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Una jueza paraliza la moción de censura de Manzaneda por posible nulidad pero el PP mantiene el plan de echar al alcalde

El regidor solicitó medidas cautelares tras poner de manifiesto que, en la iniciativa del PP más dos tránsfugas, solo dos de los cuatro concejales comparecieron para autentificar sus firmas

Los populares subrayan que la decisión judicial no atiende a cuestiones de fondo y justifica su pacto de censura en la "inestabilidad" e "ingobernabilidad" tras la escisión del PSOE local

La jueza acepta la suspensión cautelar solicitada por el actual alcalde, Amable Fernández. |  I. Osorio

La jueza acepta la suspensión cautelar solicitada por el actual alcalde, Amable Fernández. | I. Osorio

Javier Fraiz

Javier Fraiz

Ourense

El PP quiere desbancar al alcalde de Manzaneda, Amable Fernández (PSOE), y aupar a Pedro Yáñez a través de una moción de censura con el apoyo de dos tránsfugas, quienes se presentaron en las elecciones municipales de 2023 en la lista de los socialistas y que el pasado julio rompieron y se fueron al grupo de no adscritos. En los comicios de hace dos años y medio, la voluntad popular configuró una corporación con 4 ediles del PSOE —el 55% de los votos— y 3 del PP, con el 43% de los apoyos. Atendiendo una solicitud del regidor, el juzgado de lo Contencioso Número 1 de Ourense acepta una medida cautelar urgente y paraliza debido a posibles causas de nulidad la tramitación de la moción de censura, cuya celebración en pleno estaba prevista para este miércoles. El PP seguirá adelante con su propósito.

El juzgado, cuya titular es la magistrada Paz Rumbao, da tres días de plazo al Concello y al secretario para que formulen alegaciones. Si no lo hacen, se mantendrá la suspensión, sin necesidad de que la magistrada se pronuncie de nuevo. El actual alcalde presentó hace días una solicitud de medidas cautelarísimas, al considerar que existen numerosas irregularidades en la presentación de la moción de censura en Manzaneda. Pedía que no se celebrase el pleno para evitar perjuicios posteriores en el caso de una anulación judicial una vez cambiado el alcalde.

Fernández argumentó supuestos defectos formales en la iniciativa, que fue registrada el 15 de octubre. «De los cuatro concejales firmantes, solo dos comparecieron de forma presencial ante el secretario para autentificar sus firmas, siendo los otros dos testimoniados sin la presencia física, ni la autenticación notarial, según las manifestaciones del propio secretario», un funcionario que «no puede autentificar dos firmas que no presenció», sostiene el alcalde.

En el mismo escrito indica que el secretario «reconoció expresamente que solo dos de los firmantes comparecieron, vulnerándose así el artículo 197.1 a) de la Ley Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General, que exige la autentificación de todas las firmas por notario o por el secretario».

Según el criterio del PSOE, la notificación de la moción de censura «es totalmente defectuosa y claramente limita el acceso a la información», dado que el mismo día en el que se presentó, el secretario notificó a los miembros del pleno «única y exclusivamente» la convocatoria de la correspondiente sesión, sin adjuntar el texto íntegro de la moción. Además, la formación socialista considera que la convocatoria del pleno «tiene origen en un acto nulo de pleno derecho» que ocasionaría un «perjuicio irreparable al cargo y a la institución municipal».

La solicitud también enfatiza que la notificación de la moción de censura es «totalmente defectuosa y limita claramente el acceso a la información», dado que el mismo día de su presentación, el secretario notificó «única y exclusivamente» la convocatoria de la sesión correspondiente, sin adjuntar el texto completo de la moción. El PSOE provincial celebra la decisión del juzgado, insta a los tránsfugas a que presenten sus actas y dimitan como ediles, o que el PP retire su apoyo a esta moción, pero los populares mantienen su plan.

Expresan su «respeto» a la decisión judicial, pero pretenden «dar estabilidad al gobierno local frente a la minoría socialista», alegan. La cautelar «no supone ningún tipo de refrendo a la postura política del PSOE, ya que solo entra en cuestiones formales y no de fondo», dice el PP. La moción de censura se debe a la «situación de inestabilidad en el Concello tras la escisión en el seno del grupo socialista y la marcha de dos de sus concejales». Ven «ingobernabilidad» por la «minoría» del regidor.

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