A juicio en Ourense tras estar prófugo el cabecilla de una fábrica ilegal de tabaco, donde vivían los trabajadores «sin saber en qué lugar del mundo se encontraban»

«Entre sus actividades tenía la de habilitar naves industriales con las instalaciones precisas para el montaje de una fábrica de cigarrillos no adecuada a la normativa estatal vigente, utilizando para ello mano de obra no regularizada». «Dirigía y coordinaba la actividad del grupo». «De todas las actividades, situaciones personales, objetos, materiales, maquinaria, transporte, destino y beneficios tenía conocimiento en todo momento el ahora acusado, participando activamente». Son las imputaciones que la Fiscalía de Ourense atribuye al presunto cabecilla de entre todos los implicados en un caso de elaboración y de venta ilegal de tabaco que en 2020, cuando fue destapado, supuso «la mayor operación en España contra el contrabando de tabaco», según anunciaron las autoridades entonces.

En junio de 2022, siete implicados se conformaron con condenas a la baja, de 2 años de prisión, 12 millones de euros de multa y el pago de una indemnización a Hacienda, entre todos, de 11,83 millones, en correspondencia con el valor del tabaco incautado, la mayor parte en una fábrica clandestina en una nave de Cambeo (Coles), en la que se elaboraban y envasaban los cigarrillos ilegales, con picadura traída de otros países, con el fin de distribuir el producto por Europa usurpando la marca Marlboro.

En la vista de conformidad de 2022, que conllevó la excarcelación inmediata de cinco encausados que permanecían desde 2020 en prisión provisional, había además otros cuatro implicados más que estaban en busca y captura con órdenes internacionales, pendientes de ser juzgados. Uno de ellos era el presunto cabecilla. La Audiencia Provincial ha señalado su juicio para este próximo miércoles.

El acuerdo de conformidad de 2022 no vinculaba al resto de los implicados pendientes de rendir cuentas con la justicia pero, en el escrito contra el presunto cabecilla, la Fiscalía califica los hechos encajando el marco de la sentencia ya dictada. Por ejemplo, retiró el delito de pertenencia a organización criminal que imputaba inicialmente a los otros sospechosos antes del pacto de conformidad. Sin perjuicio de que también pueda alcanzar un acuerdo que aminore las penas, el supuesto líder del grupo se enfrenta a una solicitud provisional de 4 años de cárcel y multa de 24 millones de euros, por un delito de contrabando en concurso de leyes con un delito contra la hacienda pública.

«Cumplirá dos tercios en territorio español, siendo conmutado el resto del cumplimiento por expulsión de territorio nacional durante 5 años», solicita el ministerio público. También quiere que este encausado, rumano, se sume al pago en conjunto al fisco —junto a los implicados ya sentenciados— de los 11,83 millones de la indemnización fijada.

La condena de conformidad de los otros siete acusados se dictó en junio de 2022. En ese momento, el actual acusado y presunto cerebro del caso estaba huido de la justicia. No fue hasta octubre de 2023 cuando ingresó en prisión provisional, tras ser localizado y detenido. Semanas más tarde el recurso de apelación de su defensa prosperó y fue excarcelado por la Audiencia Provincial, con las medidas cautelares de retirada del pasaporte, la prohibición de salida de España más comparecencias ante el juzgado.

La instrucción apuntó a que este acusado dirigía a los miembros de la organización en las labores para la fabricación del tabaco de contrabando. Ya había sido detenido en 2018 en otra operación similar, relacionada con una planta clandestina. Pero en el recurso para solicitar la excarcelación, la defensa alegó que este implicado no había participado en los hechos, y ni siquiera estaba al tanto de que lo investigaban.

HEMEROTECA: La operación 'Straperlo', en imágenes

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Investigación en pleno estado de alarma por el covid

La valoración de la picadura de tabaco decomisada ascendió a 6,182 millones de euros. La de los cigarrillos, cajetillas y hoja, a 5,37 millones. En la llamada operación ‘Straperlo’ colaboraron la Policía Judicial de la Guardia Civil de Ourense, Vigilancia Aduanera y un Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía de Pontevedra. La investigación arrancó en mayo de 2020, todavía bajo el estado de alarma por la pandemia de covid, y las detenciones, de un total de 25 varones rumanos, moldavos, ucranianos y portugueses, se llevaron a cabo en agosto, con registros no solo en Ourense, sino también en Ponteareas (Pontevedra) y Valladolid. Muchos de los arrestados eran trabajadores que residían confinados en la fábrica de Cambeo, sin hacer vida en el exterior, lo que contribuía a que no llamasen la atención.

Con la nave habilitada puertas adentro como fábrica de cigarrillos clandestina —maquinaria industrial, equipos de ventilación, sistemas de extracción de olores—, se utilizaba mano de obra ilegal. Los trabajadores llegaban de Rumanía, sobre todo, y también el equipamiento para la industria. Una vez fabricado el tabaco se distribuía a varios países. Empleaban cajetillas, papel de filtro, boquillas, cartones y embalaje idénticos a la empresa comercializadora de Marlboro.

La nave de Coles fue alquilada en febrero de 2020. En junio, julio y agosto acondicionaron las instalaciones, con la entrada en varias ocasiones de camiones de grandes dimensiones y equipamiento industrial, materiales de construcción y mobiliario. También se organizó la llegada de los obreros encargados de la elaboración del tabaco ilegal. «Ni siquiera sabían en qué lugar del mundo se encontraban y cuál iba a ser su tarea. Encerrados en la nave, trabajaban a destajo por un precio que en sus países de origen suponía un gran aliciente económico», relata la Fiscalía en el escrito.

En la planta de Coles se encontraron 600.000 cigarrillos sueltos, 3.800 cajetillas de tabaco elaboradas, 880 cajas de tabaco, varios miles de kilos de tabaco a granel, así como numeroso material de filtros, cartón para las cajetillas y plásticos para el embalaje.

También se había alquilado otra nave en Ponteareas, con casi 200.000 kilos de tabaco prensado, pero la intervención de las autoridades en agosto frustró la entrada en actividad de una nueva fábrica ilegal de cigarrillos. Además, existía otra instalación en Valladolid concebida para el mismo fin.

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