dispersión de patrimonio de manual, con movimientos espectaculares», manifestó. «Es una estafa de las de universidad, de las que se enseñan a los alumnos», retrató el abogado.

En este procedimiento también se incluye el supuesto engaño sufrido por el hermano del principal perjudicado. El familiar transfirió 13.100 euros por una moto que no llegó. «Pasaba el tiempo pero no la recibía, ni el dinero. Le pedí varias veces que me lo devolviera, él decía que había hecho la transferencia pero no era cierto», dijo el afectado.

Uno de los perjudicados era vulnerable por sus problemas psiquiátricos

El segundo juicio de la mañana contra la pareja tiene que ver con un supuesto fraude de 107.000 euros, relacionado con cuatro vehículos y con pagos de la víctima, otro hombre, para supuestas compras de lotes de coches, inmuebles y maquinaria agrícola, negocios todos ficticios, según la Fiscalía. El denunciante estaba diagnosticado de trastornos depresivo y de la personalidad, fobia social y trastorno obsesivo compulsivo. La fiscal cree que los acusados se aprovecharon de que era «vulnerable» y lo tuvieron «en un engaño permanente».

Los hechos se desarrollaron entre 2018 y 2021. La víctima sufrió un intento de suicidio posterior. Como en el otro procedimiento —y por esa razón la Fiscalía dirige la acción contra los dos de la pareja—, la encausada F. recibió el dinero del afectado en las cuentas de su titularidad. En esta vista, la mujer se acogió a su derecho a no declarar y A. reiteró su inocencia.

Las defensas ven incierta la denuncia, creen que la discrepancia debería haber terminado en el juzgado civil, no en la vía penal, y solicitan la exculpación porque no ven pruebas y sostienen que el testigo, que aludió a problemas de memoria por el tratamiento recibido tras el intento autolítico, solo relató en el juicio lo que resulta favorable a su versión. «No quería creer que era una estafa y seguí aportando», explicó el hombre. «Tuve que vender mi casa restaurada en la aldea para poder saldar las deudas con el banco y volver a tener solvencia económica», añadió esta víctima.

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