3 magistrados con la meta de la presidencia

El próximo presidente o presidenta de la Audiencia Provincial de Ourense saldrá de una terna de magistrados. Ana María del Carmen Blanco Arce, Leonardo Álvarez Pérez y Luis Doval Pérez expusieron, ante la comisión de calificación del Consejo General del Poder Judicial, sus méritos profesionales, su visión sobre la situación actual de la justicia en Ourense y las líneas principales de su programa. El pleno del Consejo designará quién de los tres ejerce la presidencia. Los nombramientos requieren mayoría cualificada: tres quintos de los votos de los 21 miembros del pleno del órgano rector de los jueces (20 vocales y el presidente). Blanco, Álvarez y Doval necesitan al menos 13 apoyos.

Hay puntos de sus programas en los que coinciden. Son unánimes en la necesidad de reforzar la jurisdicción civil, por la carga de trabajo de los juzgados de Primera Instancia de la ciudad, cuyos efectos se trasladan a la sección civil de la Audiencia Provincial, el tribunal que analiza los recursos. Entre las seis sedes de Primera Instancia de Ourense destaca la situación complicada del juzgado de Familia pese al refuerzo. Además de resolver divorcios contenciosos y medidas sobre la custodia y el régimen de visitas de los menores, Familia aborda los internamientos en los geriátricos, una materia diaria en Ourense, que es uno de los territorios más envejecidos de Europa, con 7.000 plazas en residencias distribuidas por toda la provincia.

Ana María del Carmen Blanco Arce (1961) cuenta con un alto escalafón: el 340 de 4.970 magistrados en activo, tras ingresar en la carrera en 1987. Lleva 21 años como magistrada en la Audiencia Provincial. Desde 2008 preside la sección penal. Si resulta elegida —en 2020 ya optó al cargo, pero el nombramiento recayó en Antonio Piña, ahora en la Audiencia Nacional— será la primera mujer al frente de la Audiencia de Ourense.

Los candidatos a presidir la Audiencia de Ourense proponen reforzar los juzgados civiles, mejorar la seguridad y garantizar espacios íntimos para las víctimas

Leonardo Álvarez Pérez (1970), magistrado titular de Instrucción 1 de la ciudad desde hace más de 15 años, cuenta con una trayectoria de una década como juez decano de Ourense, un periodo en el que ha gestionado situaciones difíciles, como la mudanza de la mayoría de los juzgados al nuevo edificio, las huelgas de funcionarios, letrados judiciales y abogados de oficio, así como la adopción de medidas de seguridad y limpieza en los peores momentos de la pandemia. En su época de decano logró mejoras como la digitalización y la dotación de videoconferencia en todas las salas de vistas de la ciudad, la creación de espacios reservados para reforzar la intimidad de las víctimas y la implantación en Ourense de la primera sala ‘Gesell’ de España, un lugar reservado y seguro para que los menores o personas vulnerables declaren una sola vez.

Con la misma experiencia en la carrera judicial —casi 22 años—, Luis Doval Pérez (1974) ha ejercido en distintos juzgados unipersonales de civil y penal de la provincia de Ourense —fue titular de Primera Instancia 5 y de Instrucción 2—, y ahora trabaja en un órgano colegiado, en la Audiencia Provincial de Lugo. Además, Doval es uno de los siete representantes electos de la Sala de Gobierno del TSXG.

Los candidatos responden al mismo cuestionario para FARO. Uno de los tres será presidente.

1. La deficiencia que urge solucionar es la saturación de los juzgados de Primera Instancia y especialmente la que presenta el juzgado de Familia. El incremento de los asuntos pendientes ha alcanzado cifras récord en los últimos años, por lo que es esencial dotar, al menos a la sección de familia, de un magistrado o magistrada más, una medida que ya ha sido tomada en consideración por el TSXG.

2. La situación más crítica se encuentra en el partido judicial de Ourense, especialmente en los juzgados de Primera Instancia, en materia civil, mercantil y de Familia, debido a la sobrecarga de trabajo, a lo que se une la falta de personal. Cabe destacar también la saturación en partidos judiciales más pequeños como Ribadavia o Verín, donde posiblemente la falta de personal sea más acuciante. En concreto, en este último partido se han puesto de manifiesto problemas relacionados con la acumulación de expedientes judiciales, así como la falta de archivos adecuados.

3. El día 3 de enero de 2025 se publicó en el BOE la Ley Orgánica 1 /2025, que introduce un nuevo modelo organizativo del servicio público de justicia, desapareciendo la actual organización judicial basado en el tradicional juzgado unipersonal, dando paso al modelo de los tribunales de instancia como sistema de organización colegiada, manteniendo las competencias de los órganos de enjuiciamiento unipersonales. Sin duda es un gran reto, si bien considero que la nueva estructura permitirá una distribución más equitativa de la carga de trabajo, estableciendo mecanismos de flexibilización para la corrección de posibles disfunciones que puedan surgir.

4. El presidente o presidenta de una Audiencia Provincial tiene solo funciones organizativas, administrativas y de representación, no obstante y partiendo de ese contexto no ejecutivo, estimo prioritarios la comunicación y el contacto con todos los titulares de los órganos judiciales de la provincia para profundizar en los problemas que les afectan y hacer llegar los mismos a la Sala de Gobierno del TSXG, como miembro nato, procurando mejorar la coordinación entre los juzgados y la Audiencia Provincial. Además, tratar de actuar coordinadamente con el decano para la identificación de los cuellos de botella o disfunciones estructurales y buscar soluciones conjuntamente. Y finalmente, impulsar reuniones periódicas con magistrados, magistradas y letrados y letradas de la administración de justicia para, en la medida de lo posible, establecer protocolos de actuación.

5. Llevar 21 años en la Audiencia Provincial y 17 como presidenta de la Sección Penal, lo que me permite ser conocedora de la problemática que presenta, al tiempo que he tenido el placer de trabajar con los presidentes que han ocupado antes el cargo, y por ello sé qué tipo de presidencia quiero desarrollar.

6. La justicia no puede ser ajena a la sociedad a la que sirve, y la presidencia es la cara visible de la Audiencia Provincial. Por ello parece adecuada una comunicación clara, tanto con la ciudadanía a través de los medios de comunicación, como con los profesionales de la justicia, asegurando una presencia pública institucional que inspire confianza y que trasmita solvencia técnica, bien a través de entrevistas, participación en foros jurídicos o actividades similares.

1. El principal problema con el que nos enfrentamos es la sobrecarga de trabajo que afecta a los juzgados de Primera Instancia, y en especial al juzgado de Primera Instancia Número 6, de Familia. Es imprescindible la creación de un nuevo juzgado en esta jurisdicción. Debe lograrse que la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Ourense tenga cinco magistrados en plantilla y, mientras no se consiga ese objetivo, mantener el refuerzo asignado.

2. En cuanto a personal, deben ajustarse las plantillas de los juzgados de Primera Instancia de la capital ourensana a la composición de las plantillas de los juzgados de Primera Instancia de todas las provincias gallegas. También debería aumentarse la plantilla de los juzgados de Instrucción y que pasen a disponer de dos auxilios judiciales. En cuanto a necesidades materiales, todos los edificios judiciales de la provincia deberían tener más de una sala de vistas. También es necesario que en todas las salas de vistas los jueces dispongan de un ordenador y de un visor que permita acceder al expediente digital sin problemas. Además, hay que mejorar la seguridad de todos los edificios judiciales. No pueden faltar ni cámaras de videovigilancia de alta resolución ni arcos de seguridad, y es necesario que exista seguridad durante el servicio de guardia.

3. Es difícil aventurarlo en estos momentos pero, con la colaboración de todos los operadores jurídicos, la transición hacia la nueva oficina judicial se hará de forma adecuada y permitirá mejorar la eficacia y el rendimiento de los juzgados ourensanos. El principal problema lo van a plantear fundamentalmente los juzgados de Instrucción por el servicio de guardia y la determinación de funcionarios que deben quedar adscritos a dichos órganos. Y estamos a la espera de la creación de un juzgado de violencia.

4. No se trata de aplicar medidas de forma inmediata, puesto que las competencias del presidente de una Audiencia Provincial son muy limitadas. Se trata simplemente de ponerse a trabajar desde el minuto cero para luchar por la mejora de la administración de justicia ourensana, aunque la primera prioridad va a ser velar por que la implantación de la nueva oficina judicial se haga de forma correcta y ajustada a la ley. Me gustaría retomar cuanto antes el proyecto iniciado por el anterior presidente, Antonio Piña, en relación a los 50 años de la Audiencia Provincial, así como buscar una primera reunión con todos los jueces y magistrados de la provincia.

5. Fundamentalmente, haber desempeñado el cargo de decano de los juzgados de Ourense durante diez años, que me ha permitido afrontar situaciones realmente complejas como el traslado de edificio judicial, la pandemia y tres huelgas con importante seguimiento. Además, he adquirido experiencia en todo lo relativo a las relaciones institucionales y, en especial, en las relaciones con las administraciones públicas y con los operadores jurídicos.

6. El presidente de la Audiencia Provincial debe ser una persona accesible, comprometida con la justicia y un buen comunicador. También debe ser conocedor de la realidad social y económica de la sociedad ourensana, porque la justicia no puede entenderse al margen de dicha realidad. Además, debe estar presente en todos los actos institucionales que requieran la presencia del Poder Judicial, al objeto de ser capaz de transmitir todas y cada una de las necesidades que en cada momento pueda presentar la administración de justicia de la provincia.

1. Atajar la situación de pendencia de los juzgados de Primera Instancia y Familia constituye la necesidad más acuciante en la actualidad.

2. El partido judicial de Ourense, por su dimensión y mayor carga de trabajo, es el que plantea más disfunciones. Específicamente, es necesario que se dote de mayores medios personales y materiales al Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

3. La adaptación a la nueva configuración que suponen la oficina judicial y los tribunales de instancia debe ser progresiva y dependerá, en buena, medida del grado de implementación y de los medios materiales y personales con los que se dote a las secciones. El hecho de que Ourense sea una provincia con pocos órganos judiciales y con una plantilla en general estable de funcionarios, magistrados y jueces debería facilitar la adaptación al nuevo escenario de organización.

4. Establecer un conocimiento previo de la situación a través de un calendario de reuniones con los magistrados de las dos secciones de la Audiencia Provincial de Ourense así como con las juntas de jueces es el paso previo a cualquier decisión concreta sobre cuestiones de reparto, medidas de apoyo o medios materiales.

5. Creo que mi mayor aval radica en el conocimiento transversal de las necesidades y el funcionamiento de las distintas jurisdicciones e instancias judiciales de la provincia, por mi trayectoria profesional, al haber pasado por juzgados mixtos, de Primera Instancia, de Instrucción, familia, por la Audiencia Provincial de Lugo así como la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

6. El presidente de la Audiencia Provincial asume la representación institucional y la voz del colectivo judicial de la provincia ante las distintas instituciones, por lo que resulta ineludible una labor de relación con los representantes de tales instituciones, así como de comunicación pública y de relación con los medios de comunicación, que debe ser debidamente encauzada a través de la oficina de prensa del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En este sentido, la proyección institucional del anterior presidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña, resulta un referente a seguir.

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