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Nuevos ataques en redes obligan a los placeros a desmentir a Jácome

Afirman que es «falso» que paguen parte de la obra de la plaza a cambio de 30 años de prórroga

REDACCIÓN

Ourense

El alcalde de Ourense ha vuelto a lanzar críticas a través de su redes, contra los comerciantes de la Plaza de Abastos nº 1 de Ourense a los que quiere desahuciar de la Alameda , y a los que responsabiliza del retraso a la plaza oficial. Además afirma que , a cambio de pagar parte delas obras de regreso al edificio , quieren una ampliación de 25 años de la concesión, declaraciones que los comerciantes se han visto obigados a desmentir pues son «falsas» afirman.

Los placeros responsabilizar al Ayuntamiento del retraso de casi siete años en la rehabilitación del histórico edificio, cuya obra había sido licitada con un plazo inicial de 18 meses. Según recuerdan, en 2018 se acordó suspender temporalmente la concesión debido a la necesidad de trasladarlos y a los costes derivados del cambio de ubicación, pero —afirman— sin que ello supusiera una prórroga ni un plazo adicional de siete años, como sostiene ahora el alcalde.

Ni9egan haber sido compensados por los gastos del traslado y rechazan que su actual propuesta —que incluye una aportación de 400.000 euros por parte de los comerciantes y financiación adicional de Xunta y Diputación— pueda calificarse como una “compensación”. Explican que se trata de una solución para desbloquear la obra, que permitiría mantener un presupuesto aproximado de dos millones de euros y garantizar la viabilidad de su regreso al mercado.

Desde la asocicación de comerciantes de la plaza acusan además al Ayuntamiento de romper un acuerdo firmado en 2024, rechazar el plan funcional financiado por la Xunta y optar por vías judiciales en lugar de avanzar en la ejecución. Los comerciantes desmienten haber solicitado una prórroga de 30 años, y aseguran que la única exigencia es garantizar un periodo razonable que permita amortizar la inversión privada prevista. Alertan del riesgo de cierre del mercado y reivindican la protección de los “200 puestos de trabajo” asociados al recinto.

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