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Investigación

La familia del alumno que murió por la caída de un muro en el instituto recurrirá

La acusación particular quiere aclarar si hubo responsabilidades por un resultado distinto al proyectado del tabique del vestuario del instituto que se vino abajo y atrapó al adolescente, en octubre de 2022

Mural de homenaje, en el instituto, en recuerdo del alumno fallecido. | IÑAKI OSORIO

Mural de homenaje, en el instituto, en recuerdo del alumno fallecido. | IÑAKI OSORIO

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

La acusación particular ha decidido presentar recurso contra el auto de sobreseimiento dictado por la magistrada Eva Armesto en la causa por un presunto delito de homicidio imprudente, en la que se han investigado las posibles responsabilidades penales por la muerte, en octubre de 2022, de un alumno de 15 años a causa de la caída de un tabique que separaba la zona de las duchas del cambiador, en el vestuario masculino del pabellón deportivo del IES Julio Prieto Nespereira, el Sexto Instituto de Ourense. Los padres del menor, que cursaba Tercero de ESO, quieren llegar al fondo del asunto y han tomado la decisión de recurrir, tras estudiar las opciones legales junto a su abogado, Jorge Temes. La Fiscalía pidió el archivo.

En la causa llegó a haber 14 investigados, más dos aseguradoras como posibles responsables civiles. En el procedimiento se aportaron indicios que apuntaban a que presuntamente el diseño definitivo del muro fue cambiado con respecto al original, así como también a que la ejecución no fue correcta y el estado de la división en el vestuario era inestable cuando ocurrió la desgracia. Entre los investigados se encontraban un aparejador y un arquitecto, los técnicos responsables de la fase de dirección y ejecución de la obra, pero ambos fallecieron.

La acusación particular quiere que se indague si existen posibles responsabilidades en relación a la falta de control y comprobación de que la obra recepcionada no se correspondía presuntamente con el proyecto inicial. En la instrucción, la jueza recabó pruebas documentales y recogió declaraciones de funcionarios de la Xunta, personas de la empresa de construcción y de la compañía de control de calidad.

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