El juez analiza si es legal que Jácome cobre como alcalde y por su televisión sin pedir la compatibilidad

Bajo un diluvio, mientras los periodistas pretendían conocer su versión sobre la investigación que lo ha obligado a presentarse este viernes en calidad de investigado ante el juez, Gonzalo Pérez Jácome se acercó a la prensa local pero se limitó a hablar sobre el Entroido, horas antes de subirse al escenario de la Plaza Mayor para dirigirse a los congregados en el saludo de la celebración. Antes de ese momento de disfrute, y sin querer responder a la pregunta concreta de un informador sobre cuánto ingresa por sus actividades empresariales, al regidor le tocó el trago de comparecer ante el magistrado instructor que investiga si ha incurrido en algún delito por compaginar, desde que accedió al cargo en 2019, el salario con dedicación exclusiva de alcalde de Ourense con los ingresos de su actividad privada, fundamentalmente los que genera su televisión Auria TV, el altavoz del gobierno municipal de Democracia Ourensana. Jacóme inició los trámites en agosto de 2019 pero no llegó a solicitar la compatibilidad para mantener la actividad empresarial, cuya aprobación compete al pleno. Ha continuado percibiendo los beneficios reportados por su actividad empresarial, a la vez que cobraba el salario público. Así lo reconoció en su declaración, aunque el regidor entiende que esa dualidad está permitida por ley.

Una querella del exconcejal de DO Telmo Ucha dio lugar a la apertura de estas diligencias penales. La acusación particular aprecia indicios de posibles delitos de prevaricación, malversación o falsedad documental, aunque el juez ha encuadrado las diligencias en una posible apropiación indebida. Son, en todo caso, calificaciones provisionales. La concreción de la infracción penal se establecería en el auto y los escritos de acusación, en el supuesto que de la causa llegue hasta ese punto.

Practicada la mayor parte de la prueba documental, tras el interrogatorio de este viernes del alcalde y de dos técnicos del Concello como testigos —los actuales asesor jurídico jefe y city manager—, no se prevén nuevas citaciones. Ahora es el turno de que el magistrado Leonardo Álvarez analice si los hechos tienen encaje en algún posible delito, o bien si procede el sobreseimiento, como ya ha solicitado la defensa, que ejerce Luis Salgado Carbajales. El juez cuenta con pruebas documentales como el certificado de los salarios que ha percibido Jácome en el Concello desde 2019, más las declaraciones de impuestos y renta que acreditan la percepción de ingresos públicos y privados.

Es la «enésima denuncia sin base contra mí», publicó unas horas después el regidor en sus redes sociales. Califica la querella del exconcejal Telmo Ucha como «de las más surrealistas». El regidor ourensano sostiene que esta acción penal reproduce otras ya sobreseídas. «Es la misma denuncia que ya presentó otro personal de confianza de DO, Palacios, que fue archivada por la Fiscalía en 2024 y por el Tribunal de Cuentas en 2025», dice el regidor. «De estos archivos se dio traslado al juzgado hace siete días».

Eduardo Sánchez es el abogado de la acusación. «El resumen de la declaración es que quedan acreditados todos los hechos que describimos, y ahora solo falta que se interpreten jurídicamente». Jácome declaró a todas las partes, incluido al fiscal y al magistrado, salvo al letrado de su exconcejal Ucha.

Antes del alcalde declararon ante el juez, como testigos, el actual coordinador general, que en su día ejercía como asesor jurídico jefe y elaboró un informe sobre cuáles eran las excepciones legales para poder lograr la compatibilidad. El técnico se ratificó en ese dictamen, según el abogado de la acusación, porque el testigo no explicó su versión ante la prensa.

Sí ofreció declaraciones públicas Javier García Gago, jefe actual de la asesoría jurídica y, antes, adjunto. Fue delegado sindical de la CIG y tuvo responsabilidad orgánica en la estructura provincial del PSdeG. Antes de que Telmo Ucha presentase una querella, solicitó explicaciones en la vía administrativa, en el Concello. Gago fue interrogado este viernes sobre su respuesta a aquella consulta.

«En el momento de presentar la denuncia, el señor querellante no tenía la condición de interesado, un estatus definido en la ley. Cuando era concejal sí que lo tenía, y podía haber presentado denuncia sobre cualquier tema, pero no la presentó. En el momento de presentar la denuncia no tenía condición de interesado y yo informé constatando eso, y que por lo tanto no había posibilidad de entrar en el fondo del asunto, porque él no tenía interés legítimo», manifestó el asesor jurídico a los periodistas, tras su declaración. Sobre la cuestión de la compatibilidad del alcalde, por si tiene encaje legal, no fue interrogado. «El juez no permitió que me preguntaran sobre eso, creo que acertadamente, porque yo soy testigo, no perito», expresó Gago.

Tras limitarse a hablar del carnaval de la ciudad a su llegada, Jácome abandonó el edificio judicial sin hacer declaraciones. Se marchó en taxi junto a su letrado, el concejal y diputado provincial Rafael Cachafeiro y su jefa de gabinete y exconcejala, Susana Gómez.

Suscríbete para seguir leyendo