La Audiencia Provincial archiva la causa contra la Mina de Penouta por supuesto delito medioambiental

La Audiencia Provincial de Ourense ha desestimado el recurso de apelación presentado por la Federación Galega de Ecologistas en Acción, ratificando así el archivo de la causa contra la Mina de Penouta por un supuesto delito medioambiental acordado inicialmente por el juzgado de A Pobra de Trives el pasado 29 de octubre.

El caso se remonta a 2023, cuando Ecologistas en Acción presentó una denuncia por supuestos vertidos e irregularidades ambientales vinculadas a la actividad de la explotación de Penouta— la única mina de coltán de Europa—, en aquel entonces propiedad de Strategic Minerals Spain. Dos años más tarde, el juzgado de instrucción de Trives acordó archivar la causa y ahora la Audiencia Provincial ratifica su decisión, concluyendo que «no existen indicios suficientes de criminalidad» para continuar con la tramitación del proceso penal, por lo que la resolución es firme y contra ella no caben más recursos.

En los fundamentos jurídicos, la sala subraya que para que exista un delito ambiental bajo el artículo 325 del Código Penal es necesario «acreditar que los vertidos o extracciones causen o puedan causar» daños «sustanciales» a la calidad del aire, del suelo, de las aguas, de la fauna o de la flora.

Así pues, la Audiencia destaca que las actuaciones practicadas hasta la fecha «no permiten deducir objetivamente datos de naturaleza incriminatoria» que vinculen directamente a la parte investigada con los vertidos causantes de la supuesta contaminación.

El tribunal se apoya en los informes técnicos presentados por los departamentos de criminalística de la Guardia Civil y los informes del Seprona emitidos entre 2024 y 2025. Según el auto esas diligencias «no permiten avalar» la existencia de un impacto ambiental de «naturaleza sustancial» «ni un peligro grave para el medio ambiente» en la zona.

Los valores denunciados

La denuncia penal presentada por Ecologistas en Acción en relación a vertidos supuestamente procedentes de esta mina de coltán, alertaba de que las analíticas realizadas en el entorno de la explotación minera mostraban niveles de concentración de metales pesados «alarmantes».

En concreto, explicaban que los análisis efectuados en uno de los regatos situados aguas abajo de la mina, dentro de la Red Natura 2000, arrojaban «unos valores de cadmio que superaban 112,5 veces el valor máximo permitido» por las normas de calidad ambiental, por tratarse una sustancia tóxica y cancerígena. Asimismo, apuntaban que los valores de arsénico superaban «por 30 el nivel legal» permitido.

Por estos hechos, la entidad ecologista denunciaba un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales en su modalidad agravada de riesgo para la salud de las personas.

No obstante, con esta resolución, la Audiencia Provincial ratifica el sobreseimiento provisional de la causa al considerar que las pruebas practicadas no permiten sostener la existencia de ese ilícito penal; aunque recuerdan los magistrados que la instrucción podrá reabrirse «si con nuevos actos se acreditarán aquellos extremos».

Parálisis e impacto social

La nueva promotora de la mina— Energy Transition Mineral Spain, una empresa australiana que ha tomado el relevo de Strategic Minerals— valora positivamente la decisión judicial ya que «aporta seguridad jurídica para avanzar en la reactivación de la actividad minera».

Así lo expresan en un comunicado, porque cabe recordar que la resolución judicial se produce en un contexto marcado por la paralización de la actividad de Penouta. En junio de 2024 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló la resolución administrativa de la Xunta al apreciar riesgos ambientales, dejando sin efecto el permiso de explotación y provocando un fuerte rechazo social en la comarca de Valdeorras y, en especial, en Viana do Bolo, lugar de origen de la mayor parte de la plantilla.

La mina llegó a dar empleo a 129 trabajadores que, a finales de 2023, con la paralización todavía provisional de la actividad, salieron a manifestarse bajo el lema «Queremos trabajar, no queremos emigrar». Diversos colectivos defendieron la continuidad del proyecto al considerarlo esencial en la comarca. Entre ellos, la Mesa para el Desarrollo Renovable Industrial de Galicia subrayó la importancia de la explotación por ser «la única industria relevante en una comarca envejecida» donde el sector primario «no tiene peso económico suficiente».

En la misma línea, la Diputación Provincial aprobó en junio del 2024 una moción por unanimidad en la que pedían que se tomasen «decisiones oportunas» para que la mina volviese a funcionar, cumpliendo los requisitos medioambientales y que «no se vean afectados los puestos de trabajo» que «tanto necesita la Galicia vaciada».

Un paso hacia la actividad

Ahora, tras el relevo empresarial y con la nueva resolución, la nueva compañía da un paso adelante hacia la reactivación de la única mina de coltán de Europa. Un paso hacia la reapertura que ya comenzó la semana pasada.

La firma australiana, ETM Spain, rubricó el 12 de febrero un convenio con la Comunidade de Montes Veciñais e Man Común de Dehesa da Chanca para regular el uso de las 184 hectáreas en las que se ubica la mina, en el municipio de Viana do Bolo. El acuerdo se articula en dos contratos diferenciados y fija un horizonte temporal que puede alcanzar los 11 años desde la puesta en marcha de la sección C, el máximo legal previsto para este tipo de arrendamientos.

Entre los puntos del acuerdo se contempla la compatibilidad entre la actividad extractiva y los usos tradicionales del monte, incluyendo la posibilidad de mantener el aprovechamiento de pastos en zonas habilitadas y en condiciones de seguridad. A ello se suma el compromiso, mediante comunicado, de la empresa de priorizar la contratación de vecinos del municipio de Viana do Bolo y de los concellos colindantes «priorizando el impacto positivo en el entorno local».

Así las cosas, con el archivo de la causa penal ratificado por la Audiencia, la compañía reitera su compromiso con una gestión «rigurosa y responsable», basada en el cumplimiento de la normativa medioambiental y en la colaboración con las administraciones públicas y los agentes implicados, con el objetivo de impulsar un proyecto que defiende como «sostenible» y «generador de valor para el entorno».

Suscríbete para seguir leyendo