Ganaderos y agricultores gallegos llevarán sus tractores a Madrid para continuar sus protestas
Tras la irrupción esta mañana, por la fuerza, de un centenar de ganaderos en la Subdelegación del Gobierno en Ourense, acordaron mantener otra reunión, ya oficial, el día 20 de febrero
La reunión se celebró en un clima de crispación, pues acaban de recibir las primeras multas de Tráfico de hasta 3.000 euros por tractor por los cortes durante las manifestaciones en vías públicas y en la autovía.

Despliegue policial en la Subdelegación del Gobierno de Ourense tras la irrupción de los ganaderos y agricultores / Iñaki Osorio
El centenar de ganaderos que entró esta mañana en la Subdelegación del Gobierno en Ourense sin previo aviso, para forzar una reunión con el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos, anunció, tras varias horas de negociación y en un ambiente de fuerte vigilancia policial dentro y fuera del edificio oficial, que volverán a mantener el día 20 una reunión con el subdelegado para empezar a negociar «desde cero» la ruptura del acuerdo con Mercosur. Pero antes, el 11 de febrero, llevarán su protesta a Madrid, adonde podrán desplazarse gracias a la colaboración de empresas de transporte, que llevarán los tractores en góndolas por carretera.
«Pese al daño que reconocemos que hemos hecho al sector del transporte con nuestras movilizaciones, algunas empresas se han ofrecido para que podamos trasladar los tractores que sea posible en sus medios de transporte especiales, aunque serán pocos. Por eso, luego los ganaderos, por operatividad, viajaremos a Madrid en autobuses», indica Óscar Joga, uno de los ganaderos que entró esta mañana en la reunión forzada con el subdelegado.
Una reunión que se produjo en un clima de crispación, dado que empezaron a llegar multas de Tráfico de hasta 3.000 euros por tractor por las movilizaciones de protesta que llevan semanas realizando con sus tractores en diversos puntos de la vía pública y de la A-52. Anuncian que, si no consiguen negociar que se les retiren estas fuertes multas, recurrirán a gabinetes jurídicos para intentar evitar esta nueva «agresión» económica, afirman, pues «solo estamos defendiendo nuestros derechos y también la calidad de los productos que compran los consumidores».
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