Denuncia contra Jácome antes Fiscalía por supuesta prevaricación y malversación

La Asociación de Vecinos O Cimborrio del casco histórico de Ourense ha presentado una doble denuncia ante Fiscalía, en la que está implicado como denunciado el alcalde. Uno de los escritos va destinado directamente contra el regidor, Gonzalo Pérez Jácome, al que solicitan se investigue, por la comisión de un supuesto «delito de prevaricación y malversación de caudales públicos», relacionado con la falta de fiscalización del dinero que ingresa —un mínimo de 15.000 euros por cada contrato— por la concesión demanial de suelo público, para que particulares, instalen barras de bar en las fiestas de la ciudad y de los barrios. Ese acuerdo no ha sido informado por Intervención, indican, ni se ingresa supuestamente en el presupuesto del Concello, sino que se paga «·en especies» para lo que decida el propio Concello indican en el escrito ante Fiscalía.

Denuncias por inacción en el tema ruidos

En el segundo escrito presentado por Fiscalía por esta misma asociación vecinal O Cimborrio que encabeza desde hace años la lucha contra el ruido en la zona histórica, denuncian a Concello de Ourense, responsables políticos (lo que incluye al alcalde) y a responsables administrativos de esa administración loca. En este caso la denuncia es «por inacción administrativa continuada en el control del cumplimiento de la normativa acústica (Ordenanza 2002). Por «omisión del deber de vigilancia, inspección y sanción ante evidencias reiteradas de incumplimientos graves por parte de los locales de s de ocio», así como por «permisividad» en la gestión de licencias, como reapertura irregular de local inactivo, no caducidad de licenciasinactivas antiguas» y «vulneración de derechos fundamentales, alega O Cimborrio en el escrito a Fiscalía.

Por lo que respecta a la denuncia presentada directamente contra Jácome, por el otorgamiento de esas autorizaciones demaniales en la calle para instalar barras de bar durante diversas fiestas como –Entroido 2025, Fiestas de O Couto, y Fiestas de Ourense 2025, con un canon mínimo de 15.000 euros, los denunciantes indican que en una Xunta de Goberno Local se acordó que «ese canon se abonará en especise, mediante el correspondiente abono total o parcial a favor de la empresa que indice que el Concello».

Pero ese acuerdo que decidió que el canon que pague el adjudicatario de la barra de bar callejera, no entra al Concello sino que es el Gobierno local el que decide a qué otra atracción festiva se lo abona, se hizo sin presencia del interventor, advierte O Cimborrio ensu denuncia, «como el mismo interventor advierte», por lo que que «ese expediente no ha sido fiscalizado y a pesar de ello se aprueba por unanimidad de los asistentes».

Consideran que «de este modo se produce una ocultación de ingresos y una omisión de fiscalización previa en gastos públicos, pese a resultar preceptiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, según el cual, el ejercicio de la función interventora comprenderá la fiscalización previa de los actos que reconozcan derechos de contenido económico, autoricen o aprueben gastos, dispongan o comprometan gastos y acuerden movimientos de fondos y valores».

Alegan además en la denuncia ante Fiscalía , que «se ha infringido el principio de presupuesto bruto, contemplado en el artículo 165.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por el que “Los derechos liquidados y las obligaciones reconocidas se aplicarán a los presupuestos por su importe íntegro, quedando prohibido atender obligaciones mediante minoración de los derechos a liquidar o ya ingresados, salvo que la ley lo autorice de modo expreso» por lo que piden al fiscal que investigue.