Un recurso de última hora del Colexio de Avogacía suspende un juicio contra la institución

El juicio previsto en el Juzgado de lo Social número 2 de Ourense para dirimir la legalidad de una sanción de 16 días de suspensión de empleo y sueldo impuesta a una trabajadora administrativa del Colexio de Avogacía quedó ayer suspendido. La vista se aplazó después de que la Junta de Gobierno de la entidad presentara a última hora un recurso de reposición y comunicara su «desistimiento» de la sanción, un movimiento procesal que obligó a la magistrada a frenar el acto para analizar primero esa cuestión previa.

La defensa de la empleada, ejercida por el letrado Wilson Jones, sostiene que no es suficiente con desistir, sino que procede declarar la nulidad formal de la sanción. A su juicio, la diferencia no es menor desde el punto de vista jurídico ni profesional, sino que corresponde a «un orgullo malentendido» que impide al Colexio de Avogacía reconocer que la sanción era nula desde el inicio.

La sanción se había impuesto por la supuesta alteración de nóminas de tres empleados —entre ellos la propia demandante—, unos hechos que la defensa niega de forma tajante y que considera no acreditados.

Abogados sin abogado

La jornada dejó además una circunstancia llamativa: aunque la procuradora del Colegio estuvo presente, ningún abogado de la institución se presentó en sala para sostener su posición. «Es increíble que un colegio de abogados no haya mandado un abogado», reprochó el letrado de la demandante.

Así pues, el recurso presentado por la entidad solicita el archivo del procedimiento al entender que existe una «satisfacción extraprocesal», es decir, que el conflicto habría quedado sin objeto tras el desistimiento. La defensa rechaza esta interpretación y mantiene que persiste el interés en que el juzgado se pronuncie sobre el fondo y declare la nulidad de la sanción.

Otros procedimientos

Este no es el primer frente judicial reciente para el Colexio de Avogacía. El pasado mes de diciembre, el mismo juzgado resolvió dos procedimientos distintos, con resultado desigual para la institución: en uno anuló una sanción disciplinaria impuesta a una trabajadora con más de dos décadas de antigüedad al considerar que la entidad había infringido «claramente el principio de legalidad»—la misma mujer que demanda por la sanción de 16 días—; en otro, dio la razón al Colegio frente a una empleada que reclamaba el reconocimiento de su antigüedad.

Más recientemente, a comienzos de este mes de febrero, el Juzgado de lo Social número 2 declaró improcedente el despido de una administrativa al entender que la comunicación de cese había sido «genérica». A estos procesos se suma además la salida pactada del exsecretario técnico tras 18 años de vinculación con la institución. En conjunto, cuatro de los cinco trabajadores que integraban la plantilla cuando se produjo el relevo en la dirección han mantenido algún tipo de conflicto laboral con la entidad.

Por el momento no se ha señalado nueva fecha para la vista suspendida. La decisión queda ahora pendiente de que la magistrada determine si el desistimiento comunicado por el Colegio es suficiente para cerrar el caso o si deberá celebrarse finalmente el juicio. n