Investigan si la alcaldesa del PP en Vilariño de Conso prevaricó por levantar reparos de facturas

El 1 de diciembre de 2025, el concejal portavoz del BNG en Vilariño de Conso, Domingo Domínguez —único edil de la oposición ante la amplia mayoría absoluta del PP, que gobierna con 6 de los 7 escaños—, presentó en la Fiscalía una denuncia contra la alcaldesa, Melisa Macía (PP), por presuntas irregularidades en contratos de servicios y pagos de facturas entre los años 2023 y 2025, por trabajos relacionados con desbroces, la gestión de la recaudación de tributos locales y por la prestación de la ayuda a domicilio, en un municipio de medio millar de habitantes, en el que la media de edad alcanza casi 57 años. Este servicio esencial se presta sin licitación previa. Una fiscal abrió diligencias de investigación preprocesal, el día 5 de diciembre, para determinar la posible comisión de un delito de prevaricación. «Ante los indicios incriminatorios detectados en la documental», la Fiscalía presentó una denuncia ante el Tribunal de instancia de Trives —el órgano judicial competente, por cuestión de territorio—, para que «depure las posibles responsabilidades penales». En esas diligencias se encuentra investigada la regidora de Vilariño de Conso. Fue citada para este miércoles, pero su declaración quedó suspendida, hasta el próximo 25 de marzo. Ese día también intervendrá como testigo la secretaria-interventora, que es la funcionaria encargada de la fiscalización de los procesos investigados. La documentación clave fue requerida al Concello por la autoridad judicial.

La denuncia aludía a presuntas irregularidades continuadas en la contratación municipal, durante los años 2023, 2024 y 2025, unos defectos y supuestas omisiones de trámites legales que fueron advertidos por la secretaria-interventora a través de reparos. El edil incide en que la prestación del servicio esencial de ayuda a domicilio se lleva a cabo sin contrato ni adjudicación previa, y manifestó en su denuncia que la regidora hizo reiterados levantamientos de reparos para poder aprobar las facturas y que se realizaran los pagos a la empresa.

En declaraciones a Europa Press, la alcaldesa —con la que este diario intentó contactar, sin éxito —defiende que la actuación municipal bajo la lupa de la autoridad judicial tenía por finalidad «seguir manteniendo un servicio básico», en referencia al de ayuda a domicilio. La regidora sostiene su inocencia y entregará documentación para dar amparo a su versión. «Ante una Ley de Dependencia que me obliga a dar el servicio de ayuda a domicilio, es imprescindible tenerlo para no dejar a los usuarios sin él. Yo tengo que seguir funcionando desde el Concello», dijo Macía a EP.

Non se pode gobernar a golpe de levantamento de reparos

Domingo Domínguez

— Concejal del BNG, único edil de la oposición. Denunció ante la Fiscalía

Antes de dar el paso de acudir a la justicia, el concejal opositor avisó dentro de su tarea en la corporación. «Cando entrei en 2023 empecei co labor de control e atopei informes de secretaría con reparos de facturas que informaban de que se estaba abusando da contratación menor, e se estaban levantando reparos incumprindo a Lei de Contratos de Sector Público», recuerda Domingo.

En marzo de 2024 presentó una moción con el objetivo de que se enmendase la situación, y lo paradójico es que todo el PP, la alcaldesa incluida, votó a favor. «Solicitaba corrixir esas eivas e, tralo seu apoio, pensei que iriamos polo bo camiño, pero continuaron. Non había un pleno sen relación de pagamento de facturas no que non houbese reparo da secretaría e decreto de levantamento. Non se pode gobernar a golpe de levantamento de reparos», subraya. «O servizo de axuda a domicilio é primordial e esencial, e por suposto hai que prestalo, pero debe facerse como Deus manda. Aquí non houbo ningunha licitación nin contrato», reitera el edil del BNG.

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