Dos hermanos, al banquillo por receptación y estafa continuada

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense juzgará en octubre a dos hermanos acusados de un delito continuado de receptación y un delito continuado de estafa, tras no llegar a conformidad en la audiencia previa celebrada ayer en la misma sala. La Fiscalía solicita tres años de prisión por cada uno de los delitos que se les imputan.

Según el escrito fiscal, los acusados, actuando de mutuo acuerdo, tramitaron la matriculación en España de varios vehículos previamente sustraídos en Portugal, falseando documentación y facturas de venta a nombre de terceros. El primer caso registrado se remonta al 27 de agosto de 2019, cuando uno de los hermanos solicitó a la empresa Govo Gestión Industrial la ficha reducida para un Citroën Cactus. Ese mismo día presentó el vehículo a inspección técnica en la estación de Pereiro de Aguiar, obteniendo la tarjeta de inspección técnica española necesaria para la matriculación. Al día siguiente, matriculó el vehículo a nombre de su hermano, aportando una factura de venta del 25 de agosto de 2019 a nombre de otra persona, consiguiendo así las placas de matrícula.

Posteriormente, el 3 de junio de 2020, el primer acusado solicitó la ficha reducida para un Mini y días después su hermano presentó el coche a inspección técnica, obteniendo la TIT. El 1 de julio de 2020 se matriculó a nombre del segundo hermano, utilizando una factura falsa con fecha 28 de junio de 2020. Ese vehículo también había sido sustraído en Portugal y fue vendido el 9 de julio de 2022.

El procedimiento, según la Fiscalía, se repitió con otros vehículos de distintas marcas, entre ellos un segundo Mini, un BMW, un Mercedes Benz, un Fiat, un Citroën C3 y un Peugeot 508. En todos los casos, los hermanos habrían utilizado facturas falsas y manipulado la documentación para lograr la matriculación y posterior venta en territorio español de coches robados en Portugal. Todo ello con precios que oscilaron desde los 9.500 euros hasta los 30.000 euros,

Por todo ello, el Ministerio Público considera que los hechos constituyen un delito continuado de receptación y un delito continuado de estafa, solicitando para cada uno de los delitos y cada uno de los acusados tres años de prisión, así como la correspondiente responsabilidad civil, la indemnización solidaria a cada una de las personas estafadas con la cantidad percibida por la venta de los coches. n