El letrado judicial de Ourense que prostituyó a dos mujeres y reveló datos evita la prisión

La condena con la que se ha conformado un letrado judicial de Ourense que reveló datos de casos y víctimas, y que indujo a la prostitución a dos mujeres vulnerables —tenían pocos recursos económicos—, suma 4 años de prisión por los dos delitos, pero no tendrá que pisar la cárcel. La ley permite suspender las condenas de hasta 5 años de prisión si se cumplen requisitos como la ausencia de antecedentes, y así sucede en este caso. El acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y el propio encausado, formalizado por escrito el 30 de septiembre, es definitivo desde este martes. El autor de los delitos, Á. G. R., que no ejerce desde finales de 2022 como profesional de la justicia y se encuentra en situación de incapacidad permanente absoluta por razones psiquiátricas, acepta una sentencia que conlleva la suspensión de la pena de cárcel. Hay dos condiciones: no puede cometer ningún delito durante los próximos dos años y, además, debe pagar 3.600 euros de multa. "Estoy conforme, sí", respondió cuando la magistrada del Penal 2 le preguntó en la sala.

La conformidad conlleva 24 meses de prisión, 2 años de suspensión para empleo o cargo público y 2.700 euros de multa por el delito de descubrimiento y revelación de secretos. Por el de prostitución, el letrado judicial acepta 2 años, multa de 3.240 euros y 4 años de inhabilitación para empleo, cargo público y ejercicio de cualquier oficio o profesión que pueda tener relación con menores de edad. Cuando comenzó la causa contra él fue objeto de un expediente disciplinario, pero esa vía se archivó una vez que el reconocimiento de incapacidad permanente cerró su etapa de funcionario. La pena de suspensión pública tampoco tendrá que aplicarse.

Una denuncia ante la Guardia Civil sobre la situación de una mujer que había sido víctima de violencia machista descubrió que el letrado judicial había intercambiado con ellas varias conversaciones de WhatsApp. De ahí partió la investigación, en 2022, con unas diligencias declaradas secretas por el juzgado de Instrucción 1 de Ourense. El letrado judicial, que ahora es condenado, ejercía en el número 3, la sede que asume los casos de violencia machista. Por su trabajo tenía acceso a información sensible. A esa mujer le envió datos de procedimientos judiciales, a veces con fotos. Según la instrucción, aprovechándose de la situación de víctima de esa mujer, presuntamente intentó convencerla para que se prostituyera —ella no quiso—, y le dio información sobre su procedimiento y otros casos, asegurándole que la ayudaría con el suyo. Esa conducta buscaba supuestamente llegar a mantener relaciones sexuales con ella, aunque la sentencia no se refiere a cuál fue el móvil.

Según el acuerdo de conformidad entre la Fiscalía, la defensa y el encausado, hubo cinco hechos que componen el delito de descubrimiento y revelación de secretos. El 23 de junio de 2021, el letrado judicial facilitó a esa mujer datos personales y le envió fotografías de índole sexual pertenecientes a las partes intervinientes en un procedimiento. El 11 de junio le había aportado información sobre un registro en la que este secretario estuvo. Aportó datos sobre el dinero incautado en esa diligencia.

El 14 de junio de 2021, tras una diligencia de reconstrucción de los hechos, reveló datos de la identidad y el posible paradero de la fallecida Nerea Añel, desaparecida en 2020 y víctima de una muerte que dio lugar a un proceso por homicidio contra su novio, absuelto por el TSXG. El 14 de septiembre de 2021, en el marco de otras diligencias urgentes por un procedimiento de violencia de género, el letrado judicial envió a la misma mujer por WhatsApp datos personales de la víctima y de la agresión sufrida. Al día siguiente, de nuevo en un contexto de un procedimiento de violencia machista, el letrado judicial reveló datos personales de una víctima de numerosos casos.

"El que, empleando violencia, intimidación o engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución" cometerá delito, según el artículo 187.1 del Código Penal, el que recae sobre este letrado judicial condenado. "Que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica" es una de las circunstancias en las que se entiende que hay explotación sexual.

Entre el 5 de noviembre de 2020 y el 28 de febrero de 2021, el entonces profesional de la justicia tuvo un piso alquilado en el centro de la ciudad de Ourense. Durante esos meses, y actuando "con conocimiento de la situación de precariedad económica" de dos mujeres, contactó con ellas para que ejerciesen la prostitución en la vivienda. Las dos víctimas accedieron, aunque poco tiempo después lo dejaron de forma voluntaria.

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