El estado de San Francisco y del CEIP Manuel Luis Acuña acaparan el pleno

El salón de plenos del Concello de Ourense celebró una sesión ordinaria marcada por los problemas en vivienda, educación y patrimonio recriminados por la oposición al grupo de gobierno, al que, como ya es costumbre, acusaron de «mala gestión».

El pleno comenzó con un trámite administrativo que contó con el respaldo unánime: la fijación de los festivos locales para 2027. Así, los ourensanos disfrutarán del 9 de febrero—Martes de Entroido— y el 11 de noviembre—San Martiño— como jornadas no laborables en 2027. Pero hasta ahí llegó el consenso.

La vivienda se convirtió en el primer enfrentamiento. Desde el PP, Sonia Ogando defendió una moción relativa a la «falta de planificación urbanística municipal» para «poder dotar de vivienda pública» la ciudad. La edil denunció un «bloqueo» en la concesión de licencias con esperas de hasta dos años e instó al Concello a ceder suelo a la Xunta, defendiendo que el Gobierno autonómico tiene planes para «más de 1.600 viviendas en la ciudad».

La respuesta del gobierno de Democracia Ourensana llegó por parte del concejal de urbanismo Francisco Lorenzo quien calificó de «risible» la petición, acusando al PP de haber «regalado» más de 12.000 metros cuadrados de aprovechamientos a promotores privados entre 1997 y 2002. Por su parte, el regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome elevó el tono asegurando que el problema de la vivienda en España es una «broma» provocada por la falta de voluntad política y la burocracia, sugiriendo que el suelo debería ser gratuito. Mientras el PSOE tildó de «hipócrita» al PP por utilizar la vivienda como arma contra el alcalde tras años de inacción. Así, la moción fue rechazada con las abstenciones de Democracia Ourensana y el PSOE y la negativa del BNG, que recordó que en Ourense ciudad «hay 15.000 pisos vacíos».

Rehabilitar San Francisco

En el apartado de infraestructuras y servicios sociales, la tensión no decayó. El PSOE reclamó al gobierno municipal solicitar fondos del programa «2% Cultural» del Ministerio de Vivienda, destinado a la rehabilitación de la antigua iglesia del convento de San Francisco. La concejala Natalia Benítez calificó este monumento como la «pieza que falta» para completar el complejo cultural que ya integran la Biblioteca Pública y el Archivo Histórico. El BNG apoyó la propuesta denunciando el avanzado estado de degradación del inmueble, que actualmente presenta muros derrumbados y vallas provisionales, llegando a describirlo como un «vertedero de ratas» por la falta de actuación institucional.

Sin embargo, desde Democracia Ourensana, Lorenzo explicó que el proyecto actual, que prevé un espacio museístico de tres plantas, no encaja en las bases de la subvención estatal. Según el concejal, el artículo 10 de la orden reguladora excluye las obras de «nueva planta», categoría en la que entraría técnicamente el nuevo diseño. Así que desde el ejecutivo local se instó a la Xunta de Galicia a retomar su compromiso de financiación de 1,6 millones de euros para este patrimonio. Convenio que la bancada popular recordó que «expiró» porque el alcalde no tuvo «ningún interés» en ejecutar la obra.

Pese a las dudas técnicas planteadas por el grupo de gobierno, la moción fue aprobada gracias al voto a favor de toda la oposición—PP, PSOE y BNG—, contando únicamente con la abstención de DO.

Auxiliar el Manuel Luis Acuña

Los socialistas llevaron además una moción sobre la situación en el CEIP Manuel Luis Acuña, denunciando condiciones que califican de «deplorables y desastrosas», recordando que hay alumnado de entre 4 y 12 años que se ve obligado a permanecer en las aulas y en el comedor «con los abrigos puestos» debido a constantes fallos en la calefacción. Pretendían con esta moción exigir al Concello ya la Xunta «actuaciones urgentes» trasladando una radiografía del centro escolar crítica, apuntando que la biblioteca «es inutilizable en invierno» porque una ventana no cierra y que los baños de la planta baja están «apuntalados con pupitre reciclados» en lo que la edil Cristina Cruz describió como «remiendos Frankenstein realizados por el Concello ante la inacción de la Xunta».

Los socialistas criticaron que ante la presión ejercida por los padres, que llegaron a presentar 600 firmas esta misma semana en la delegación territorial de la Xunta en Ourense, y «oportunamente» poco antes del pleno, el Ejecutivo autonómico anunció una inversión de un millón de euros para una reforma integral; reforma que, afean, llega tarde. Una denuncia a la que se sumó el BNG que recordó que ya se prometió lo mismo en 2023, antes de las elecciones gallegas, sin que se haya licitado nada hasta la fecha.

El debate derivó en la culpa entre administraciones. Mientras el PP defendió que la unidad técnica de la Xunta supervisa el centro, incluso con drones para inspeccionar el tejado, y achacó las filtraciones a canalones que «no dan abasto» por las lluvias actuales, desde el gobierno municipal la concejala Tamara Silva aseguró que el concelló ya ha tenido que actuar de urgencia colocando «chapas provisionales» cuando «voló» parte del tejado en 2025.Así las cosas, la moción salió adelante con los votos favorables de DO, PSOE y BNG para exigir las obras mientras que el PP se abstuvo.

Finalmente, en el apartado de ruegos, el Bloque Nacionalista Galego denunció irregularidades sonoras en la discoteca «Desorden», al respecto, el ejecutivo municipal indicó que se ha abierto un trámite de audiencia de diez días tras un informe técnico que detectó equipos de música no controlados por el limitador oficial.

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