Aplazado un juicio por una boda ficticia al no presentarse la pareja implicada

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense tuvo que suspender ayer el juicio previsto contra una pareja acusada de contratar servicios para una supuesta boda sin intención de pagarlos. La vista no pudo celebrarse porque ninguno de los dos compareció y el tribunal ordenó dictar una requisitoria de búsqueda para poder citarlos antes de fijar una nueva fecha.

Según el Ministerio Fiscal, los hechos se remontan al verano y otoño de 2021, cuando ambos habrían organizado un enlace ficticio para contratar distintos servicios nupciales aun sabiendo que no podrían abonarlos. La acusación sostiene que, entre julio y octubre de ese año, encargaron la confección de trajes, la celebración del banquete, un reportaje fotográfico y los arreglos florales, actuando —siempre según el fiscal— con un mismo patrón: pagar pequeños anticipos para generar confianza y dejar sin abonar el grueso de las facturas una vez recibido el servicio.

El escrito fiscal detalla que el primer encargo fue la confección de dos trajes de boda y uno de madrina en un establecimiento de Verín, por un valor que superaba los 2.800 euros, de los que solo pagaron 1.204,75 euros en diferentes momentos, comprometiéndose a pagar el resto al final de la boda. Posteriormente contrataron el banquete en un restaurante de A Mezquita, con una factura de más de 3.700 euros, de la que habría quedado impagados tras la celebración la cantidad de 2.236.69 euros.

No lo dejaron ahí. Días antes de la supuesta boda «actuando con el mismo modus operandi», contrataron también la realización de un reportaje fotográfico por valor de 1300 euros, cuyo importe no fue abonado. A mayores, el mismo día del enlace encargaron los arreglos florales, otra factura pendiente. El perjuicio total para los proveedores afectados, sostiene la Fiscalía, asciende a algo más de 7.000 euros, en concreto 7.041 euros.

Tras las denuncias, la pareja habría realizado únicamente dos pagos parciales de pequeña cuantía a dos de los proveedores, una acción que para el Ministerio Público representa un intento de « evitar cualquier tipo de responsabilidad». Por estos hechos, el Ministerio Público pide tres años de prisión para cada uno de los acusados, además de la inhabilitación especial para el ejercicio del sufragio pasivo durante la condena y el pago de distintas indemnizaciones a los profesionales perjudicados, que supera los 5.000 euros.