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Plan de movilidad

El Concello de Ourense activa las cámaras de videovigilancia: multas de hasta 100 euros por acceso indebido

Aprobado en 2022, instalado en 2024 y activado en 2025, el sistema de videovigilancia comienza hoy a sancionar a quien acceda al casco viejo con un vehículo no autorizado

Una de las cámaras inteligentes instaladas en los accesos al Centro Histórico.

Una de las cámaras inteligentes instaladas en los accesos al Centro Histórico. / Iñaki Osorio

Ourense

El día esperado para quien se quejaba del descontrol, y el que quienes aprovechaban el vacío legal no querían que llegara, ha acabado de materializarse: desde hoy, entrar en el Centro Histórico con un vehículo no autorizado supondrá una multa automática de hasta 100 euros, sin necesidad de que ningún agente de la ley presencie la infracción. Así lo ha anunciado el Concello de Ourense en el día de ayer, pues se han puesto en funcionamiento las 17 cámaras de videovigilancia que rodean el casco viejo desde su instalación hace un año y medio.

Con el objetivo de «preservar a contorna histórica», reducir o fluxo de vehículos non autorizados e mellorar a mobilidade dos residentes e peóns, el sistema de videovigilancia mantendrá activas durante 24 horas sus lentes de alta definición, que leen las matrículas y las contrastan en tiempo real con la base de datos de los vehículos autorizados, aplicando una multa en el momento en caso de producirse. En este sentido, entrar una vez en el casco histórico sin permiso, o con él caducado, se considera una infracción leve de hasta 100 euros de sanción, tal y como se indica en el BOP.

El delito aumenta en caso de reiteración: entrar una segunda vez sin autorización pasa a ser falta grave, sancionada con entre 101 y 200 euros; y acceder ilegalmente una tercera o más veces con las otras dos multas en firme está considerado «muy grave», acarreando un castigo de entre 201 y 500 euros.

Una implantación larga: de los bolardos a las cámaras

La puesta en marcha de las cámaras de videovigilancia no ha sido un episodio de corta duración. Se remonta a febrero de 2020, cuando Jácome retiró los «bolardos asesinos» del centro histórico sin dejar ningún otro control de acceso. El nuevo sistema de videovigilancia no se aprobó hasta septiembre de 2022, y el contrato para instalarlas postergó su adjudicación hasta enero de 2024.

En octubre de ese mismo año se empezaron a ver por las calles, sin información sobre cuándo comenzarían a funcionar. Ese anuncio no llegó hasta tres días antes de que las cámaras se pusieran en marcha el 16 de septiembre, mismo día en el que se redibujaba el mapa de los autobuses urbanos. Y aunque desde entonces se ha reducido considerablemente el tráfico en el casco viejo, nunca se llegó a verificar si la activación de las cámaras suponía también el inicio de las sanciones o habría un periodo de prueba.

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