A juicio en Ourense una madre acusada de maltratar a sus tres hijas e irse de viaje y dejarlas solas

La incomparecencia de la hija de mayor edad impidió juzgar este miércoles en Ourense a una mujer acusada de maltratar física y psíquicamente a sus tres hijas, que eran menores, unos hechos por los que la Fiscalía solicita una condena de 3 años de prisión —entre otras penas—, aunque plantea que el tiempo de prisión se sustituya por la expulsión de España durante seis años de esta mujer, de nacionalidad brasileña. Este caso de presunta violencia familiar se celebrará en una nueva fecha, tras la suspensión acordada por la magistrada este miércoles, obligada por la ausencia de la hija mayor, presunta víctima y testigo en esta causa.

La encausada convivió con esta hija hasta el 15 de diciembre de 2021. Compartían domicilio en la ciudad de Ourense junto a otras dos hijas menores. El ministerio público señala en su escrito de conclusiones provisionales que «durante esa convivencia, la acusada trataba de mala forma a sus hijas, a las que agredía físicamente, sobre todo a la mayor». Presuntamente la mujer tiraba del pelo y arrastraba de ese modo por la casa a la hija de mayor edad. La Fiscalía añade que esta encausada obligaba a las niñas a realizar funciones impropias de la edad. Según la acusación pública, la mujer se iba de viaje y las dejaba solas en casa, obligando a la niña mayor a hacerse cargo de sus hermanas y a ocuparse del mantenimiento de la vivienda. Presuntamente, la encausada también obligaba a la hija mediana a acudir a la compra, mientras ella se quedaba acostada.

La Fiscalía califica estos hechos como un presunto delito de maltrato físico y psíquico habitual, en el que aprecia una agravación porque los presuntos hechos tuvieron lugar en el domicilio de las víctimas. En su escrito de conclusiones provisionales, solicita 3 años de prisión, la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante 5 años, así como la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse con sus tres hijas durante 5 años.

Según detalla el ministerio público en su informe, a la encausada no le constaba certificación de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía sobre su situación administrativa, ni había aportado, a fecha del escrito de acusación —diciembre de 2023—, ninguna documentación que le permitiese permanecer en España, ni constaba la existencia de razón para su permanencia, según añade la Fiscalía. Solicita que una hipotética sentencia de condena sustituya la pena de prisión por la expulsión del país y la prohibición de entrada en territorio nacional durante seis años, «atendidas la duración de la pena solicitada y las circunstancias concurrentes».

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