Vecinos de calles adyacentes a Valle Inclán se suman a la lucha contra una discoteca: «Vivimos un horror»

«Estamos viviendo un auténtico horror. Yo mismo tengo que ir a dormir a casa de un familiar a partir de los jueves , porque la discoteca abre hasta las seis y media de la madrugada, como ocurrió en San Martiño, y entro muy temprano a trabajar. Hay vecinos que incluso están buscando otra vivienda para marcharse de aquí», lamenta uno de los afectados de la calle Valle-Inclán por el ruido de la discoteca Desorden, reabierta el pasado 25 de octubre tras seis años cerrada. Según denuncian, el local no cuenta con medidas adecuadas de insonorización y provoca un gran impacto acústico y medioambiental, con cientos de personas bebiendo en la calle y dejando kilos de basura cada fin de semana.

El caso se encuentra en el Juzgado de lo Contencioso, donde el abogado de los vecinos ha solicitado medidas cautelares, para exigir el cierre del establecimiento. Alega no solo problemas de insalubridad y ruido, sino también riesgos para la seguridad de los clientes. La protesta, iniciada por tres comunidades de vecinos de Valle-Inclán, Ramón Cabanillas y Santo Domingo, se ha extendido ya a toda la manzana y calles adyacentes, debido al constante bullicio de los grupos que consumen alcohol en la vía pública, algo prohibido, sin que nadie lo impida.

Por este motivo, el próximo día 18 a las 18:30 horas se celebrará una reunión de los vecinos, con la presencia del letrado Antonio Feijoo Miranda, para analizar el estado de los trámites judiciales. «Tenemos todas las vías abiertas, sin descartar la vía penal», señalan los organizadores. A la convocatoria ya se han sumado comunidades de otros edificios también afectados por el ruido hasta altas horas de la madrugada, sin que, según denuncian, «nadie haga nada por impedir un acto que es claramente ilegal».

Licencias bajo sospecha

La historia de esta discoteca es, según los vecinos, un cúmulo de hechos insólitos. Su licencia inicial data de 1982, y desde entonces ha cambiado varias veces de nombre comercial. En 2019, sus nuevos propietarios realizaron obras ilegales, lo que llevó a la entonces concejala de Urbanismo a ordenar su cierre. «La intención era hacer cumplir la ley e insonorizar el local, pero la obra era ilegal porque para insonorizar, como exige la normativa era necesario reducir la altura mínima permitida por ley», explican los vecinos.

Aquel cierre, ejecutado por la concejala Sonia Ogando, cumplía la normativa. Sin embargo, denuncian que la maquinaria administrativa del Concello entró en un “bucle” y dejó caducar los expedientes sancionadores y de reposición de la legalidad. Diversos informes técnicos —calificados por los afectados como “insólitos”— permitieron finalmente la reapertura del local, basándose en una licencia retrotraída a 1982, cuando no existían las actuales exigencias de seguridad, insonorización ni evacuación.

«Todas esas normas se incumplen», denuncian. «Una persona con movilidad reducida no puede acceder al local, que es una auténtica ratonera para sus clientes. Solo tiene una empinada escalera, y la salida de emergencia es una pequeña puerta dentro de una galería comercial cerrada durante la madrugada».

«El alcalde miente»

El asunto fue abordado en el último pleno municipal, donde el alcalde Gonzalo Pérez Jácome afirmó que fueron los propios vecinos quienes se negaron a realizar una medición de decibelios durante la madrugada. Los afectados lo desmienten tajantemente: «Miente. Nos negamos porque la medición iba a hacerla una empresa contratada por los propios gestores de la discoteca. Por eso contratamos nosotros a una empresa independiente de A Coruña, que midió los decibelios en el interior de una vivienda y registró 45, casi el doble de lo permitido», explican.

Los vecinos subrayan que su preocupación va más allá del descanso: «También nos preocupa la seguridad de los clientes, que desconocen la situación real del local». Advierten que el Concello, el alcalde y los técnicos municipales implicados podrían acabar siendo denunciados por la Fiscalía por posible inacción. Hay jurisprudencia al respecto.