Aceptan una multa por golpear jardineras en un conflicto vecinal

Rencillas vecinales con más años de vida que los propios acusados fueron ayer las protagonistas del único juicio del Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense. Con todo, lo que inicialmente se presentaba como una acusación por un delito de daños en San Juan de Vide, una aldea de Baños de Molgas, terminó en un acuerdo de conformidad entre las partes, evitando la celebración íntegra del juicio.

Los hechos se remontan a junio del año 2020. Según el escrito de la Fiscalía, los tres acusados —un matrimonio y su hija— actuaron de común acuerdo para «causar un perjuicio económico» a una vecina con la que mantienen disputas de lindes desde hace años. La acusación sostenía que los investigados utilizaron un spray negro para inutilizar una cámara de seguridad en la fachada de la vivienda de la denunciante y que emplearon una azada para destrozar varias jardineras y un peldaño de granito, llevándose posteriormente las piedras en una carretilla.

«La construcción de las jardineras aportando el material desaparecido asciende a 2.850 euros, la instalación de una nueva cámara de vigilancia, 1.970 y pintar la fachada deteriorada por spray 790 euros mas IVA», sostenía el Ministerio Público que por estos hechos pedía 10 meses multa a razón de 6 euros, así como una indemnización para la perjudicada de 5.160 euros.

Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo por el que se evitó la celebración del juicio. El acusado varón— marido y padre de cada una de las acusadas, respectivamente— resultó absuelto de todos los cargos, mientras que madre e hija aceptaron una condena de seis meses de multa a razón de tres euros diarios, únicamente por los daños en una jardinera. Además de una indemnización conjunta de 800 euros para la perjudicada. Una cifra notablemente inferior a los 15.000 euros que reclamaba la acusación particular.

«Evitar males mayores»

A pesar de la conformidad legal, para la cual los acusados tienen que reconocer los hechos —como así hicieron las dos mujeres en sala— la familia sostiene que no han hecho nada y que «no hay pruebas». Según su versión, el trasfondo del caso es un conflicto sucesorio y de propiedades que se arrastra desde hace generaciones. La acusada de menor edad, hija del matrimonio, explicó tras la vista que la decisión de pactar no implica que compartan el relato de los hechos: «Aceptamos por evitar males mayores, pero no lo compartimos», afirmó, asegurando que el conflicto «viene ya de la época de mis abuelos».

Según la versión de la acusada, «el padre de la mujer que nos denuncia ya le sacaba una hoz al padre de mi madre». Según su relato, la familia ha sido objeto de «múltiples denuncias» previas por parte de la misma vecina, incluyendo acusaciones de «incendios forestales que resultaron ser inexistentes» porque «ni siquiera estábamos en el pueblo». En cuanto a los daños juzgados ayer, defiende que las cámaras de seguridad estaban orientadas hacia la propiedad de su madre y que para dañarlas «haría falta una escalera o algo», mientras que las jardineras se encuentran en una zona donde la propiedad pública y privada se confunde.

«Hemos pedido al letrado de la otra parte que, por favor, dejen libres todos los accesos a las propiedades de la familia», zanjó la hija, ilustrando que la mala relación es el fondo de la disputa.