La decana de la abogacía de Ourense acusa a la Xunta de «precarizar» el turno de oficio y Xustiza le afea su «postura inmovilista»

La abogada Marta Gómez Álvarez se convirtió en una de las principales activistas en Ourense en las manifestaciones y la huelga del turno de oficio. Propulsada por el espíritu colectivo de reivindicación lideró una candidatura alternativa que se impuso con claridad en las elecciones del Colexio da Avogacía de Ourense, en diciembre de 2024. Tras su triunfo se comprometió a mantener en la institución el pulso de las protestas y las quejas del sector. Un ejemplo es el recurso presentado por el colegio profesional y el apoyo a las movilizaciones en las semanas previas a la entrada en vigor de la centralización, en un juzgado de la ciudad, de los casos de violencia de género y sexual del rural, de las comarcas de Verín, O Carballiño, A Limia, O Ribeiro, Celanova y A Baixa Limia. Otra demostración es el reproche público contra la Xunta en relación al turno de oficio y a las bajas retribuciones económicas de los profesionales que participan en la asistencia a ciudadanos beneficiarios del derecho a justicia gratuita.

El Colexio da Avogacía censura que «estando a mediados de enero de 2026, la Xunta de Galicia continúa sin presentar un baremo económico justo y actualizado para el turno de oficio, una situación que pone en serio riesgo la sostenibilidad de un servicio público esencial». La decana considera que la administración «está despreciando de forma consciente y reiterada a los profesionales del turno de oficio. No presentar un baremo digno no es solo una cuestión técnica, es una decisión política que castiga a quienes sostienen la justicia gratuita. La Xunta no contempla en su baremo las nuevas actuaciones. Nos obligan a trabajar gratis», dice Gómez.

FARO contactó con la Consellería de Presidencia para conocer la versión de la Xunta. La Dirección Xeral de Xustiza expresó su «sorpresa» por las afirmaciones de la decana, «que desmentimos, dado que foi a súa postura inmobilista a que impediu avanzar nas negociacións e o diálogo, aos que a Xunta sempre estivo e está disposta. É falso polo tanto que a Xunta ignore ou desprece os profesionais».

La Xunta subraya que, en la prestación del servicio de justicia gratuita, «Galicia é unha das comunidades autónomas cos baremos máis elevados e das máis áxiles no seu pagamento. Cada ano mellórase o convenio coa actualización de novos conceptos, algúns que non recolle a normativa estatal. Sitúase ademais nos primeiros postos a nivel estatal na compensación a estes profesionais», esgrime la consellería de Presidencia.

El pasado noviembre, el Consello da Avogacía Galega comunicó oficialmente que no firmaría el convenio del baremo del turno para el año 2026, al considerar que la propuesta del gobierno autonómico era insuficiente y no garantizaba una prestación digna. El colegio de Ourense recuerda que los profesionales de la abogacía «sostienen un servicio esencial para decenas de miles de personas en Galicia, muchas de ellas en situación de especial vulnerabilidad». La institución reivindica que la retribución «debe reflejar la elevada responsabilidad que asumen».

El incremento de las funciones del turno de oficio con la nueva legislación no se retribuye de la manera adecuada, consideran. «Se exige más trabajo, más responsabilidad y más obligaciones, pero no se pagan», subraya Marta Gómez.

«No cubre la subida del IPC»

El Colexio da Avogacía de Ourense denuncia que el incremento económico planteado por la administración autonómica «no cubre la subida del IPC que se viene arrastrando desde hace más de dos décadas, y la propuesta apenas permitiría absorber el aumento de asuntos previsto, lo que evidencia el escaso interés que la Xunta de Galicia está dedicando al mantenimiento y fortalecimiento del servicio público de justicia gratuita. Hay conceptos que subirán menos de un euro», indica la institución.

Desde la Dirección Xeral de Xustiza sostienen que «o ano pasado acadáronse os 15 millóns de euros para este servizo e, neste 2026, a partida sobe ata os 18,5 millóns, o que supón un incremento de case o 20%. Inclúese ademais o compromiso do pago da infraestrutura aos colexios a ano vencido. Galicia destaca tamén por incluír o maior número de conceptos e axilidade na tramitación da indemnización», resalta la Xunta.

«Hablar de justicia gratuita mientras se paga por debajo del IPC y se ignora el incremento real de asuntos y la existencia de nuevas actuaciones que se unen a las que ya no se abonaban, igual que no se abonan las guardias o la disponibilidad, es una contradicción intolerable. La Xunta no puede presumir de derechos mientras precariza a quienes los garantizan», advierte la decana.

«Si la Xunta continúa por este camino, no solo está atacando a la abogacía que presta el servicio público de justicia gratuita en el turno de oficio, está poniendo en riesgo el acceso real a la justicia de miles de personas vulnerables».

El Colexio da Avogacía de Ourense se muestra dispuesto a dialogar y negociar, pero exige una propuesta «seria, responsable y ajustad a la realidad del servicio». La decana avisa de que «el turno de oficio no puede seguir funcionando a costa del sacrificio personal y económico de los profesionales. La Xunta debe rectificar de inmediato si no quiere ser responsable del deterioro de un servicio público esencial», concluye Gómez. Por su parte, la administración gallega asegura a este periódico que mantiene «vontade de diálogo e man tendida cos colectivos que representan os profesionais que prestan o servizo de xustiza gratuíta».

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