La crisis del agua turbia por las cenizas y el lodo: 400 millones de m2, el área calcinada en Valdeorras expuesta a las lluvias

La lluvia, que en agosto hubiera sido una bendición para frenar las llamas que desencadenaron en Ourense una catástrofe ambiental y una emergencia social, supone un problema en otoño. La ingente superficie arrasada por el fuego en verano —más de 118.000 hectáreas en Galicia, el 98% en Ourense y Lugo— ha dejado un terreno yermo y vulnerable para que la escorrentía aproveche la orografía de pendiente y arrastre lodo, ceniza y restos vegetales quemados, afectando a regatos, ríos manantiales y aguas de captación. En Valdeorras, la comarca que ha sufrido el mayor incendio de la historia de Galicia desde que existen registros, las precipitaciones otoñales representan un serio problema. La turbidez del agua obliga a restringir o desaconsejar el consumo por la imposibilidad de potabilizar.

La semana pasada cayeron en la zona 65 litros por metro cuadrado, de media. Las 40.000 hectáreas que quedaron devastadas en la comarca —32.000 por el frente de mayor tamaño, que atravesó varios municipios, y más de 5.000 por otro fuego que afectó a Casaio y Trevinca— son 400 millones de metros cuadrados sensibles a posibles arrastres. Las encomiables labores de los voluntarios en el terreno, así como el trabajo de esparcimiento de paja, incluso desde el helicóptero, solo alcanzan un porcentaje pequeño de esa superficie. Otras intervenciones como la colocación de barreras naturales —albarradas y fajinas—, para retener el agua y filtrarla en el propio monte, pierden eficacia cuando la intensidad de las lluvias es alta.

Mientras la crisis continúa, las administraciones de distinto color político defienden las actuaciones propias y critican la supuesta inacción ajena. El pasado jueves, los conselleiros de Presidencia, Medio Rural y Medio Ambiente se reunieron con los alcaldes de Vilamartín, Petín y A Rúa. Los representantes de la Xunta esgrimieron las intervenciones de la administración autonómica e instaron a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil a aclarar qué ha realizado y a ejercer sus competencias. Este lunes, la Subdelegación del Gobierno y la propia CHMS afirmaron que se empezó a actuar en los cauces, para minimizar los daños, a principios del mes de septiembre. Y recalcan que la Xunta es la que tiene la atribución para hacer trabajos de mitigación en el monte.

A las 12.41 horas de este lunes, finalizada ya la comparecencia de los representantes de la Miño-Sil y del subdelegado del Gobierno, llegó una carta de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, para pedir una reunión «urgente» entre Xunta y CHMS «con el ánimo de compartir información» y «evitar afecciones en el suministro de agua». Problemas que ya se han registrado en las últimas semanas, en lugares como varias parroquias de Vilamartín y A Rúa. La Xunta alega que «lo más importante es causar a los vecinos os menores prejuicios posibles». Considera «primordial estar al lado de los ayuntamientos y apoyarlos y, por supuesto, al lado de los vecinos». La conselleira justifica la necesidad de una cita inminente: «Lo primero es proteger a nuestra población y al medio natural».

Antes de conocer la misiva, el presidente de la CHMS, José Antonio Quiroga, criticaba la «desinformación» de la Xunta y prometió «brazos abiertos» para colaborar y coordinarse en la respuesta al problema. Pero, al mismo tiempo, aludió a que el organismo de cuenca ha cumplido con sus competencias en esta tarea, para prevenir los efectos de la escorrentía desde el monte quemado a los ríos y los manantiales, además de retirar vegetación acumulada en los cauces, para impedir inundaciones. «Los incendios de la provincia de Ourense fueron declarados extinguidos el 31 de agosto, y el 9 de septiembre ya había brigadas en el terreno en las zonas afectadas, tras un trabajo previo de planificación, análisis y localización de las zonas de posibles escorrentías y erosión. El ministerio se anticipó a las lluvias, se actuó antes de la primera gota», manifestó el subdelegado del Gobierno, Eladio Santos.

Una docena de brigadas trabaja en la provincia de Ourense. El plan del Gobierno para paliar los efectos de los arrastres contempla una inversión de 3 millones y hasta 20 brigadas, incluyendo las previstas para Castilla y León. Este plan de choque contra los efectos de los incendios se prolongará al menos hasta marzo, explica Quiroga.

El presidente de la CHMS asume que, con la cantidad de superficie quemada, cuando las precipitaciones son intensas la acción sobre el terreno de «millones y millones» de litros de agua convierten en «imposible» contener la escorrentía. «Por eso desde el principio nuestra tesis es que ha son necesarias otras medidas que tienen que llevarse fuera del dominio público hidráulico, en el monte, una competencia estrictamente autonómica. Cada administración tiene que cumplir su cometido. A cada cual le corresponde una misión», resalta Quiroga. «Se debía haber activado un plan de choque similar más allá del dominio público hidráulico, en las zonas de monte, donde entra la competencia del gobierno autonómico, pero no se hizo», enlaza Santos.

En desacuerdo con las atribuciones en esta crisis que la Xunta otorga al organismo de cuenca, la CHMS defiende que no son suyas las competencias del abastecimiento y el saneamiento, salvo para autorizar obras y captaciones, trámites en los que la Miño-Sil promete «máxima prioridad, máxima colaboración y celeridad total por nuestra parte», para «facilitar» las actuaciones necesarias. El Gobierno recalca que los concellos se han visto superados ante esta situación de crisis y, de nuevo, pone el foco sobre la Xunta: «Cobra un canon de agua y tiene que contribuir, ayudar y ponerse a disposición de los concellos para garantizar el abastecimiento», expone el subdelegado del Gobierno.

«La competencia y la responsabilidad de las políticas forestales y de la gestión, antes, durante y después de los incendios, es del gobierno autonómico. Invito a que las consellerías afronten sus responsabilidades con todos sus recursos», demanda Santos, pero al mismo tiempo dice que la fase actual exige «trabajar conjuntamente» para «buscar soluciones».

En su misiva para solicitar una reunión urgente, la conselleira Vázquez sostiene que la Xunta carece de información sobre las actuaciones de la CHMS. Al contrario de lo que dice el Gobierno, la administración autonómica defiende que «desde un inicio, la Xunta actuó de forma rápida y diligente en los espacios emplazados en el marco de sus competencias, al tiempo que nos pusimos a la disposición de la Confederación para colaborar en lo que fuera preciso».

Vázquez añade: «Mostramos desde un primer momento nuestra voluntad de cooperar, teniendo claro, también, que los responsables de proteger los ríos de la provincia de Ourense son la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y la del Duero y, en el caso concreto de Valdeorras, la que usted preside», expresa la carta para Quiroga.

En resumen, cada administración, gobernada por distintos partidos, defiende su papel. «Siempre nos mostramos a favor de ayudar a los ayuntamientos que nos lo pidan y compartir nuestra experiencia tanto con las administraciones locales como con la Confederación», dice la Xunta, que afirma que lo que ha realizado desde el fuego es «mucho y bueno». En la carta detalla medidas como la instalación de barreras anticontaminación en zonas de Galicia-Costa —insta a la CHMS a usarlas en Ourense—; el plan de voluntariado para crear franjas protectoras en montes, en una veintena de municipios de Ourense; la aplicación de paja con la técnica del ‘mulching’ en áreas como Vilamartín; así como la firma de convenios con 35 concellos de Ourense para paliar los daños de los incendios.

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