«El fallo de As Conchas es también pionero en que el que contamina (las granjas), al final no paga»

José Antonio Quiroga, presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (CHMS), organismo que ha sido condenado ya en sentencia firme e inapelable, junto con la Xunta de Galicia, «por inactividad» al no tratar de poner freno a la contaminación de las aguas de As Conchas y del río Limia por vertidos de purines, afirma que «nosotros vamos a cumplir con absoluta rigurosidad la sentencia, aunque no la compartamos en parte», indica, porque sostiene que llevan desde 2011 analizando de forma continua y exhaustiva el estado de las aguas e informando puntualmente a los concellos.

Además, José Antonio Quiroga, pese a ver partes de la sentencia que sí comparte —porque ponen el foco del problema en los vertidos agroganaderos sin depurar son los que afectan al medio ambiente y al agua de las Conchas —, muestra su sorpresa porque esta sentencia, tachada internacionalmente de pionera, «también es pionera en el sentido de que al final el que contamina no paga», indica en relación con las granjas que vierten sin depurar y que han salido indemnes del juicio. «¿Por qué el agua no nace sucia, verdad? Alguien la ensucia».

El motivo por el que no comparte la sentencia, que ya ha sido ratificada de forma firme por el Supremo al inadmitir el recurso de casación presentado por la CHMS y la propia Xunta, es que el presidente del organismo de cuenca rechaza que se haya incurrido en pasividad o inacción.

En una conversación marcada por la claridad y el tono directo, Quiroga niega que exista una «guerra entre administraciones», aunque acusa a la Xunta de intentar «echar tinta de calamar» para eludir responsabilidades. «Nosotros no eludimos nada. Las competencias están clarísimas», afirma.

Quiroga indica que "El agua no nace sucia" para añadir que "no somos nosostros quienes la ensuciamos ni quien damos las autorizaciones"

Para el presidente de la CHMS, el fallo judicial será cumplido «con efectividad»; de hecho, ya empezaron a trabajar antes de que la sentencia fuera firme, indica. Además, «parte de las medidas recogidas en la resolución ya se vienen cumpliendo desde hace años». Asegura que desde 2011, fecha en la que se registró el primer gran episodio de proliferación de cianobacterias en el embalse de As Conchas, se comenzó un trabajo exhaustivo y continuo de análisis de las aguas. La Confederación ha abierto, además, 217 expedientes sancionadores por vertidos, muchos de ellos vinculados a explotaciones ganaderas.

Por otro lado, detalla que existen 59 puntos de control de aguas superficiales y subterráneas en A Limia —26 superficiales, 28 subterráneos y cinco en el propio embalse— y que se remiten informes quincenales de calidad del agua a los ayuntamientos y a la Consellería de Sanidade. Cuando se detectan episodios de «bloom» de cianobacterias, los análisis pasan a ser semanales. «La Confederación analiza y comunica. No somos quienes ensuciamos el agua ni quienes autorizan la actividad que genera los vertidos», insiste.

Quejas por el juicio

Sin embargo, aprovechó para expresar sus quejas, pues «no se nos dejó aportar pruebas ni declarar en el juicio», asegura. Quiroga considera que no se tuvieron en cuenta ni las competencias reales de la Confederación ni las actuaciones realizadas durante más de una década.

Pese a todo, ve un aspecto positivo en la sentencia, en el sentido de que «coloca el problema en el centro del debate. Estamos hablando de medio ambiente, de agua y de personas en una comarca muy relevante», y sobre todo enfatiza de nuevo que «el agua no nace sucia; alguien la contamina».

Acatarán "rigurosamente la sentencia" de la que al menos elogia, que deja claro quienes son los culpables de los vertidos que han degradado los acuíferos: la ganadería intensiva

Quiroga recalca que hay algo positivo en la sentencia, y es que «pone el problema de la contaminación en el centro de la diana que afecta a personas y al medio ambiente».

Además, este fallo deja claro que el origen del problema es la elevada concentración de explotaciones ganaderas intensivas en la comarca de A Limia, donde existen más de 300 granjas, explica.

Apela también el presidente de la CHMS a que, según los informes periciales y los estudios en los que se basó posteriormente la sentencia, esa altísima concentración de granjas que no depuran los residuos y los vierten tal cual «genera una contaminación y una producción de residuos que equivaldrían a los que produce una población de entre 1,5 y 2 millones de habitantes, en un territorio con apenas 24.000 vecinos», indica.

Afirma que «no quisimos entrar en confrontación para que el ciudadano no se quede con la sensación de que las administraciones se pasan la bola unas a otras y el perjudicado es el administrado», pero aun así aprovecha para pedir a la Xunta una respuesta a la llamada al diálogo y al trabajo conjunto que hizo la Confederación para cumplir los mandatos del fallo judicial.

"Lo urgente es que la Xunta declare A Limia Zona Vulnerable por Nitratos"

Para José Antonio Quiroga, uno de los puntos centrales del debate es la declaración de A Limia como Zona Vulnerable de Nitratos. La Confederación impulsó en 2022 que el ministerio declarara las aguas afectadas, lo que obliga a la administración autonómica a adoptar medidas adicionales.

«La Xunta tiene que realizar ya esta declaración, porque no es un simple titular», sino que implica la puesta en marcha obligatoria de sistemas de gestión y tratamiento de purines, así como códigos de buenas prácticas agrarias para evitar la filtración de nitratos a acuíferos y manantiales.

«Si el problema, como reconoce la sentencia, deriva fundamentalmente de la intensidad de las explotaciones ganaderas, la solución pasa por gestionar y tratar adecuadamente esos residuos», sostiene José Antonio Quiroga.

El de As Conchas se ha convertido en símbolo del deterioro ambiental en A Limia y de la tensión competencial entre administraciones que se enfrentan entre sí, y no con los que originan el problema. Mientras tanto, vecinos y colectivos ecologistas llevan años alertando del impacto sobre la salud pública y el ecosistema.

La sentencia abre ahora una nueva etapa en la que las administraciones deberán demostrar con hechos su compromiso, para revertir una situación que ya no admite dilaciones, pues el gravísimo estado de los acuíferos ya no admite más dilaciones.