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Luis Menor, sobre Jácome: «No me agrada que un dirigente público tenga tantas querellas judiciales»

El presidente de la Diputación afirma que «tendrá que ser la justicia» la que adopte las medidas «en un sentido u otro», tras la citación al alcalde como investigado por presunto delito de apropiación indebida

Le brinda, no obstante, como a cualquier otra persona "la presunción de inocencia

REDACCIÓN

Ourense

Luis Menor, presidente provincial del PP y presidente de la Diputación de Ourense, administración que selló en su momento un pacto de supervivencia mutua en el Pazo Provincial y el Concello con el alcalde de la capital, Gonzalo Pérez Jácome, señaló ayer, tras la última querella contra el regidor por supuesto delito de apropiación indebida, que «no me gusta, ni le gusta a nadie, que un dirigente tenga tantas querellas y tenga que pasar buena parte de su actividad declarando delante del e juzgado».

No obstante, señala que no ha tenido acceso a la querella y que antes de posicionarse «habrá que esperar a que la justicia haga su trabajo y adoptar las medidas en uno u otro sentido». Insistió en que «son muchas querellas, pero cada uno responde de sus actos», indicó, y como a cualquier otro «hay que partir de la presunción de inocencia».

Gonzalo Pérez Jácome fue citado a declarar en calidad de investigado ante el Juzgado de Instrucción nº1 de Ourense el día 13 de febrero de 2026 por un supuesto delito de apropiación indebida tras la denuncia presentada por uno de sus exconcejales en el Concello, Telmo Ucha.

Según el texto, «tiene dedicación exclusiva para el ejercicio de sus funciones», con una «asignación exclusiva de 74.850, euros», aprobada en el pleno del 12 de junio de 2023, pero «realiza actividades mercantiles y privadas con grandes ingresos».

«El máximo mandatario siempre nos dijo que se dedicaba a la labor de gobierno, parece ser que nos engañó no solo a sus entonces compañeros sino a toda la ciudadanía», recalca el querellante en su denuncia.

Señala que el regidor ourensano «ha seguido ejerciendo una actividad empresarial» y «utilizando los ingresos del Ayuntamiento, del partido y de las contrataciones» de manera «absolutamente opaca y nada transparente», una «actuación ilegal» que «debe implicar la devolución íntegra de todos los salarios percibidos en régimen de dedicación exclusiva, como mínimo, de los últimos cuatro años».

Asimismo, según recoge el auto judicial del Juzgado de Instrucción nº 1 de Ourense, se requiere al Ayuntamiento la remisión de una copia de certificado «sobre los salarios recibidos por el alcalde durante el mandato 2019-2023 y de 2023 hasta la actualidad».

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