Medio Ambiente
El Supremo ratifica la inacción de Confederación Hidrográfica y Xunta ante la contaminación de As Conchas y le obliga a impedir vertidos agronaderos contaminantes
En un fallo histórico en materia de protección del medio ambiente, Inadmite los recursos de ambas administraciones contra la sentencia del TSXG que les culpa al no actuar ante la degradación de este embalse y del río Limia, al no prohibir que se vertieran purines sin depurar

Vista del embalse de As Conchas invadido de cianobacterias por vertidos agroganaderos contaminados | FDV
El Tribunal Supremo ha cerrado definitivamente el caso del embalse de As Conchas y el río Limia en la comarca limiana, en Ourense, al inadmitir los recursos de casación presentados por la Xunta y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza (TSXG) de Galicia, dictada en julio de 2025. Con esta decisión, el alto tribunal confirma la resolución que atribuye a la inacción de las administraciones públicas, la vulneración de derechos fundamentales de la población afectada por la contaminación procedente de explotaciones de ganadería industrial.
La sentencia, que ya es firme y ejecutable, reconoce la vulneración de derechos como el derecho a la vida y a la integridad física, al domicilio y a la vida privada, a la propiedad y al acceso al agua. Además, obliga a las autoridades competentes a adoptar de forma efectiva las medidas necesarias para frenar la degradación del embalse y restaurar el entorno.
En su providencia, el Supremo respalda los argumentos del TSXG y subraya que la resolución se apoya en una amplia base documental y científica. En ella se acredita que la contaminación por nitratos y la eutrofización del embalse superan los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud, generando riesgos para la salud, los usos recreativos y los abastecimientos de agua, con un impacto directo en la calidad de vida de la población.
Las personas demandantes y las organizaciones que han respaldado el caso —Amigas de la Tierra, ClientEarth y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)— celebraron la decisión judicial, que consideran una victoria histórica en la defensa de los derechos fundamentales frente a los impactos ambientales de la ganadería industrial.
Mercedes Álvarez de León, vecina afectada y demandante, calificó el fallo como «un día histórico» y aseguró que la sentencia demuestra que es posible ganar batallas que parecían perdidas. «Las administraciones tendrán que acatar la resolución y devolvernos un medio ambiente limpio», afirmó.
En la misma línea se expresó Pablo Álvarez Veloso, presidente de la asociación vecinal local, quien destacó que el Supremo deja claro que las administraciones deben velar por los derechos humanos. «Primero la salud, primero el agua limpia y primero una vida digna en nuestros pueblos», subrayó.
Desde las organizaciones ecologistas, Blanca Ruibal, coordinadora de Amigas de la Tierra, señaló que la confirmación de la sentencia envía «un mensaje muy claro» a las administraciones para que restauren el embalse y prioricen la salud de la población frente a intereses económicos. Por su parte, Nieves Noval, de ClientEarth, reclamó la ejecución inmediata del fallo para que los derechos reconocidos se traduzcan “sin demora” en mejoras reales para las comunidades afectadas.
Sinopsis de un fallo histórico
SXG dictó una sentencia histórica en el caso de la contaminación del embalse de As Conchas y el río Limia, que concluía que las autoridades estatales y autonómicas vulneraban los derechos fundamentales de los residentes, según la Constitución la legislación europea de derechos humanos, al no actuar frente a la contaminación generada por cientos de explotaciones porcinas y avícolas.
El fallo obligaba a las autoridades competentes a tomar medidas efectivas para poner fin a la contaminación con las herramientas necesarias para poner fin a la contaminación del embalse de As Conchas y la comarca de A Limia y la Baixa Limia, y restaurar el derecho a la vida, la salud y el disfrute del entorno de la población
En agosto de 2025, la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica Miño-Sil presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo, buscando anular la sentencia. El Supremo inadmite ahora los recursos y confirma el fallo del TSXG. n
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