Fallece el acusado de atropellar borracho a un peatón en Xinzo

El juicio por el siniestro mortal de tráfico ocurrido en Xinzo de Limia el 11 de agosto de 2021, que la Fiscalía calificaba como homicidio imprudente, ha quedado definitivamente cerrado en la vía penal tras el fallecimiento del acusado, que padecía cáncer. La vista oral ya había sido suspendida en julio por motivos de salud del conductor.

Los hechos se produjeron la noche del 11 de agosto de 2021, cuando un vecino de Triacastela de 46 años fue atropellado por un vehículo en la N-525, a la altura del punto kilométrico 198. Tras el siniestro, el conductor, natural de Xinzo y de 49 años, se dio a la fuga, siendo localizado posteriormente en su domicilio por agentes de la Guardia Civil. La víctima falleció en el lugar a causa de un politraumatismo, pese a la intervención de los servicios sanitarios.

El conductor, cuyo carné había sido retirado hasta apenas cuatro meses antes del accidente, arrojó un resultado seis veces superior al máximo permitido en la prueba de alcoholemia, según informó entonces la Guardia Civil. Por ello, la Fiscalía imputó al acusado tres delitos: homicidio imprudente, alcoholemia delictiva y omisión de auxilio. Por lo que se enfrentaba a 5 años y medio de prisión, la pérdida definitiva del carné y altas indemnizaciones.

El siniestro mortal se produjo mientras la víctima conversaba con un camionero, cuando el vehículo invadió el arcén y lo atropelló sin parar a auxiliarlo, dándose a la fuga. Tras abandonar el lugar del accidente, el conductor fue localizado y sometido a la prueba de alcohol en aire espirado, que confirmó un estado de intoxicación evidente con una tasa de 1,66.

La víctima dejaba un hijo menor de 14 años y convivía con sus padres, que contaban con una discapacidad del 33%, además de tener un hermano. La Fiscalía detalló que las indemnizaciones por la muerte del peatón superarían los 134.000 euros para cada uno de los padres de la víctima, más de 20.000 euros para su hermano y 132.000 euros para su hijo, cantidades que corresponderían a la responsabilidad directa de la aseguradora y subsidiaria del acusado.

La aseguradora ya había abonado una indemnización superior a 118.000 euros, pero con el fallecimiento del acusado, la responsabilidad directa y subsidiaria recae ahora en la aseguradora, y cualquier conflicto pendiente deberá resolverse en un pleito civil.

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