Se enfrenta a un año de cárcel por amenazar de muerte a su expareja

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense celebró este lunes la primera sesión del juicio contra un joven de 21 años acusado de acosar, injuriar y amenazar de muerte de forma reiterada a su expareja sentimental, tras la ruptura de la relación y el posterior traslado de ella a Ourense.

Los hechos relatados en el escrito fiscal empiezan a partir de diciembre del 2024, fecha en la que la joven se trasladó a Ourense a vivir con su progenitor. Desde ese momento, el acusado, «guiado por un ánimo de menoscabar la integridad moral» de la que fuera su pareja procedió a mandar desde su móvil diversos whatsapps con mensajes como «te voy a matar»; «voy a ir a Ourense, te voy a matar puta zorra por haberte reído de mi, askerosa de mierda»; « te mato cuando vengas, y si no vienes voy a te mato. Retrasada, k por esto t voy a matar, os voy a matar a todos, t voy a meter una de ostias».

Ella lo bloqueó. Igual que en el resto de redes sociales, sin embargo, según expuso en la Sala, él siguió creándose perfiles falsos para continuar profiriendo amenazas Llegando incluso a escribirle mediante el envío de un bizum de 50 céntimos que recoge Fiscalía, «T Voy a matar. Desbloqueame T Voy A», escribió.

Durante la vista, en la que se reprodujeron numerosos audios presuntamente enviados por el acusado con expresiones en un tono constante de amenaza y desprecio hacia la mujer y su entorno familiar, también se mostraron capturas de mensajes en los que insultaba directamente al padre de la víctima.

Ella, durante su declaración, explicó que había roto la relación en marzo de 2024 y se había trasladado a Ourense en diciembre del mismo año, aprovechando las vacaciones de Navidad. Fue entonces cuando, según el testimonio ofrecido este lunes, comenzaron a llegar amenazas que no solo eran constantes, sino que sugerían una voluntad del acusado de desplazarse físicamente hasta la ciudad. «Tenía mucho miedo y preocupación por tener que estar alerta todo el rato», expuso para añadir que a su expareja «lo veía capaz» de llevar adelante sus amenazas.

No solo le llegaron a ella, sino que el acusado también se hizo con el número del progenitor de la víctima para continuar enviando audios agresivos. «Al principio no sabía ni quien era, porque yo no lo había conocido, pero ella me lo contó porque las amenazas eran constantes», dijo él en la Sala, donde explicó que la acompañó a presentar la denuncia y que los policías «extrajeron toda la conversación de mi teléfono, donde se ve que yo no le contesté ni una vez».

También recibió una imagen de un billete de tren con origen en Vitoria —donde residía el acusado— y destino Ourense, pese a que sobre la mujer le constaba una orden de alejamiento abierta en este proceso. Los agentes se personaron en la estación para esclarecer si el billete existía y descubrieron que no era así. Asimismo, uno de los policías contactó personalmente con el acusado, quien le aseguró que se encontraba en el País Vasco y le mandó su ubicación en tiempo real «En jerga juvenil, me dijo que se había ido la olla, pero no llegó a venir», certificó este agente que reconoció la voz del acusado en los audios «sin género de duda».

Por su parte, él negó haber enviado los mensajes o los audios. Si bien reconoció que el número desde el que se emitieron muchos de ellos era suyo, alegó que algunas capturas «podrían estar manipuladas» y en relación con los audios con amenazas reproducidas en sala, afirmó «no me reconozco», tanto a preguntas de Fiscalía como de la acusación particular.

Así las cosas, la sesión de este lunes fue suspendida porque no pudo comparecer el agente encargado de la extracción de datos de los teléfonos; la defensa cuestionó el procedimiento técnico de esa prueba. El tribunal ha citado al agente para el lunes 20 de octubre, cuando está previsto concluir la vista con los informes finales, en los que Fiscalía solicita un año de prisión por un delito continuado de amenazas, con la alternativa de 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad, además de 30 días de localización permanente por un delito leve de injurias. También la prohibición de acercarse a la víctima durante seis años.