Caballos apaleados junto a un colegio y tres acusados a juicio siete años después

¿Eran animales salvajes, o por el contrario tenían propietario, aunque no estuviesen registrados? ¿Hay pruebas de que la muerte de una yegua malherida fuese a causa de los golpes sufridos días antes? Son dos de las partes centrales del juicio celebrado ayer en el Penal 2 de Ourense contra tres hombres acusados de agredir con violencia a un grupo de caballos que se encontraban en la zona de estacionamiento de los autobuses en las inmediaciones del CEIP Virxe de Guadalupe, el colegio público de Avión, el 2 de diciembre de 2018. Una vecina de las proximidades, la testigo y denunciante, vio a dos hombres golpeando con violencia a los animales con palos, a un tercero que empleaba las manos para «forzar y tirar», y a un joven que también estaba allí. Trataban de meter a los equinos en un remolque, recordó la testigo. Para dirigir a los animales los golpeaban. «Los caballos no debían obedecerlos y les pegaban para meterlos en un transportín. Los apalearon por todos lados, con mucha violencia, estaban ensangrentados. Los caballos aguantaban todos los golpes, intentaban apartarse de los palos. Pedí que parasen pero no hicieron caso. Al tercer aviso, llamé a la Guardia Civil», relató la mujer.

La sangre de la paliza dejó marcas evidentes en el suelo y en las paredes, a las puertas del colegio. Nueve días después, uno de los equinos, una yegua postrada porque tenía fracturas en las patas, entre múltiples lesiones, como la boca destrozada, terminó muriendo en la zona, sin ser tratada. Tras girarse en la sala y mirar al banquillo a petición del fiscal, la testigo no pudo asegurar que los tres acusados sean los autores de los hechos que ella vio desde su casa, a unos 100 metros. Las defensas citan este hecho como ejemplo de la falta de pruebas para atribuirles la autoría. Además, las dos abogadas discuten que quepa aplicar a este caso el delito de maltrato animal.

La Fiscalía cree que sí y solicita la condena de los tres. El escrito de calificación propone 14 meses de prisión para cada uno así como la inhabilitación para cualquier profesión, oficio o comercio que tenga relación con animales, así como para la propia posesión, durante 3 años. El ministerio público no se opone a que la pena se atenúe por dilaciones indebidas, pasados siete años. La defensa pide la absolución. Los tres encausados se acogieron a su derecho a no declarar.

La vecina tomó los datos de la matrícula de un vehículo y describió las características de otro. Con esa información, el Seprona de la Guardia Civil de Ourense investigó, tiró del hilo y estrechó el círculo hasta dar con los sospechosos. En el grupo había un menor de edad que fue juzgado en su propia jurisdicción. Aunque los adultos lo exculparon en su declaración policial, el joven admitió su parte y pactó una condena como cómplice de un delito de maltrato animal. En cambio, los tres adultos juzgados ayer buscan la absolución.

Con afán didáctico, aprovechando la presencia como observadores en la sala de alumnos del colegio Franciscanas, el fiscal Miguel Ruiz indicó que la última reforma del Código Penal, de 2023, castiga el maltrato a todo tipo de animal, pero la norma vigente en 2018, cuando ocurrieron los hechos, era más restrictiva. «Si fueran animales salvajes no sería delito. Pero estos no eran salvajes, sino mostrencos». Eran caballos en propiedad «en B» por sus dueños —desconocidos—, para evitar los controles y costes administrativos. «Alguien los bajó al recinto del colegio y los encerró allí para asegurarse de que no salieran, porque el objetivo era realizar una compraventa en ‘B’», sospecha el fiscal. Los acusados, «que se dedicaban al mundo agrario», serían los supuestos compradores de los equinos. «Venían a recogerlos tras adquirirlos», baraja el fiscal. «Alguien los bajó de la sierra y los metió en el colegio. El mercado de caballos en ‘B’ existe», coincidió un guardia civil del Seprona en su declaración, ayer. «Estoy convencido de que alguien, de manera voluntaria, los introdujo en el recinto para que estuvieran confinados», comparte el jefe provincial del Seprona en aquel momento. «Muchos dueños prefieren no reconocer la propiedad para eludir responsabilidades», enlazó sobre una de las principales cuestiones a debate del caso. «Los acusados dieron a los caballos una paliza desmesurada y salvaje, una malleira», afeó el fiscal. «Uno llegó a morir, existe causalidad. Tenía la mandíbula destrozada, murió por inanición por no poder comer ni beber en los días siguientes», añade.

Las defensas ven «lagunas»

«Eran animales salvajes y no queda acreditado que no bajasen libremente», refutan las defensas de los acusados. En su opinión, la acusación se sostiene en «suposiciones y presunciones» que tratan de «completar vacíos, lagunas y dudas». Las letradas reiteran que no hay pruebas de que los animales tuvieran dueño —nadie reclamó tras los hechos—, por lo que no cabría aplicar el delito. Sostienen, además, que la carga de pruebas es «endeble». No está demostrada la causa de la muerte porque no se hizo necropsia, resaltan. Creen que el Concello fue descuidado. El animal era «curable» pero no fue trasladado a buen cobijo ni tratado de las lesiones. Quedó en la zona, en la intemperie. Uno de los veterinarios de la Xunta indicó que el Ayuntamiento debería haber actuado. La otra profesional confirma que el ente local recibió la «pauta» sobre la alimentación que debía recibir el equino. «Evidentemente, murió a consecuencia de las lesiones porque no podía comer de ninguna manera por sí solo, tenía la boca descolgada», dijo esta experta en la vista. El animal «fue maltratado» con saña, asegura.

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