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Protesta de pensionistas para una subida estable de la prestación por el IPC

Exigen un incremento directo por ley, para que no dependa de disputas políticas en el Congreso

Concentración de protesta, ayer, en Ourense.|  FdV

Concentración de protesta, ayer, en Ourense.| FdV

REDACCIÓN

Ourense

Un c colectivo de personas jubiladas y pensionistas, convocada por la C CIG, se concentró ayer as oficinas del INSS de Ourense, para exigir la aprobación y aplicación inmediata de la subida de las pensiones prevista para este 2026 y al tiempo demandar al revalorización automática por ley conforme al IPC real, evitando así que el incremento de las cuantías dependa de una votación en el Congreso. «Basta ya con subidas insuficientes basadas en el IPC medio. Porque mientras la revalorización no sea automática y blindada legalmente, las pensiones seguirán siendo moneda de cambio entre el PP, el PSOE y otras fuerzas políticas. Seguiremos siendo víctimas de un juego de trileros en el que siempre perdemos», denunció el colectivo durante las protestas. Criticaron que las pensiones se hayan convertido «en un instrumento más de la confrontación política» que lleva a resultados «como la votación de la pasada semana en el Congreso, que tumbó una subida que ya era claramente insuficiente, pero que ahora ni siquiera e va a aplicar». Por eso, incidieron en la necesidad de que se establezca por ley la revalorización automática para impedir «que se mercadee con nuestros sustento» y que esta siga tomando la referencia el IPC real «y no s índices que nos empobrecen a las personas jubiladas».

Por una «pensión digna»

Además los manifestantes, con protestas paralelas en las grandes ciudades gallegas, reivindicaron la derogación de las «injustas, lesivas y regresivas» reformas de las pensiones, comenzando por la del 2011, «que deterioran el poder adquisitivo, debilitan el sistema público y dificultan el acceso la una pensión digna».

Reclaman una pensión mínima igual al Salario Mínimo Interprofesional, tal y como recoge la Carta Social Europea, es decir en la cuantía del 60% del salario medio estatal. «No aceptamos que se utilicen nuestras pensiones como arma política», ratificaron.

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