Pleno provincial
La Diputación de Ourense aprueba por unanimidad el Plan Provincial de Cooperación, dotado con 19 millones de euros
Blinda con la aprobación del Plan CooperOU la financiación para 2026 de todos los municipios, a excepción de la ciudad, con un millón más que en el ejercicio anterior

El sillón de Democracia Ourensana que dejó Pérez Jácome y pasó a manos de Francisco Lorenzo permaneció vacío ayer. | ROI CRUZ
El pleno ordinario del mes de febrero de la Diputación aprobó este viernes, de forma inicial y por unanimidad, el Plan Provincial de Cooperación 2026, el Plan CooperOU, dotado con 19.005.000 euros, un millón más que el pasado ejercicio. La propuesta ya había sido dictaminada favorablemente también por unanimidad en comisión y ayer salió adelante con el voto favorable de todas las fuerzas políticas, escenificando un respaldo total al que está considerado como el principal instrumento de financiación municipal.
Por ello, el presidente del organismo provincial, Luis Menor, aprovechó su turno de palabra para valorar muy positivamente el acuerdo que calificó de «histórico» e «irreversible». «Acabamos de aprobar probablemente el punto más importante para los concellos, la financiación de todo el año. Son 19 millones de euros que se dedican íntegramente a los concellos—92, todos a excepción de la ciudad— y que nos permiten planificar, decidir con plena autonomía ese dinero y tener previsión», afirmó.
Menor subrayó además el clima político en el que se adoptó la decisión: «Creo que todos los que formamos parte de esta corporación nos podemos sentir orgullosos de este cambio. Yo desde luego me siento muy orgulloso, pero también me siento muy orgulloso del clima en el que se adopta una decisión tan importante como esta: un clima de normalidad y consenso. En las cosas importantes, que son las que resuelven problemas de la gente, somos capaces de ponernos de acuerdo», celebró.
Más flexibilidad
Más allá del incremento presupuestario, el Plan CooperOU 2026 mantiene sin cambios su estructura. Se consolida la modificación introducida el pasado año en materia de inversiones, que permite a los concellos disponer de mayor flexibilidad para justificar actuaciones ya realizadas en cualquier proyecto y evitar así la pérdida de la aportación provincial.
El programa combina una parte fija y otra variable en el reparto. La asignación fija depende de los tramos de población —hasta 1.000, 5.000, 10.000 y 20.000 habitantes— con cuantías que oscilan entre los 90.000 y los 120.000 euros. La parte variable se distribuye según cuatro parámetros: población—50%—, número de núcleos —20%—, índice de envejecimiento—15%— y superficie municipal—15%—.
En cuanto al destino de los fondos, los concellos deberán dedicar como mínimo el 40% a inversiones reales, mientras que podrán destinar como máximo el 60% a gasto corriente o amortización de deuda. De forma excepcional, en casos de insuficiencia financiera manifiesta, se permitirá aplicar el 100% a gasto corriente y deuda. También podrán acometerse actuaciones de importe superior a la aportación provincial siempre que el concello complete la financiación.
La autogestión en Os Blancos
Continuando con la gestión, en la sesión ordinaria de febrero también se aprobó el fin de la asunción por parte de la Diputación de los servicios mínimos obligatorios del Concello dos Blancos.
A partir del 14 de marzo, la institución dejará de prestar los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento, pavimentación y acceso a núcleos, alumbrado público y depuración de aguas residuales, que volverán a ser gestionados directamente por el propio municipio tras la dispensa solicitada hace dos años.
«Espero que no se cumpla lo que dicen en Terminator ‘volveré’ y que el concello de Os Blancos pueda gestionarse», opinó el diputado de Democracia Ourensana, Rafael Cachafeiro.
Por otra parte, el pleno también sacó adelante— inicialmente— la ordenanza de recogida de animales abandonados, que incluye una modificación en el proceso de liquidación de tasas por el uso del servicio. También la actualización del inventario de bienes y derechos con un valor próximo a 1.871 millones de euros.
Plan de choque inundaciones
En el apartado de iniciativas, el pleno aprobó por unanimidad una moción para reclamar al Gobierno central la finalización de la autovía Autovía A-56—Ourense-Lugo—, rechazando su conversión en corredor y exigiendo un calendario para los tramos pendientes y dotación presupuestaria suficiente.
Asimismo, se dio respaldo a un plan de choque para inspeccionar, reparar y acondicionar las carreteras provinciales afectadas por las recientes inundaciones. La moción, presentada por los socialistas, pedía inicialmente atención concreta para la comarca de A Limia, pero tras el debate entre las formaciones se llegó al consenso de incluir recursos en próximas modificaciones presupuestarias para que este plan llegue a todos los concellos que fueron afectados por el tren de borrascas, con independencia de la comarca.
Así pues, acordaron que se destinará la mayor parte de esos fondos a los concellos para que «en el ejercicio de su autonomía municipal puedan ejecutar las obras necesarias». Además, una vez atendidas las infraestructuras provinciales afectadas, la Diputación se compromete a poner a disposición de los concellos los medios técnicos precisos para evaluar y reparar daños. También se solicitó a la Consellería do Medio Rural ayudas urgentes para explotaciones agrarias y ganaderas afectadas y la cofinanciación entre Xunta y Estado para reparar pistas de concentración parcelaria.
Balnearios en el punto de mira
Por último, la corporación apoyó una iniciativa en defensa del termalismo terapéutico como recurso sanitario estratégico. Proponen que la Federación Española de Municipios y Provincias reclame al Gobierno la supresión del término «balneario» y de la referencia al «uso de aguas» en el artículo 5.4 del real decreto que regula la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, para evitar su equiparación con actividades de ocio. También se comprometen a instar a la Xunta a estudiar la inclusión progresiva de las terapias balnearias en la cartera complementaria autonómica una vez modificada la normativa estatal.
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