Dos años por estafar con «un engaño prolongado» a un matrimonio al que ofreció pisos a bajo precio en Mallorca

La Audiencia Provincial de Ourense impone 2 años de prisión y una multa de 1.440 al dueño de un concesionario de coches del polígono de San Cibrao das Viñas, que después dio el salto al sector inmobiliario, por estafar 100.000 euros a un matrimonio, tras comenzar la relación ofreciendo dos furgonetas y asegurar, después, que intermediaba en la venta de inmuebles embargados y que podrían obtener a precios bajos en Mallorca. La sala, que impone al encausado el pago de una indemnización por el importe del fraude, considera «evidente» que el sospechoso, «desde el momento inicial tenía la intención de no asumir la contraprestación a la que se obligó, faltando a la verdad, reiteradamente, para mantener a las víctimas en un engaño prolongado a través del tiempo».

Las versiones de los perjudicados están corroboradas por las pruebas documentales: las transferencias que realizaron al estafador entre 2022 y 2023. La relación por mensajes era constante, diaria. El encausado, indican los magistrados en la sentencia, no llegó a dar una explicación «satisfactoria» sobre sus sucesivos incumplimientos. Ni devolvió el dinero ni les consiguió los bienes prometidos: varios inmuebles y también vehículos. La pareja confió porque, tras hacer algunas comprobaciones, se fiaron del perfil empresarial que tenía.

En el juicio, el encausado alegó que trataba de «ganar tiempo para poder conseguir el dinero y salir de la situación en la que me había metido». Su defensa es que él mismo había sido víctima de un engaño, primero por parte de un socio en el negocio de los vehículos. Después, cuando ya operaba como intermediario en la compra de pisos, según él los destinatarios del dinero que antes le habían remitido a él los perjudicados «me empezaron a dar largas. Cuando me di cuenta de que me estaban haciendo la cama estaba metido hasta el cuello»

La Audiencia asume que «algunas de las ofertas realizadas por el acusado pudieran resultar un tanto fantasiosas», como la de un piso en el paseo marítimo de Palma por 50.000 euros, pero los jueces descartan que las víctimas omitieran las normas más elementales de cuidado. «Lo cierto es que las dudas o reticencias de la pareja eran salvadas mediante la remisión de fotografías y vídeos». El tribunal afirma que no se puede exigir que los perjudicados comprobasen con carácter previo si las subastas a las que aludía el acusado existían en verdad. Cabe recurso de apelación al TSXG.

Suscríbete para seguir leyendo