La presunta desatención a mayores en centros de Xinzo y Amoeiro, bajo la lupa de la Fiscalía

«La Fiscalía de Ourense incoará diligencias preprocesales civiles y recabará los informes de inspección. Se incoan para valorar la situación de las personas mayores y, en función del resultado, si la responsabilidad es penal o administrativa». Tras el cierre este martes de la Vivienda Comunitaria Residencial San Gabriel, en Cima de Ribeira (Xinzo de Limia), después de que los funcionarios públicos de la inspección detectasen graves deficiencias, incluidos presuntamente el cuidado y la alimentación de los mayores, la Fiscalía adopta la misma decisión que con la Vivienda Comunitaria Jardín de Amoeiro, clausurada el 1 de octubre por graves carencias constatadas en una inspección, tras la denuncia por escrito de la familia de un usuario que alertaba de la mala atención a los mayores así como de posibles irregularidades en la gestión y la contratación del personal.

Esta actuación de la Fiscalía, con dos diligencias abiertas ya por la presunta desatención a mayores en dos viviendas comunitarias de la provincia gestionadas por entidades privadas con ánimo de lucro, supone que el Ministerio Público llevará a cabo una especie de estudio previo, consultando los datos de los informes elaborados por los inspectores durante sus visitas de control. El resultado de esas diligencias preprocesales determinará qué tipo de consecuencias pueden afrontar los empresarios y entidades gestoras de ambos centros bajo la lupa. Esas mercantiles no tienen a cargo otros centros de mayores, según la base de datos pública de Política Social.

La acumulación en dos semanas de estos dos casos en la provincia de Ourense pone en el foco el modelo de gestión privada de la atención a mayores en este tipo de viviendas con pocos usuarios.

En la de Amoeiro, que está ubicada en la aldea de Cerval y es gestionada por la actual empresa desde mediados de 2022, residían 6 personas que fueron trasladados a dos geriátricos de la red pública de la Xunta, en Monforte y Barbadás.

«Esta vivienda comunitaria foi obxecto de varias visitas por parte dos servizos de inspección», dijo la Consellería de Política Social tras conocerse este caso. Se llevó a cabo una revisión del centro el 8 de septiembre. La actividad continuó después de ese control. El 26 de septiembre, la Xunta recibió una denuncia por parte de una familia que alertaba del funcionamiento del asilo. El Concello también tuvo conocimiento de la queja, que advertía de supuestas condiciones inadecuadas de los usuarios en cuanto a la alimentación, el aseo y los cuidados, así como de posibles irregularidades en la situación laboral del personal. El Ayuntamiento comunicó de inmediato el escrito a la Xunta, que ya tenía conocimiento también. El miércoles 1 de octubre, los inspectores regresaron a la Vivienda Comunitaria Jardín. Como resultado se decretó el cierre de las instalaciones. Esta casa, de 12 plazas, tenía por finalidad la atención a personas mayores dependientes de grado I.

En noviembre de 2016 comenzó la actividad de la Vivienda Comunitaria Residencial San Gabriel bajo la gestión de la entidad actual. Sus plazas autoridades eran 12, para personas mayores autónomas o con dependencia de grado I. Según el registro público de la Xunta, el personal asignado al centro, además del director, son cuatro gerocultores con jornada de 40 horas semanales y otro con 4.

«El perfil del usuario es una persona mayor con capacidad funcional suficiente, por lo que nos referimos a personas autónomas en donde las actividades van dirigidas más al ámbito de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud», dice la última memoria aportada por Residencial San Gabriel, en el año 2024. Según ese documento, en el centro había varios departamentos de valoración: médico, educador social, dietista y auxiliar de enfermería. Entre los objetivos de intervención en este centro que la entidad cita en la memoria de 2024 figuraban «mejorar la calidad de vida del usuario», «minimizar el estrés» o «fomentar la tranquilidad».

La decisión del cierre de esta vivienda comunitaria, responden desde la Consellería de Política Social, obedece a «unha decisión que se tomou a proposta do persoal funcionario dos servizos de inspección da Xunta, que detectou deficiencias graves no funcionamento da vivenda». El departamento de Fabiola García no responde a algunas preguntas concretas, como el número y las fechas de los controles previos en esa casa, o si se intensificarán las inspecciones en las viviendas comunitarias tras los dos graves casos registrados en Ourense en dos semanas. «O Goberno galego sempre vela polo benestar dos maiores, por iso actúa e actuará con contundencia e sen titubeos ante calquera situación que poida poñer en risco a súa atención. Así o fixo co peche da vivenda comunitaria de titularidade privada en Amoeiro e volveu facelo coa de San Gabriel en Xinzo, tras recibir os informes desfavorables dos servizos de inspección», alega la Xunta.

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