La crisis de la vivienda en Ourense: habitaciones a 300 euros al mes, apartamentos a más de 500 y un «sesgo racial» con los migrantes

El artículo 47 de la Constitución establece el derecho «a disfrutar de una vivienda digna y adecuada». La meta, esencial para el plan de vida, es una difícil conquista para muchas personas por la subida de los precios de compra y alquiler, y requisitos restrictivos en los contratos inmobiliarios que levantan muros casi infranqueables para los más vulnerables. Cuando los inquilinos proceden de otros países se encuentran, en ocasiones, con el racismo, con trabas por el color de su piel o su origen.

En Provivienda, una organización sin ánimo de lucro asentada en Ourense desde 2020 —tiene sedes en Vigo y Monforte— el afán es ayudar a encontrar un hogar a personas en situación de vulnerabilidad y consolidar su proyecto vital. La entidad atiende a más de 200 personas al año con varios programas de intervención. Uno de ellos se dirige a los solicitantes de asilo. Reciben acogida, asesoramiento y apoyo para facilitar su integración sociolaboral.

En Ourense hay 50 plazas en nueve viviendas compartidas —seis en la ciudad y tres en Ribadavia—, y la ONG dispone de 51 en Monforte y 76 en el área de Vigo. En cinco años, el número de plazas en Ourense ha crecido de 35 a 50, en un periodo con crisis humanitarias como la guerra de Ucrania y las llegadas de migrantes en embarcaciones precarias a Canarias (10.882 desde el 1 de enero hasta el 15 de mayo de este año).

Personas que han huido de la violencia, la pobreza o conflictos bélicos, procedentes de países como Afganistán, Ucrania, Venezuela, Colombia, Senegal o Mali, han participado en los últimos años en la fase de acogida. La estancia en las viviendas que facilita la ONG tiene una duración máxima de 18 meses —es posible una prórroga de 6 meses en los casos de una especial vulnerabilidad—, aunque la estancia es más corta si la persona ve denegada la solicitud de asilo.

«O principal problema chega cando as personas saen do programa e a busca de piso é autónoma, porque as dificultades no acceso á vivenda son cada vez maiores», explica Iago Prado, responsable en Galicia del programa de protección internacional de Provivienda.

En Ourense, la ONG cuenta con 15 profesionales y, en la labor de apoyo a las personas solicitantes de asilo, intervienen educadoras, trabajadoras sociales, una abogada, una psicóloga, un técnico de vivienda, otro especializado en empleo, así como una profesora de castellano, además del personal del área administrativa. Hacen labores de acompañamiento y mediación, ofrecen una atención a las necesidades emocionales de estas personas en su duro proceso en un nuevo país, dan asesoramiento sobre los recursos disponibles y gestionan ayudas e información sobre extranjería y otros trámites.

La vivienda es imprescindible para poder acceder al sistema y disponer de empadronamiento, tarjeta sanitaria, derecho a ayudas públicas e incluso a una cita con los servicios sociales. «Cada día recibimos chamadas de persoas en dificultades», asegura Prado. «O mercado de habitacións aumentou, pero a prezos elevados e abusivos, con exemplos de máis de 300 euros na cidade. O custe duplicouse entre 2020 e 2025», expone.

«Estanse a pedir prezos moi altos por habitacións que, ás veces, non cumpren as mínimas condicións de habitabilidade: con humidades, sen armarios, en vivendas coas zonas comúns vellas ou descoidadas. E hai apartamentos pequenos, cunha única estancia a excepción do baño, que non atopas por menos de 500 ou 550 euros nunhas mínimas condicións de habitabilidade», enlaza la trabajadora social Pilar Nogueiras. Ella coordina el programa ‘Fogares’, una iniciativa que ayuda a mujeres con hijos que, aun teniendo trabajo, no consiguen dónde vivir por el precio de los alquileres y los duros requisitos del sector inmobiliario.

«Había unha persoa cun traballo a xornada completa e un contrato de dous anos de antigüidade que non conseguía alugueiro para ela e os seus dous fillos. Ás veces os problemas de conciliación no coidado dos fillos por falta de rede de apoio dificultan o acceso a traballos mellores que lles dean estabilidade. Con estas realidades nos atopamos todos os días», comparte Nogueiras. En ‘Fogares’ cuentan con un piso de 3 plazas en Ourense.

«Hay requisitos de acceso casi imposibles de lograr, sobre todo para las personas migrantes, como peticiones de una antigüedad de un año con nómina para que te alquilen», critica Agustina López, del programa de protección internacional de la ONG en Ourense.

«Es probable que si yo voy a un piso me lo puedan alquilar aunque no tenga una antigüedad de nóminas de un año. En cambio, es imposible que una persona racionalizada lo consiga», lamenta una de las profesionales de Provivienda

«Os seguros de impagos protexen os propietarios, pero a dinámica habitual é que ese custe ten que asumilo o inquilino. É algo ilóxico, pero hoxe non alugan a ninguén sen el», destaca Iago Prado. «Ademais de que xa non se esixe un mes de fianza, senón dous, tres...», aporta Pilar Nogueiras.

«Hai racismo a nivel empresarial», afirma la trabajadora social, y cita el caso de una pareja. Él tenía una nómina muy alta, pero ni así bastó. «A muller tivo que acudir ao programa ‘Fogares’ e el durmía nun hotel porque non atopaban vivenda. Chamaban e ían ás inmobiliarias e, ao velos ou ao escoitar o seu acento, dicíanlles que non lles alugaban. É triste que en casos nos que hai autonomía teñamos que ir nós detrás», lamenta Nogueiras.

«Hay un sesgo racial», ratifica Agustina. «Es probable que si yo voy a un piso me lo puedan alquilar aunque no tenga una antigüedad de nóminas de un año. En cambio, es imposible que una persona racionalizada lo consiga».

En esos escenarios incomprensibles, la labor de mediación de Provivienda es clave, porque ofrece garantías a los propietarios. «La vivienda es el derecho inevitable y no poder acceder a ella corta el plan de vida y las posibilidades de continuar», reflexiona López.

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