La Fiscalía investiga al Concello por el conflicto del ruido en el Casco Viejo

La Fiscalía Provincial ha abierto diligencias tras la denuncia presentada por la asociación vecinal O Cimborrio, que acusa al Concello de Ourense de incurrir en presunta prevaricación omisiva al no actuar durante años ante las denuncias por exceso de ruido nocturno en el Casco Vello. En paralelo, la investigación se extiende también a cuatro establecimientos hosteleros —tres en la calle Cabeza de Manzaneda y uno en Pena Corneira— por un presunto delito medioambiental vinculado a la contaminación acústica.

La denuncia fue registrada el pasado 18 de junio, y según confirma la propia asociación, los casos ya están siendo notificados tanto a los hosteleros implicados como al propio gobierno municipal. Además, avanzan que el procedimiento abierto es solo el comienzo, porque O Cimborrio trabaja ya en documentar un total de 25 locales para ampliar su denuncia ante la Fiscalía.

Ocho años de enfrentamiento

El caso no es nuevo: lleva ocho años enfrentando a residentes y locales nocturnos en una de las zonas más saturadas acústicamente de la ciudad. En este tiempo, los vecinos aseguran haber presentado centenares de reclamaciones, sumándose a las cerca de 1.200 denuncias tramitadas por la asociación. Informes técnicos y policiales han constatado —según el colectivo vecinal— manipulaciones en los equipos de sonido para eludir las limitaciones legales, sin que el Concello llegase a tomar medidas efectivas.

«Desde el principio tratamos de arreglarlo por la vía del diálogo y después por la vía administrativa, pero resultó imposible. Se abrían expedientes de todo tipo, incluso sancionadores que se dejaban caducar sistemáticamente», exponen desde el Cimborrio ; asociación que cree que el Concello «incurrió en una constante e inexplicable inacción», que obligó a la asociación a abandonar la vía administrativa y acudir, como último recurso, a la vía penal. En opinión de sus abogados, el comportamiento del Concello podría encajar en un delito de prevaricación por omisión.

Por su parte, los locales investigados se enfrentarían a posibles responsabilidades por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, basados en la reiterada exposición al ruido, que ha sido denunciada como perjudicial para la salud pública.

Daño a la salud

Más allá del ruido, la asociación pone el foco en las consecuencias personales y sociales de esta situación. «La exposición constante al ruido ha provocado en muchos vecinos insomnio, ansiedad, depresión y otras secuelas» dicen. En los casos más graves, denuncian que algunos residentes se han visto forzados a abandonar sus viviendas, con la consiguiente pérdida patrimonial.

Según recuerda O Cimborrio, la Organización Mundial de la Salud identifica la contaminación acústica como la segunda mayor amenaza para la salud pública en entornos urbanos, solo por detrás de la atmosférica. Por ello, consideran que lo que han sufrido es «una forma de maltrato psicológico» consentido por «quienes deberían garantizar la convivencia» .

Además, el colectivo denuncia que los vecinos sufrieron «vejaciones, violencia verbal, psicológica e incluso física» al reclamar una convivencia respetuosa y que algunos hosteleros «llegaron a decirnos que si no queríamos ruido, nos fuésemos a vivir al monte», apuntan en el comunicado en el que concluyen que «buscamos justicia» y esperan «condenas para «los que contaminaron las noches y envenenaron nuestras vidas».