La abogacía de Ourense acusa a la Xunta de «imponer el trabajo gratuito» en el turno de oficio, pero Xustiza reitera su afán de negociar el pago

Un nuevo choque entre el colegio profesional de la abogacía ourensana y Xunta sobre las remuneraciones de los letrados del turno de oficio. La reivindicación de retribuciones justas y dignas es uno de los caballos de batalla de la decana, Marta Gómez Álvarez, que mantiene en el cargo el afán de cambio que la llevó al puesto cuando era una de las profesionales más activas en Ourense en las manifestaciones y protestas del colectivo.

La semana pasada, la abogada decana culpó a la Xunta de «precarizar» el turno de oficio por proponer un nuevo baremo de pagos que contempla incrementos de menos de un euro en algunos conceptos y deja actuaciones sin pagar, según la versión del colegio. «Nos obligan a trabajar gratis. Se exige más trabajo, más responsabilidad y más obligaciones, pero no se pagan», denunció Marta Gómez. En la réplica, la Dirección Xeral de Xustiza aseguró que la «postura inmovilista» de la decana impide avanzar en las negociaciones y diálogos, a las que la administración se muestra dispuesta. La nueva controversia, exteriorizada este lunes por el Colexio da Avogacía de Ourense, alude a la reivindicación de remuneraciones para los profesionales del turno de oficio por su intervención en los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC), destinados a resolver conflictos sin necesidad de buscar la solución en un juzgado.

«La Xunta sitúa a Galicia a la cola de España en la defensa de la justicia gratuita al imponer el pago cero a sus abogados y abogadas», critica el colegio profesional de Ourense en un crítico comunicado.

La pasada semana, «la Xunta rechazó la justificación y el pago de estas actuaciones, lo que supone imponer trabajar gratis a los profesionales que prestan el servicio público de justicia gratuita y turno de oficio». Según el colegio, «la Xunta se niega a abonar a los letrados y a las letradas contraprestación alguna por los MASC, pese a ser obligatorios», resalta. «La gravedad del asunto se incrementa si se tiene en cuenta que, meses atrás, cuando la junta de gobierno del Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense acordó no designar compañeros para realizar trabajos no remunerados (en concreto, los indicados MASC), se advirtió inmediatamente de imputaciones penales por prevaricación administrativa», asegura la entidad.

«Es inasumible. La imposición del trabajo gratuito por la Xunta pone en serio riesgo el servicio público de justicia gratuita y la tutela judicial efectiva. Exigir una remuneración justa por un trabajo obligatorio no es inmovilismo ni corporativismo: es una cuestión elemental de legalidad, dignidad profesional y respeto al Estado de Derecho», subraya Marta Gómez.

La Xunta ve «inmovilismo»

Al igual que la semana pasada, este periódico ha recabado la versión de la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes. «A Xunta sempre mantén a vontade de diálogo e man tendida cos colectivos que representan os profesionais do ámbito da xustiza», asegura la administración autonómica. «Xa a pasada semana manifestamos a nosa sorpresa respecto do comunicado emitido polo Ilustre Colexio da Avogacía de Ourense e as afirmacións da súa decana respecto da prestación do servizo de xustiza, que desmentimos, dado que foi a súa postura inmobilista a que impediu avanzar nas negociacións e o diálogo, aos que a Xunta sempre estivo e está disposta», reitera. «É falso que a Xunta ignore ou desprece os profesionais», defiende.

Tras las nuevas declaraciones, la Dirección Xeral de Xustiza asegura que «en todo momento está disposta a negociar o pago dos MASC». La Xunta destaca que «xa houbo conversas para a súa indemnización, pero novamente foi a posición inmobilista da representante do Consello da Avogacía Galega, a que impide avanzar na fixación desta indemnización. Lamentamos por tanto esta postura e volvemos tender a man para que haxa vontade real de diálogo».

El colegio profesional de la abogacía en Ourense ve «un agravio comparativo intolerable». La institución señala que «mientras otras comunidades autónomas —incluso gobernadas por el mismo signo político— retribuyen estas actuaciones con cantidades superiores a los 300 euros, en Galicia se impone el cero absoluto, al igual que ocurre con las guardias, que siguen sin compensación por disponibilidad, desplazamientos ni cotizaciones», critica el colegio.

La no justificación y pago a los profesionales del turno de oficio por su intervención en los MASC perjudicaría, advierte al colegio, «a los beneficiarios del servicio público, que no gozarán de los mismos medios para acceder a la justicia que los clientes que tienen capacidad económica para asumir los gastos del procedimiento». Además, «sitúa a los profesionales en una situación de absoluta indefensión, resultando manifiestamente injusta y arbitraria, al hacer recaer en los profesionales los costes de un servicio público esencial, vulnerando el principio de retribución por el trabajo realizado y contradiciendo la normativa que integra la asistencia letrada en los MASC dentro de las prestaciones cubiertas por el servicio de justicia gratuita», argumenta la entidad.

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