La incendiaria que cercó Verín en 2022 se libra de volver a la cárcel

El 3 y 4 agosto de 2022, E. R. P. desató el caos en Verín con fuego. Una sucesión de focos de incendio sembró el pánico y puso en peligro vidas y propiedades. Las llamas arrasaron casi mil hectáreas y destrozaron construcciones, vehículos, cierres, fincas, árboles, viñedos, colmenas y herramientas. Hubo que desalojar viviendas y una gasolinera y fue necesario cortar la autovía A-52 y la nacional N-525. Aunque nadie llegó a verla prender fuego, los investigadores concluyeron que la encausada, que trabajaba en el Concello de Verín, provocó los incendios empleando un automóvil para desplazarse. Desató múltiples focos de inicio, cerca de casas, naves, construcciones agrícolas, carreteras, una gasolinera y hasta el hospital.

En enero de este año, la incendiaria, de 53 años y sin antecedentes penales, se conformó con 3 años de prisión —se enfrentaba a una petición inicial de 6 años—, y con una multa de 1.080 euros por un delito continuado de incendio forestal. Un informe psiquiátrico acreditó que tenía su entendimiento afectado por su alcoholismo. Se le aplicó una eximente incompleta. Cometió el delito por su adicción, hizo constar la sentencia. La Fiscalía y la defensa pactaron una condena de conformidad que, finalmente, no conllevará que la acusada tenga que volver a prisión.

Estuvo encarcelada como medida cautelar entre septiembre de 2022 y diciembre de 2023. En una resolución de hace unos días, la Audiencia Provincial de Ourense concede a E. la suspensión de la condena de 3 años de prisión, que también se hace extensible a la de 9 meses de privación de libertad derivada del impago de la pena de multa.

La condenada se ha comprometido a hacer frente a las millonarias indemnizaciones fijadas en la sentencia en la medida de su capacidad económica, con pagos de 200 euros al mes. En mayo fue declarada insolvente. El coste del operativo de extinción y de los daños causados al medio ambiente superaron un importe en conjunto de 1,13 millones de euros. El número de perjudicados ascendió a 59. Una de las escenas más dantescas la sufrió el dueño de una nave de vehículos, donde el fuego arrasó todo. Las llamas también causaron la caída de la línea de telecomunicaciones Verín-A Gudiña.

"El delito ha sido cometido a causa de la dependencia de la autora", concluye la Audiencia Provincial

Los distintos incendios forestales en oleada que causó el 3 de agosto de 2022 arrasaron en conjunto 933,74 hectáreas. La extinción duró una semana. El día siguiente prendió cuatro focos que quemaron poco, 0,0125 hectáreas.

La Audiencia de Ourense considera que en este caso «concurren las condiciones exigidas» por el Código Penal «para poder acordar la suspensión de la pena privativa de libertad impuesta a la condenada, por cuanto la pena no es superior al límite legal, el delito ha sido cometido a causa de la dependencia de la autora a sustancias tóxicas o estupefacientes, estando dicha penada en tratamiento de deshabituación, según se asevera por centro debidamente homologado a estos efectos», dice la Audiencia.

«Si bien no se han satisfecho las responsabilidades civiles derivadas del delito (...) es lo cierto que la condenada ha asumido el compromiso de hacer frente a las mismas (...) de acuerdo con su capacidad económica y dada su situación de insolvencia, por lo que se cumple la última de las condiciones exigidas en el artículo 80.2 del Código Penal para la suspensión de la ejecución de la pena», dice la sala.

La decisión cuenta con el informe a favor de la Fiscalía. El plazo se aplica desde la fecha del auto, el 2 de junio. Hay requisitos ineludibles para que el beneficio no se revoque. E. no puede volver a delinquir antes de junio de 2028, o la suspensión se cancelará si resulta condenada tras esa hipotética nueva infracción y además se pone de manifiesto que ya no procede mantener el beneficio. La incendiaria de Verín deberá continuar con el tratamiento de deshabituación del alcohol hasta que finalice el plan. No podrá abandonarlo antes de manera definitiva.

La Audiencia aclara que los servicios de gestión de penas y medidas alternativas deberán informar de cómo se produce el seguimiento de dicho programa, al menos cada tres meses y siempre que se produzca alguna incidencia —especialmente si lo abandonase—, y también cuando el tratamiento haya terminado. Además, será preciso acreditar que se ha alcanzado la deshabituación.

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