Juicios suspendidos y servicios mínimos en Ourense en el día 1 de la huelga de jueces y fiscales

El seguimiento del primero de los tres días de la huelga de jueces y fiscales llegó al 75% a nivel nacional, según los datos de las asociaciones profesionales que respaldan esta iniciativa de protesta contra el proyecto de ley del Gobierno para modificar el acceso a las carreras judicial y fiscal, y la reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal. En el ámbito provincial se produjo un impacto en la actividad programada para el martes 1 de julio. Los dos juzgados de lo Penal aplazaron 8 juicios y tampoco celebrarán otras 25 vistas previstas para el miércoles y el jueves, jornadas de huelga.

Mientras que los tres juzgados de lo Social que tenían juicios señalados celebraron todas las sesiones —la afluencia en la planta baja, en la que se ubican las salas de vistas de estos órganos, recordaba a la de un día normal—, en otras jurisdicciones sí se notó el paro de los jueces y fiscales. En Instancia 6, la sede especializada en Familia, se desarrollaron dos de los seis juicios convocados, porque correspondían a materias inaplazables, relativas a la patria potestad de menores de edad. En otros ámbitos de Primera Instancia y en el Contencioso también hubo magistrados en huelga.

En la Fiscalía, cuatro profesionales ejercieron su derecho a huelga cumpliendo con los servicios mínimos, en asuntos de violencia de género, menores y comparecencias de detenidos en el turno de guardia, cuya magistrada en funciones también trabajó. El decano, Leonardo Álvarez, titular de Instrucción 1, solo celebró un juicio tras su turno de guardia: un caso en el que el perjudicado pidió una orden de alejamiento.

«La instrucción no puede caer en manos de una Fiscalía con una dependencia absoluta del poder ejecutivo»

El magistrado Esteban Basalo, integrante del comité de huelga, expresa los motivos de esta acción. «La suma de las distintas reformas supone un atentado directo contra la independencia judicial y una auténtica patada al Estado de Derecho». Los jueces que secundan el paro están en contra de la estabilización de jueces y fiscales sustitutos, porque consideran que vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad. Rechazan el propósito del Gobierno de crear un centro público de oposiciones y alertan de que la reforma del estatuto de la Fiscalía otorga poderes «casi absolutos» al fiscal general del Estado, en detrimento del Consejo Fiscal, el contrapeso. «La instrucción no puede caer en manos de una Fiscalía con una dependencia absoluta del poder ejecutivo».