Jácome anuncia el desahucio de los placeros de la Alameda y la posible rescisión del contrato

El conflicto entre el alcalde de Ourense y la asociación que gestiona la Plaza de Abastos número 1 de As Burgas ha tocado techo, después del anuncio ayer del regidor, Gonzalo Pérez Jácome de que va a abrir un expediente de desahucio del edificio provisional que ocupan los placeros en la Alameda y «todo indica», afirma en un comunicado, que en los próximos días resolverá también el expediente por el que le rescindirá la concesión de la gestión de esa plaza de abastos.

El motivo que alega para esta decisión radical «es que no presentaron en plazo el plan funcional del interior para rematar la reforma del edificio civil del plaza de abastos», afirma. Una obra que le saldría gratis, si el regidor no hubiera roto el acuerdo con Xunta, placeros y Diputación, por el que estos últimos costearían los dos millones que restan para rematar la obra. De hecho su intención no es que los placeros se limiten a costear sus puestos de venta, sino que como arrendatarios o «inquilinos» del Concello, corran con el gasto de la obra interior con todo sin hacer, ni electricidad, calefacción, fontanería, cuando, según los placeros, su contrato remata en seis años y no darían recuperado la inversión en un edificio que es de propiedad municipal. Pese a todo los placeros ya tienen muy adelantado ese plan de obra que le pedía el alcalde.

La inesperada decisión del regidor local, que no se lo comunicó a los afectados —fue a través de un comunicado público—, provocó una reunión de urgencia en Ourense entre los placeros y el conselleiro de Empleo y Comercio, Xosé González. Este lamentó la «sinrazón» de este nuevo desacuerdo de Jácome «que lleva año y medio instalado en el no», según indicó. «Esto es algo inaudito en un alcalde, frenar un proyecto tractor para Ourense como el proyecto de la plaza y afectando al futuro de más de 200 trabajadores directos dependientes del mercado y sus familias».

El conselleiro compareció ayer acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y por el director general de Comercio y Consumo, Gabriel Alén, el diputado provincial Rosendo Fernández y por representantes de la junta directiva de la Asociación de Comerciantes e Industriales de la Plaza de Abastos Nº1 de Ourense. Entre ellos estaba su presidente, Emilio González, para advertir de que, pese a esa nueva amenaza del regidor, «que en lugar de acuerdos opta por la vía judicial» siguen «tendiendo la mano» y confinanciarán ese plan funcional para reabrir la plaza.

«El alcalde es el que incumple»

El conselleiro explicó que según la última propuesta, la Xunta había subido ya a 1,4 millones de euros su ayuda para finalizar la obra; la Diputación aporta 200.000 y «el presidente Luis Menor está dispuesto si es necesario a dotar más», explico el diputado Rosendo Luis Fernández, y los placeros subieron a 400.000. El Concello se limitaría a solucionar los problemas de accesibilidad y a garantizar que se amplíe el tiempo de concesión para que puedan recuperar parte de la inversión que hacen.

El alcalde, sin embargo, tachó de «ilegalidad» lo que quiere hacer la Xunta, y ayer el conselleiro recordó que el que «incumple» es el Concello, pues el convenio firmado hace años con los comerciantes le da 25 años de gestión —le quedan solo 6—, prorrogables hasta 25 años más.

Tanto el conselleiro como el presidente de los placeros ratificaron ayer que el hecho de subir a 400.000 euros su aportación para rematar la obra demuestra «que están deseando volver a su plaza original».

Xosé González lamentó que Jácome siga haciendo esa sucesión de «noes, con argumentos cada vez más frágiles y en el que llega a romper un acuerdo firmado a tres bandas en el que se comprometía a cofinanciar las obras». Para el conselleiro, la fijación de Jácome con los placeros parece ya «algo personal». De hecho ayer insinuó que le proponen que permita que se haga el proyecto y de algún modo lo rentabilice si quiere políticamente, diciendo que fue él solo el que consigue reabrir la plaza.

Por su parte Emilio González agradeció el compromiso de Diputación y de los propios placeros, que, además, ya contrataron el proyecto de las obras del mercado.

Señaló que en ocasiones se han mantenido en silencio dejando que a menudo triunfara el relato no veraz del alcalde «para no embarrar», indicó sobre las negociacines, «pues él es el rey del barro».

por último, lamentan los comerciantes ante este nuevo quiebro amenazador de desahucio la posibilidad de tener que ir a un litigio judicial innecesario «que pagarían todos los ourensanos».

El alcalde estudia llevar a licitación un servicio con contrato aún en vigor

«El Ayuntamiento resolverá en los próximos días el expediente, en el que todo indica que se procederá al desahucio de los comerciantes de la Alameda y a la rescisión de la concesión de la gestión de la Plaza de Abastos», indicaba ayer el Gobierno local que preside Jácome. «El plazo finalizó y los placeros no presentaron el proyecto. Esto ratifica nuestras sospechas de que lo único que buscan es una dilación en el tiempo: no hacer nada y seguir en la Alameda», manifestó alcalde de Ourense, quien explicó que los servicios jurídicos municipales continuarán con la tramitación del expediente, «que podría dar lugar a un desahucio de los comerciantes de la Alameda, estimado en un plazo de entre 30 y 60 días». Pérez Jácome avanzó que el siguiente paso será «la toma de decisión basada en argumentos legales. Todo indica que se incumplió el convenio y que eso da lugar a una resolución del contrato y al desahucio de la Alameda», señaló. De confirmarse, el Ayuntamiento procedería a licitar la gestión de la Plaza de Abastos cuando el contrato actual aún está en vigor. El alcalde entiende que la pretensión de los comerciantes es «estar toda la vida en la Alameda», y reveló que «la última oferta que nos hizo la Xunta, a través del conselleiro de Comercio, es que el gobierno gallego pagaría la mayor parte de los costes de la construcción de los stands, pero a cambio de extender el tiempo del contrato de los placeros», lo que él ve «ilegal» por parte de la Xunta, aunque ayer le recordaron que esa posibilidad está en el contrato que firmó el Concello en su día.

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