El guardia civil acusado de no actuar contra un preso fugado busca una nulidad

La defensa del guardia civil acusado de no actuar contra un amigo que se fugó en marzo de 2021 durante un permiso de salida de Pereiro de Aguiar, la prisión de Ourense, busca la nulidad del procedimiento porque considera que se han vulnerado los derechos fundamentales del agente. Fue juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial por presuntos delitos de revelación de secretos y omisión del deber. La Fiscalía solicita cuatro años de prisión por el supuesto descubrimiento de secretos —o bien una multa de 2.700 euros, en una calificación alternativa—, así como inhabilitación para empleo y cargo público. Tras retirarse cinco minutos a deliberar después de la petición de nulidad formulada por el defensor en las cuestiones previas, la Audiencia decidió que se pronunciará sobre ese alegato en la sentencia. En la vista, el guardia civil ejerció su derecho a no declarar. Su versión de defensa recayó íntegramente en el abogado.

El agente se sienta en el banquillo por un presunto incumplimiento de su deber, por acceder a información en la base de datos relativa al fugado, conocer que había incumplido el alejamiento con respecto a su víctima y expareja —a la que incluso llamaba desde la cárcel— y, pese a todo, no intervenir ni informar a sus superiores. Las autoridades llegaron al guardia a partir de las escuchas practicadas a una amiga, una víctima de violencia de género del preso huido —el agresor fue condenado a 7 años, por intentar matarla con una azada en 2014— y, a la vez, sospechosa inicialmente en el conocido como caso del Lago de Sanabria, en el que resultó descartada como imputada y solo compareció como testigo en el juicio. Este proceso de asesinato fue resuelto por el jurado con un veredicto de culpabilidad y con unas condenas de 22 y 17 años de cárcel —cabe recurso— para una mujer y un hombre sentenciados por drogar y arrojar al lago a un varón de 70 años, vecino de Verín, con el objetivo de cobrar su pensión, en diciembre de 2019.

En una de las líneas de investigación del principio, la Guardia Civil puso el foco en la mujer —propietaria del piso en el que vivía el fallecido— y, a través de las escuchas realizadas con orden judicial, halló presuntas irregularidades del agente ourensano, con el que la mujer hablaba.

La Fiscalía defiende que se trató de «un hallazgo casual» —así lo manifestó también el investigador que lideró las averiguaciones en el crimen de Sanabria—, de manera que el ministerio público rechaza que existan razones para una nulidad. En cambio, la defensa sí considera que se vieron afectados el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones del agente encausado, porque el delito de la presunta omisión que se le atribuye «no justifica» una intervención de sus comunicaciones, expuso el abogado, que también alega en este caso una presunta vulneración a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías. Además, el defensor considera que, incluso sin aplicar la nulidad —su petición principal—, los hechos no tendrían encaje con los delitos atribuidos.

En cambio, el fiscal resaltó en su informe que el agente tenía «conocimiento directo y fehaciente» de la situación de fuga del recluso, así como de que había quebrantado la orden de alejamiento con respecto a su expareja víctima.

En las escuchas a las que fue sometida la mujer en la época de sospechosa —línea que después se descartaría—, presuntamente ella le dijo al guardia civil que había hablado con su ex por llamadas y que tenía la intención de fugarse en cuanto tuviera un permiso de salida. «Que coja y se marche», respondió presuntamente el agente, según el testimonio en el juicio del investigador del caso. La mujer también se habría comunicado con el funcionario cuando el recluso huido «saltó el charco», es decir, cruzó la frontera a Portugal. Pocos días después de que se consumase la fuga, la mujer preguntó al agente si había aparecido alguna noticia sobre ese hecho. «Salió, hombre, salió», contestó el acusado, según relata el investigador.

Este especialista detalló que, según las escuchas, el encausado llegó a hacer partícipe a la ex del fugado de que, en la base de datos, sobre el recluso constaba «no reintegro interno». Según los investigadores y la Fiscalía, el agente presuntamente accedió a la base de datos del cuerpo y obtuvo esa información sobre la fuga y la existencia de una orden de búsqueda, y se lo comentó a ella. En una auditoría posterior, la Guardia Civil comprobó que el encausado había efectuado esas búsquedas utilizando su tarjeta personal.

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