Sin agua potable por el arrastre de cenizas y lodo: «Es una emergencia»

Tres meses después del fuego, los arrastres de lodo, ceniza y restos vegetales quemados a los regatos, ríos y a los manantiales y aguas de captación, lo que obliga a restringir o desaconsejar el consumo, son la principal secuela tras las 40.000 hectáreas arrasadas el pasado agosto en la comarca de Valdeorras, entre el frente devastador que se convirtió en el de mayor extensión de la historia de Galicia —32.000— y el que, unos días después, afectó a más de 5.000 en Casaio y Pena Trevinca. Mientras los conselleiros de Presidencia, Medio Ambiente y Medio Rural —Diego Calvo, Ángeles Vázquez y María José Gómez— se reunían con los alcaldes de Vilamartín, A Rúa y Petín, este jueves, vecinos de parroquias afectadas por la contaminación del agua abrían el grifo y el líquido salía turbio, color marrón.

«Desde mediados de octubre, tras las primeras lluvias fuertes, Arcos, San Miguel, Valdegodos y Vilamartín tiene problemas con el agua potable, con el perjuicio y las molestias que supone para los vecinos y las familias por no poder beber agua de la traída, ducharse y asearse», además de tener que comprar agua embotellada, expresa Jesús Dorado, el presidente de la asociación vecinal San Lourenzo de Arcos, en Vilamartín.

Hay afectados que se desplazan a otras residencias o a casas de familiares y amigos, en concellos que no sufren restricciones, para poder cubrir esa necesidad. «Estar sin agua potable es una emergencia ambiental», subraya Jesús.

La asociación vecinal solicita a la Xunta y la Diputación que trabaje conjuntamente con el Ayuntamiento, sin medios suficientes por sí solo, para aplicar «medidas urgentes para garantizar la calidad y potabilidad del agua de consumo», así como también acciones de recuperación y regeneración de los montes arrasados por las llamas de agosto en Valdeorras, actuando contra la erosión y los arrastres y utilizando técnicas de silvicultura preventiva. Además, demandan que la Xunta movilice cisternas de agua potable para los damnificados. «¿Qué hacemos los vecinos? ¿Resignarnos ante esta situación y rogar que no llueva para disponer de agua en nuestras casas? Las administraciones públicas tienen la obligación de proporcionar a sus ciudadanos los servicios básicos», incide la entidad vecinal, que pide a las administraciones aunar esfuerzos y «arrimar el hombro».

La Xunta quiere reunirse de manera «inmediata» con los alcaldes y con la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil para «coordinar actuaciones» en las zonas más sensibles y evitar «en la medida de lo posible» los arrastres de lodo y ceniza. El organismo de cuenca «tiene el poder de dar las autorizaciones para hacer cualquier obra, es quien tiene la competencia», en palabras del conselleiro de Presidencia, Diego Calvo.

Tras una «reunión provechosa» este jueves en Ourense con los alcaldes de A Rúa, Vilamartín y Petín, se compromete a dar prioridad en la convocatoria de ayudas de su departamento a los municipios más afectados tras los incendios, con el objetivo de priorizar «las obras pendientes», incluidas las que «derivan de problemas estructurales que tienen muchos municipios del rural gallego».

Calvo esgrime las intervenciones que la Xunta ha llevado a cabo dentro de su competencia desde que se extinguieron los fuegos, una «aportación de bastantes millones de euros», incluidas las ayudas presentadas «en tiempo récord» tras los incendios. «Las del Estado no han llegado», comparó.

La Xunta alude a las actuaciones de mitigación en los montes por parte de Medio Rural y Medio Ambiente, con el esparcimiento de paja en zonas afectadas, incluso desde el helicóptero, así como con la movilización de los voluntarios, para crear franjas protectoras, frenar y mitigar la erosión y los arrastres de ceniza y lodo. La Xunta pretende «que nos expliquen qué actuaciones se están llevado a cabo por parte de la Confederación». La institución gallega, que ha firmado convenios con 35 concellos de Ourense para cubrir daños y gastos relacionados con el fuego, reitera que las competencias en la gestión del dominio público hidráulico y el abastecimiento del agua a la población es de las hidrográficas. Cita como medida posible la instalación de barreras de contención.

En la otra orilla de esta discrepancia política, el Gobierno afirma que actúa con «responsabilidad y dentro de sus competencias», y recuerda que la CHMS interviene sobre los cauces, pero la limpieza y prevención en los montes corresponde de forma «exclusiva» a la Xunta. El delegado del Ejecutivo en Galicia, Pedro Blanca, subraya que en estos momentos hay 12 brigadas de Tragsa que trabajan en Ourense para evitar arrastres y minimizar el impacto ambiental tras los incendios. «Estamos actuando donde y como debemos, con rigor técnico y eficacia, con una inversión de 3 millones de euros», defiende Blanco. Además, el representante del Gobierno en la comunidad subraya que el Ministerio de Agricultura ha abonado 27,8 millones de euros en ayudas para afectados del sector primario en los incendios. «Le pido a la Xunta que haga lo mismo y deje de culpar a los demás de lo que no hace».

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