Un foro internacional elogia la callidad de las pruebas periciales, como claves en la sentencia de As Conchas, un hito judicial que ya llaman como "Limia Case"

La lucha de años de un grupo de vecinos del entorno del embalse ourensano de As Conchas contra la grave contaminación provocada por vertidos agroganaderos sin depurar a las aguas del río Limia y a esta presa —un entorno de gran valor natural y paisajístico hace unos años— culminó con un fallo que condena de forma inapelable a la Xunta y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil por no haber impedido ni sancionado unos vertidos que afectan a la salud humana.

El caso, ya conocido en Europa como «Limia case», está generando estudios y debates por su carácter precursor, ya que podría generar jurisprudencia en el resto de Europa, gravemente afectada por la contaminación derivada de las macrogranjas. Los expertos jurídicos afirman ahora que la contundencia de las pruebas periciales y de los análisis aportados fue crucial para lograr un fallo histórico.

Ayer, en la Fundación Fide, en Madrid, y con la presencia de su presidenta, la magistrada en excedencia Cristina Jiménez, así como de científicos como Antonio Hidalgo o Eduardo Costas —cuyo trabajo fue imprescindible para aportar la afección al entorno y a la salud de los vecinos—, se celebró la sesión «Environmental Harm, Human Rights and Scientific Evidence: Lessons from the Limia Case». El acto fue organizado en colaboración con ELSA Spain y se desarrolló en inglés, en el marco de la relación institucional entre ambas entidades.

La jornada estuvo dirigida especialmente a estudiantes de Derecho de toda Europa, concebida como una lección jurídica magistral.

Intervinieron Antonio Delgado Huertas (CSIC) y José Antonio Parada López (Tribunal Superior de Xustiza de Galicia), con la moderación de Judit García Puig y Yago Piera Martínez, ambos de ELSA Spain.

La sesión analizó la conocida como «Sentencia de A Limia», a partir de la resolución nº 303/2025 del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y su posterior confirmación por el Tribunal Supremo, que la ha convertido en firme y ejecutable. El fallo declara que las autoridades públicas no actuaron de forma adecuada para prevenir y corregir la contaminación por nitratos vinculada a la ganadería intensiva, estimando parcialmente una reclamación por inactividad tramitada a través del procedimiento especial de protección de derechos fundamentales en el ámbito de la litigación climática y ambiental.

Pruebas irrefutables

Se dedicó especial atención a la prueba científica aportada en el proceso. Se explicó cómo la combinación de técnicas isotópicas y análisis químicos convencionales permitió acreditar el origen ganadero de la contaminación, poniendo de relieve la creciente relevancia de una evidencia científica sólida en la toma de decisiones judiciales.

Asimismo, se reflexionó sobre las implicaciones del caso para la gobernanza ambiental, la responsabilidad de la Administración y la tutela efectiva de los derechos humanos en contextos de daño ambiental. La sesión evidenció la intersección entre ciencia, derecho ambiental y derechos fundamentales en la litigación contemporánea. «Los científicos han presentado pruebas periciales, siempre complejas y no fáciles de entender, pero que han sido irrefutables», afirmó la magistrada Cristina Jiménez, y ha dejado claro que las administraciones públicas también fueron culpables, por no actuar.

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