Acepta una condena para evitar la cárcel el cabecilla de una fábrica ilegal de tabaco en Ourense, donde el personal trabajaba a «destajo» sin saber «en qué lugar del mundo» estaban

En junio de 2022, cuando siete acusados pactaron en Ourense una condena a la baja —con excarcelaciones inmediatas incluidas—, tras el mayor golpe policial en España contra el contrabando de tabaco —las autoridades destaparon en 2020 una fábrica clandestina en Cambeo, Coles, con maquinaria industrial para elaborar cigarrillos y venderlos fraudulentamente por Europa—, el principal cabecilla de la operación, Flocea G., moldavo con pasaporte rumano, estaba fugado. La vista contra él ha llegado casi cuatro años después, pero el resultado es el mismo que contra los sentenciados en primer momento. Este miércoles, en la Audiencia Provincial de Ourense, se conformó con la misma pena impuesta en 2022 a los siete primeros condenados en la llamada operación Straperlo. Al igual que ellos, acepta 2 años de prisión y una multa de 12 millones de euros, pero la sanción económica se sustituirá por un año de arresto.

El principal encausado es insolvente, según consta en una averiguación de bienes del pasado febrero. Aunque la pena de privación de libertad sumaría un total de 3 años, el pacto entre la Fiscalía, el acusado y la defensa se traducirá, presumiblemente, en la suspensión de la pena. Así lo solicitará Manuel Ferreiro, el abogado del infractor. La magistrada presidenta de la Audiencia indicó que la cuestión se resolverá en la fase de la ejecución de condena. Con todo, le anticipó la advertencia de que, si como parece, se le otorga el beneficio de la suspensión, no podrá cometer nuevos delitos en el plazo que establezca el tribunal.

Los delitos que reconoce este acusado, al igual que hicieron los siete primeros condenados, son contrabando en concurso de leyes con un delito contra la hacienda pública. La petición inicial contra el cabecilla, antes del acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa, suponía el doble de duración y cantidad: 4 años de cárcel y 24 millones de euros de multa. La condena de conformidad incluye la obligación de sumarse al pago, conjunto y solidario, con los otros siete hombre sentenciados, de 11,83 millones de euros, la indemnización para la hacienda pública. Una cantidad que las arcas estatales no recuperarán, muy probablemente, por el elevado importe de la cuantía y la falta de bienes suficientes de los autores. Tras la condena de ocho implicados en este caso, quedan tres sospechosos pendientes de ser juzgados que continúan en busca y captura. Uno de ellos, tras ser excarcelado.

Cuando se dictó la condena de conformidad de los otros siete, en junio de 2022, el cerebro del caso estaba huido de la justicia. En octubre de 2023, después de ser detenido en Portugal, donde residía, y tras ser entregado a España por las autoridades lusas, ingresó en prisión provisional. Unas semanas más tarde el recurso de apelación de su defensa prosperó y fue excarcelado por la Audiencia Provincial. Ha permanecido en España hasta la celebración del juicio. La vista de conformidad cierra la causa contra él.

Los hechos

«Entre sus actividades tenía la de habilitar naves industriales con las instalaciones precisas para el montaje de una fábrica de cigarrillos no adecuada a la normativa estatal vigente, utilizando para ello mano de obra no regularizada». «Dirigía y coordinaba la actividad del grupo», en conjunto con otros investigados, «dando órdenes, recibiendo informes sobre el estado de las cosas» y también «controlando el flujo de migración de ciudadanos y mercancías de Europa del Este». «De todas las actividades, situaciones personales, objetos, materiales, maquinaria, transporte, destino y beneficios tenía conocimiento en todo momento el ahora acusado, participando activamente». Son las imputaciones contra el cabecilla, Flocea, con las que se muestra conforme en el acuerdo. Pasan a configurar los hechos probados de su condena.

La valoración de la picadura de tabaco decomisada ascendió a 6,182 millones de euros. La de los cigarrillos, cajetillas y hoja, a 5,37 millones. En la operación ‘Straperlo’ colaboraron la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, Vigilancia Aduanera y un Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía de Pontevedra. La investigación arrancó en mayo de 2020, todavía bajo el estado de alarma por la pandemia de covid, y las detenciones, de un total de 25 varones rumanos, moldavos, ucranianos y portugueses, se llevaron a cabo en agosto, con registros no solo en Ourense, sino también en Ponteareas (Pontevedra) y Valladolid. Muchos de los arrestados eran trabajadores que residían confinados en la fábrica de Cambeo, sin hacer vida en el exterior, lo que contribuía a que no llamasen la atención.

Con la nave habilitada puertas adentro como fábrica de cigarrillos clandestina —maquinaria industrial, equipos de ventilación, sistemas de extracción de olores—, se utilizaba mano de obra ilegal. Los trabajadores llegaban de Rumanía, sobre todo, y también el equipamiento para la industria. Una vez fabricado el tabaco se distribuía a varios países. Empleaban cajetillas, papel de filtro, boquillas, cartones y embalaje idénticos a Marlboro.

La nave de Coles fue alquilada en febrero de 2020. En junio, julio y agosto acondicionaron las instalaciones, con la entrada en varias ocasiones de camiones de grandes dimensiones y equipamiento industrial, materiales de construcción y mobiliario. También se organizó la llegada de los obreros encargados de la elaboración del tabaco ilegal. «Ni siquiera sabían en qué lugar del mundo se encontraban y cuál iba a ser su tarea. Encerrados en la nave, trabajaban a destajo por un precio que en sus países de origen suponía un gran aliciente económico», relata la Fiscalía sobre las condiciones en las que estaban los trabajadores.

En la planta de Coles se encontraron 600.000 cigarrillos sueltos, 3.800 cajetillas de tabaco elaboradas, 880 cajas de tabaco, varios miles de kilos de tabaco a granel, así como numeroso material de filtros, cartón para las cajetillas y plásticos para el embalaje. También se había alquilado otra nave en Ponteareas, con casi 200.000 kilos de tabaco prensado, pero la intervención de las autoridades en agosto frustró la entrada en actividad de una nueva fábrica ilegal de cigarrillos. Además, existía otra instalación en Valladolid concebida para el mismo fin.

La operación 'Straperlo', en imágenes

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El cabecilla ya había sido detenido en 2018 en otra operación similar, relacionada con una planta clandestina, pero según su defensor «no tiene más causas pendientes» y la de Cambeo, resuelta ahora con la condena de conformidad, «es la única que tiene en España».

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